Dentro del Gobierno de Entre Ríos evalúan la posibilidad aumentar aportes de activos y pasivos para sanear la «situación desesperante» del déficit previsional.
El déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se encuentra en una «situación desesperante», motivo por el cual en el Gobierno provincial evalúan diferentes políticas para comenzar a sanear las cuentas, cuya problemática se agravó en los últimos años. Las medidas impactarían en el universo de activos y pasivos.
Según SE supo, se trataría de un «pacto previsional» entre todos los sectores -gremios, federación de jubilados, municipios, legisladores, Poder Judicial, entre otros-, que permita afrontar el grave e histórico problema de la Caja, cuyo déficit mensual alcanza actualmente los 19.000 millones de pesos mensuales. De seguir así, advierten que «en dos años será inviable».
Las medidas comenzaron internamente en el organismo previsional con auditorías y, ahora, buscarían también atender un salvamento para el sistema previsional. El diagnóstico más preocupante es la relación de 1,82 aportantes por cada pasivo, con una tendencia que se agrava cuando se proyecta en el tiempo. La ecuación óptima para el sistema solidario sería de 4 por 1.
Independientemente de las posibles medidas, por orden del gobernador Rogelio Frigerio hay tres puntos que no se tocarán dentro del paquete que incluiría un eventual «pacto previsional»: se sostendrá el 82% móvil, la Caja seguirá siendo provincial y no se modificarán las edades jubilatorias.
Posibles medidas para sanear la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos
Por un lado, el Gobierno de Entre Ríos ya avanzó en el frente judicial al demandar en abril al Gobierno nacional por la deuda de Anses que asciende a unos 154.000 millones. Este tema, que se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conllevaría sanear un cuarto del déficit previsional.
Por otro lado, como fuente de recursos, se baraja la posibilidad de fijar un descuento para aquellos pasivos comprendidos dentro de los Regímenes Especiales hasta tanto alcancen la edad de la jubilación ordinaria común. La alícuota del aporte podría ser de 1% por cada año hasta cumplir los 62 años los varones y los 57 años las mujeres. Esto estaría amparado en el inciso “d” del artículo 12 de la Ley 8.732. En total, habría 16.000 jubilados en esta condición, sobre un total de 64.000.
Otra de las medidas evaluadas vendría por el lado de los activos, con un mayor aporte jubilatorio, amparado también en la misma Ley 8.732, artículo 12 inciso “h”. El planteo sería poder firmar convenios específicos con los escalafones que permitan reducir el déficit. En la actualidad la alícuota es del 16% y se buscaría aumentar los aportes personales y patronales, aún sin precisiones.
Desde el Gobierno se saben que hay marcadas desigualdades salariales y la Caja debe hacer frente a pagos de 98 escalafones diferentes, de los cuales 84 tienen paritarias sectoriales con otro tipo de aumentos respecto de los 14 escalafones que dependen del Gobierno central. El caso más emblemático es el de los sueldos judiciales que van enganchados a los incrementos nacionales. Los acuerdos sectoriales serían claves para evitar aumentos de jubilaciones desacoplados de la realidad provincial.
