Fabricio Santapaola recibió la pena más baja por su imprudencia al no controlar los elementos que estaban a su resguardo en Tribunales.
Fabricio Santapaola denunció en un detallado informe elevado al Superior Tribunal de Justicia que los lugares que tenía a su cargo, del Depósito de Efectos Secuestrados, eran un caos: humedad, desorden y amontonamiento de cajas con elementos de prueba de miles de causas, desde papelitos hasta armas y motos. Ya por 2013 estaban desbordados tanto los espacios físicos como el exfuncionario.
Esa situación fue aprovechada por el experito balístico del STJ Antonio Vitale para robar armas que eran vendidas o alquiladas en el ambiente delictivo. Ayer, cuatro años después del escándalo que sacudió al Poder Judicial, Santapaola fue condenado a una pena de multa por la imprudencia de no controlar debidamente el depósito para evitar que aquel hombre de confianza de jueces y camaristas entrara y se llevara armas y municiones para su desconocido negocio espurio.
El exempleado judicial tenía elementos para defenderse en un juicio oral y público. Por ejemplo, que avisó de la situación de colapso del Depósito, y el jefe de la banda delictiva era superior jerárquico a él, un perito del STJ, autorizado para llevarse armas para sus tareas. No obstante, esa estratgia era muy riesgosa. El hecho de no constatar que iban faltando armas de fuego advierte una negligencia en su función. Y no faltaron dos o tres pistolas: en total se corroboró el robo de 72 armas de distintos tipos y calibres.
De este modo, luego de largas negociaciones entre el defensor de Santapaola, Guillermo Vartorelli, y el fiscal de la causa, Ignacio Aramberry, llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. El exfuncionario judicial acordó la sanción más leve del Código Penal, por el delito de Peculado culposo: pagará una multa de 4.000 pesos, en ocho cuotas de 500.
La audiencia del abreviado se realizó ayer en los Tribunales donde Santapaola trabajó durante muchos años, en la cual se expuso el hecho que le costó el trabajo, por lo que actualmente está desempleado.
El fiscal Aramberry indicó que el legajo tiene 79 puntos de prueba detallados en el escrito que presentaron. Luego, leyó la acusación.
“Se le atribuyó: al menos durante aproximadamente dos años, hasta 5 mayo de 2016, Fabricio Santapaola, como jefe del Depósito de Efectos Secuestrados, dio ocasión a que Antonio Daniel María Vitale, en condición de perito del STJ especializado en balística, sustrajera armas de fuego que se hallaban a resguardo de ambos y almacenada en los sectores con que aquella sección contaba para tales fines. Así como en el Gabinete Pericial Balístico ubicado en el subsuelo del edificio de Tribunales, lugares a los que Vitale estaba facultado a ingresar en función de que participaba de las operaciones destinadas a la destrucción de armas de fuego. Así, omitiendo tomar los recaudos necesarios para resguardar las armas, Santapaola posibilitó que Vitale, en complicidad con Mauro Maximiliano Bertoni, también agente del Poder Judicial, sustrajera al menos 72 armas de fuego, algunas de ellas destinadas a la destrucción y otras que eran objetos probatorios de causas penales, las cuales fueron ilegalmente comercializadas a través de Eduardo Borgogno y Mario López Alonso”.
El fiscal explicó que la multa consensuada es una interpretación analógica, ya que no se puede establecer un aforo de las armas robadas.
El defensor Vartorelli dijo que “es un proceso que ha sido muy largo y complejo”, y que “ha quedado claro en la acusación que se trata de un hecho imprudente, donde no hay ninguna atribución respecto de Santapaola de haber tenido intención en el hecho”.
“Podemos decir que es una solución justa que pone fin a este derrotero. Se ha optado por la solución más beneficiosa para el imputado”, concluyó Vartorelli.
Luego, Santapaola, interrogado por el juez de Garantías Mauricio Mayer, dijo: “Luego de pensarlo varios días, creo que fue lo mejor. Es así. Reconozco todo lo plasmado”.
Finalmente, luego de un cuarto intermedio de 15 minutos, Mayer se refirió al acuerdo y se explayó en la nota que Santapaola dirigió al STJ en aquel momento. “Es una situación de desorden que usted describe -le dijo al imputado-. El punto es que, aun así, sus deberes no pueden ser eximidos. Porque esta cuestión le atañaba directamente a su cargo. Tenía que haber antes puesto a consideración de sus superiores esta situación. Y en todo caso dentro de este desorden se le acusa a usted de que no pudo ponerlo a tiempo en orden o cuidado, que era el que correspondía a su cargo”.
“Si nos remitimos por su conducta descuidada tendríamos que deteminar cuál era el deber de cuidado que debía respetar. Sin que lo justifque a usted, estos informes dan cuenta de una situación espiritual suya, que estaba desbordado. En una situación muy caótica, con escasos recursos, creo que usted consideraba que estaba justificado, y ahí es donde opera la norma legal. No hay ninguna permisión”, concluyó Mayer, que homologó el acuerdo y condenó a Santapaola.
DE UN LUGAR A OTRO
Un arma era secuestrada por la Policía en la calle o en cualquier procedimiento. El Juzgado la secuestraba, a veces se peritaban, y se guardaban en el Depósito de Tribunales. Allí quedaban hasta que era pedida para alguna instancia del proceso, o bien enviada a destrucción. Pero se iban amontonando de tal forma que el perito balístico del Poder Judicial Antonio Vitale entraba, se las llevaba y las vendía o alquilaba.
Con el tiempo montó una estructura con roles definidos, siendo él el jefe de la banda. Su mano derecha era el empleado del Cuerpo Médico Forense, Maximiliano Bertoni, quien se las llevaba a Eduardo Borgogno y Mario López Alonso, que las comercializaban en el hampa.
A inicios de 2016, un arma secuestrada en la calle y su posterior pericia advirtió que algo raro ocurría: en el registro aparecía como secuestrada dos veces. Se demostró, incluso, que armas robadas y vendidas fueron utilizadas en balaceras y asesinatos.
La investigación de la División Robos y Hurtos, y el trabajo científico de la División Scopometría (Criminalística) conformó una causa con pruebas contundentes contra todos los implicados.
Primero, Bertoni, Borgogno y López Alonso confesaron y acordaron penas condicionales en un juicio abreviado. Después, en el juicio contra Vitale, fueron testigos de cargo. El experito balístico del STJ y excomisario de la Policía de Entre Ríos fue condenado a 12 años de prisión efectiva, que cumple en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
Los fiscales del juicio lo definieron como “un hecho de corrupción, pero no estructural”, dentro del sistema judicial.
FUENTE: Diario Uno
