Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto por el cual se repudió el acto organizado por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, según se informó. “Esta ofensiva antipopular, que ya viene cuestionando fuertemente los derechos laborales, a la seguridad social, al ambiente sano, a la educación y la salud, solo puede catalogarse como primitiva e incivilizada”.
El proyecto ingresó este lunes, es impulsado por el diputado Néstor Loggio (PJ) y manifiesta su repudio “al acto organizado por la candidata a vicepresidenta por el Frente La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña”, donde se cuestionaron “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y se reivindicó la teoría de los dos demonios, relativizando el genocidio perpetrado por los usurpadores del Estado argentino desde 1976 a 1983 y promoviendo, mediante ese negacionismo histórico, una actitud antidemocrática y violenta”.
En los fundamentos de la iniciativa -a la que accedió esta Agencia-, el legislador destacó que “sin lugar a dudas la política pública argentina más reconocida en el mundo entero es la concreción de los juicios a los genocidas de la Dictadura Militar, el reconocimiento efectivo a las víctimas del terrorismo de Estado y la férrea defensa de los Derechos Humanos”.
“En un país con poca tradición en acuerdos sociales, políticos o económicos, donde aún se debate fuertemente el rol del Estado en sus funciones de asignación de bienes públicos, redistribuidor de riquezas y estabilizador de la economía, ese consenso en los valores democráticos y la defensa irrestricta de los DDHH constituyó un hito esencial para la convivencia y la comunidad nacional”.
“Por ello, su puesta en cuestión por parte grupos minoritarios radicalizados dispara una alerta que no se debe subestimar”, advirtió.
“Poner en cuestión esa historia significa nada más ni nada menos que otra nueva estrategia para devaluar o eliminar derechos de los ciudadanos, los derechos a la vida, la identidad, la integridad, la expresión, la circulación, el reclamo, la defensa. Esta ofensiva antipopular, que ya viene cuestionando fuertemente los derechos laborales, a la seguridad social, al ambiente sano, a la educación y la salud, completa con esta negación una propuesta de gobierno que solo puede catalogarse como primitiva e incivilizada”.
“El movimiento y la política de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país no se agota solamente en la defensa de los DDHH ante el accionar del terrorismo de Estado. Tiene, y no puede ser de otra manera, proyección sobre el resto de la concepción de derechos que se proyecta y da sustento a la política social, económica e institucional. Sobre esa concepción de derechos se asienta la comprensión y convencimiento de que el Estado debe cuidar a sus ciudadanos, y debe cuidar más aún a los que menos tienen, generando condiciones para la igualdad de oportunidades, a través de una fuerte provisión de garantías y bienes públicos, como educación, salud y protección social”.
“Es por ello que este repudio no trata solamente de una discusión sobre la historia del país, ni apunta solamente a la preocupación por las causas de los delitos de Lesa Humanidad de la Dictadura Cívico-Militar. Este repudio pretende alertar sobre el ataque a la idea de comunidad, de convivencia, de integración nacional y de derechos humanos, económicos, sociales y políticos que pretende ser puesta en cuestión con este tipo de provocaciones”.
