El fiscal del Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candioti, habló de las expectativas ante la definición de la causa Waigel que juzga el vaciamiento fraudulento de la empresa crespense.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Candioti afirmó que “la expectativa de Fiscalía es que se dicte una sentencia condenatoria porque durante el juicio oral y público que se realizó durante más de tres meses –que fue complicado, con muchos hechos, con muchas argumentaciones en los alegatos y por ende con una resolución difícil- confiamos en la prueba reunida”.
Respecto de dicha prueba, afirmó que “a nuestro criterio, determina la existencia de un ilícito muy grave, declarado por el síndico de la quiebra que fue muy claro al decir todas las maniobras disvaliosas que se realizaron y que condujeron a la quiebra fraudulenta; también declaró el contador Pintos que fue parte de la empresa Miguel Waigel y fue muy claro al decir cómo se habían utilizado testaferros y las empresas fueron vaciadas”.
“Creemos que el cúmulo de pruebas reunidas en el debate es importante y la que se había producido con anterioridad y por eso es que el juez federal Leandro Ríos los proceso por el delito de quiebra fraudulenta e insolvencia fraudulenta y por eso también la Cámara Federal de Paraná confirmó el procesamiento”, resumió.
Recordó que el inicio de la investigación “por quiebra fraudulenta la efectuó el juez (Elvio) Garzón a raíz de la denuncia de la Municipalidad de Crespo, que advirtió que se estaban desprendiendo de innumerables bienes y remitió la información al Juzgado Civil donde se tramitaba el concurso”. Agregó que “a la par, la AFIP había hecho una denuncia en la Justicia Federal por el delito de insolvencia fraudulenta, y posteriormente a pedido de uno de los defensores se acumularon las causas” con lo cual remarcó que “antes del juicio oral y público hubo un montón de operadores judiciales que determinaron que estos delitos, prima facie, se habían cometido”.
Mencionó asimismo que “hubo infinidad de mails aportados como prueba, que claramente mencionaban que había testaferros, es decir que la maniobra está clara, está acreditada y esperamos que se dicte una sentencia condenatoria”.
En tanto, resaltó que “se hizo mucho hincapié en los acreedores, en los pobladores de Crespo que se vieron perjudicados por esta maniobra por eso es que se pidió prácticamente el máximo de la pena que se podía pedir, que es de seis años, e hicimos hincapié en el prejuicio a todos los ahorristas de Crespo que durante años vieron frustradas sus acreencias”. “Hubo quien falleció durante el concurso producto de toda la angustia que le generaron los hechos, cosa que no se puede dejar de merituar, por el daño provocado; eran más de 1.000 acreedores lo que muestra que la población de Crespo sufrió un perjuicio”, definió.
“Lo que en definitiva tratamos de explicar en los alegatos es que se utilizaron medios ardidosos para lograr el desapoderamiento de la empresas y a su vez esos medios ardidosos fueron idóneos para provocar la insolvencia y la quiebra fraudulenta y esto trajo como consecuencia que se frustró el cumplimiento de las obligaciones con el fisco nacional y además se perjudicó a los acreedores. Esa es la conclusión, que hubo un conjunto de actos coordinados, realizados con la finalidad de disminuir los activos de la empresa, y esos actos fueron maniobras ilícitas que se probaron”, concluyó.
