En el comienzo de los alegatos de las defensas de los 33 imputados en las causas Avioneta narco y Narcomunicipio, la defensa de Daniel Celis, alias Tavi, pidió su absolución por la primera y que se considere que fue colaborador para meritar la pena en la segunda. Las defensas de Hernán Rivero, María Fernández Orundes Ayala, Patricio Facundo Larrosa y Cristian Silva, pidieron la absolución. Criticaron la “orfandad” de pruebas.
José Velázquez y Leopoldo Cappa, defensores de Daniel Celis, alias Tavi, considerado la “conexidad subjetiva” entre las causas Avioneta narco, por el secuestro de una avioneta con 317 kilos de marihuana el domingo 28 de mayo de 2017 en Colonia Avellaneda, y Narcomunicipio, por el presunto acuerdo para la comercialización de cocaína entre “los últimos días de diciembre de 2017 hasta los primeros días de mayo de 2018”, pidieron este martes que el Tribunal Oral Federal de Paraná lo absuelva por la primera causa y por la segunda considere el “estado de necesidad disculpante”, que lo habría puesto en la situación de vender drogas para sostener a su familia y pagar una deuda por el robo que sufrió en Santa Fe de 15 kilos de cocaína. Así, tras argumentar que Celis no fue organizador del delito de Comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres a más personas, sino coautor, pidieron que se lo pene a seis años de prisión por la segunda causa.
Además de la defensa de Celis, el martes también alegaron las de Patricio Facundo Larrosa y Cristian Silva, defendidos por Augusto Laferriere; de María Fernanda Orundes Ayala y Renzo Bertana, a cargo del defensor público, Alejandro Castelli; y la de Hernán Rivero, en manos de Corina Beisel. Todas pidieron la absolución de sus defendidos, destacando la debilidad de las pruebas con las que Fiscalía acusó a sus defendidos. Castelli solicitó la absolución de Bertana porque en la audiencia del lunes el Ministerio Público Fiscal decidió no mantener la acusación.
“UCRONÍA”
Velázquez apeló a la palabra ucronía, que según la Real Academia Española refiere a la “reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos”, para darle contexto a la investigación que llevó a los acusados ante el Tribunal. Así, sostuvo que Celis llegó a debate con el “rótulo” de “narcotraficante”, por lo que señaló que “todo (lo que lo rodea) está vinculado con el narcotráfico” y preguntó, en relación al proceso, ¿cómo se escapa de eso?”. Tras plantear una categoría nietzscheana, como la que refiere que no existen hechos sino interpretaciones, Velázquez añadió que “subyace el sentido Tavi Celis narco, por eso es importante la perspectiva de cómo se interpreta la investigación. La importancia del enfoque con el que analizamos”.
La defensa se Celis sostuvo que “no encontramos nada” vinculado a un delito con pedir un camión sin GPS para hacer una mudanza, en relación a una escucha en la que le pide a Rivero un camión sin GPS. Señaló que, según los policías de la Policía Federal se hicieron seguimientos y vigilancias y no se encontró nada vinculado con estupefacientes. En el mismo sentido analizaron las escuchas entre Celis y Silva relacionadas con nafta, señalando que “si lo hace Celis es por drogas”. En este sentido, señalaron que “en las charlas habituales se hacen chistes y se pueden malinterpretar”.
Así, explicó una escucha en la que Celis de ríe del proyecto de Ley de Derribo que impulsó la gestión de Mauricio Macri. “Todo el país de rió de esa ley” recordó Velázquez.
LIBRES INTERPRETACIONES
La defensa de Celis destacó que aquel “era una persona conocida, solicitada, nadie lo niega” y contextualizó en que era “un hombre político” el que lo fueran a ver a la cárcel para seguir organizando cuestiones vinculadas con la gestión en el Movimiento Vecinalista del Oeste. En relación a las escuchas, los defensores señalaron que “relacionarlas con drogas es verlo desde el prejuicio que Celis es un narcotraficante, analizadas desde otra perspectiva, no tienen sentido. No se le probó nada, son libres interpretaciones. Esta defensa no ve droga, ve otra cosa”. En este sentido, recordaron una escucha en la que Celis, enojado, dice que quiere que lo investiguen, que no tiene nada que ver con negocios ilegales, preguntando por qué esta escucha “no gravitó en el juicio”, respondiendo que fue “por la carga negativa” que pende sobre Celis.
Los defensores también cuestionaron la acusación sobre la existencia de una organización. Así, señalaron que “con todos los elementos analizados por Fiscalía no se pudo constatar quién otorgó los roles y ordenó las responsabilidades”. Además, señalaron que “no hay interpretaciones y contextualización racional que lo pueda ubicar a Celis en la organización de la bajada de la avioneta”, proponiendo que en el caso que el Tribunal no le entienda así, se tratarían de actos preparatorios que no constituyen un delito.
SIN PRUEBAS
El defensor público pidió la absolución de culpa y cargo de Orundes Ayala por “motivos sencillos: no se le demostró ninguna conducta criminal”. Castelli sostuvo que “no hay absolutamente ninguna prueba concreta. Fiscalía no destruyó el estado de inocencia, no demostró ningún hecho que la haga culpable, ni demostró ningún acto de participación criminal”. En relación a las escuchas, el defensor público cuestionó que “Fiscalía usa y abusa de las conversaciones capturadas por interceptaciones durante la instrucción, dándoles un sentido absolutamente arbitrario”. También cuestionó que “las escuchas no fueron comprobadas”, añadiendo que no son una prueba sino un indicio. Castelli dijo que en la prueba que se produjo en el juicio respecto de su defendida “no existe responsabilidad de mi defendida. Nunca se probó que las escuchas tuvieran un correlato con la realidad”. Finalmente, sostuvo que “todo se reduce a escuchas telefónicas cuya interpretación corresponde a cada parte”.
ABSOLUCIÓN
A su turno, Beisel, por Rivero, cuestionó la “endeblez probatoria” de la investigación y el “enclenque andamiaje de Fiscalía, no solo respecto de Rivero sino de numerosas personas que están en esta causa”. La defensora pidió la absolución lisa y llana de su defendido y la inmediata libertad. Por su parte, Laferriere pidió para Larrosa la absolución y la devolución de los bienes decomisados, en particular una camioneta Saveiro. Subsidiariamente, y en caso de que se considere su participación secundaria, requirió la pena mínima. También el fin de la prisión domiciliaria y la inmediata libertad. En relación a Silva, pidió la absolución, la inmediata libertad y la devolución de los bienes.
FUENTE: El Diario
