El Fiscal de Estado de Entre Ríos, se refirió al modo con el cual Nación decretó medidas que la provincia y varias de sus pares, considera inconstitucionales. En su visita a Al Día Entre Ríos TV, Rodríguez Signes explicó los procedimientos que el gobierno entrerriano llevó adelante.
DE LA REDACCIÓN DE AL DÍA ENTRE RÍOS
La provincia de Entre Ríos participó de manera efectiva días atrás, con la presentación de la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por dos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, los cuales afectan los fondos coparticipables.
Para hablar justamente de este reclamo del gobierno provincial, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, visitó los estudios de Al Día Entre Ríos TV, donde comentó los recursos interpuestos ante la CSJN.
En primera medida, Rodríguez Signes explicó las temáticas que se están interponiendo. “Estamos hablando de la coparticipación, es decir de los recursos y tributos, el dinero que necesita Entre Ríos para funcionar y prestar los servicios de educación, salud, seguridad, obras, todo. En ese aspecto es fundamental porque el 75% de los ingresos del gobierno provincial vienen de la coparticipación, y está alimentada por distintos impuestos entre ellos el más importante que es el IVA, y el segundo es el impuesto a las ganancias, los cuales fueron alterados por el gobierno nacional a través de mecanismos prohibidos (decretos)”.
Asimismo, el Fiscal de Estado explicó cómo funciona la coparticipación para las provincias argentinas. “El sistema de coparticipación se rige por la Constitución Nacional, por Leyes convenios a las cuales se arriba por el mecanismo de pactos fiscales. Este mismo gobierno (nacional) celebró dos importantes pactos en 2016 y 2017, pero ahora a último momento y de manera unilateral, se alteró el mecanismo, modificando el impuesto a las ganancias y al valor agregado y con eso se afectaron los presupuestos en vigencia en todas las provincias”.
DESDE ENTRE RÍOS. En este sentido, el funcionario provincial explicó el proceder por parte del gobierno entrerriano. “Con mucha responsabilidad, porque el gobernador (Gustavo Bordet) planteó primero un emplazamiento político al gobierno nacional para que modificara el criterio que por decreto hacemos las cosas, y luego ya cuando no fue escuchado interpuso la demanda ante la Corte Suprema de la Nación”.
Para Rodríguez Signes, la Nación sabe muy bien el incumplimiento debido en su accionar. “El Gobierno Nacional sabe perfectamente de la manera que actuó, y saben que estos movimientos jurídicos realizados son inconstitucionales. Pero esta es la realidad que vive un país que después de las elecciones de las PASO está sufriendo momentos muy críticos”.
Claro que estas medidas traen perjuicios a las provincias, entre ellas Entre Ríos. “Si hay algo que es muy sensible es el cumplimiento con una de las principales obligaciones que tiene la provincia que es remunerar a sus empleados, ya hemos pasado épocas en las que el empleo público sufrió, caso del 2001, 2002, entonces el gobernador en este caso trata de cumplir y eso siempre lo midió en términos de salarios, aguinaldos, ahora si se mide en términos de educación, de medicamentos, la provisión de seguridad, también impacta fuertemente esta pérdida de 1600 millones”, aseveró el Fiscal de Estado.
Si bien Entre Ríos presentó su nota, Rodríguez Signes explicó qué pasa con las provincias que lo hagan y aquellas que no. “Los juicios tienen efectos para las partes que lo plantean. Es decir, provincia que lo plantea y gana, es provincia que tiene derecho a recibir lo que sea la compensación. Ahora quien no lo plantee, no tiene derechos”.
LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA. Atentos a lo que pueda suceder, Rodríguez Signes aspira a que sea una resolución rápida, aunque tiene muy en claro que no depende de la provincia de Entre Ríos. “Aspiro a que la medida que se tome sea lo más pronto posible, pero todo queda en manos de la Corte Suprema y de sus tiempos. Es decisión de ese tribunal, nosotros planteamos la cautelar, pero en los próximos días seguramente lo sabremos. Lo que si no podíamos esperar era la presentación de la demanda, porque si no pasaba lo que hablábamos anteriormente, las provincias que no presentaban nada, se quedaban sin nada, y por eso la decisión del Gobernador fue muy responsable”, concluyó.
