Los procecimientos también incluyeron a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Fueron 38 en total. Se investiga una triangulación fraudulenta de una empresa que vende oleínas y ácidos grasos.
La Aduana denunció penalmente a la empresa Ambiental Campana SA por presunto fraude, en los términos del Artículo 863 del Código Aduanero, y pretende aplicar una multa mínima de USD 67 millones. En la causa interviene el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, Secretaría Penal N°3, a cargo de Felipe Scagliotti.
La denuncia de la Dirección General de Aduanas refiere a 119 exportaciones de oleínas y ácidos grasos que habrían sido subfacturadas en más de USD 11,5 millones. Pese a que el valor real de las operaciones asciende a USD 16.765.044, Ambiental Campana las declaró en nuestro país en poco más de USD 5 millones —una subfacturación de casi el 70%.
Las exportaciones apuntadas fueron realizadas entre diciembre de 2022 y mayo 2023 a Chile. Fue mediante un cruce de datos en el INDIRA, el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros del Mercosur, que la Aduana advirtió las diferencias entre lo declarado en la Argentina y en el Servicio Nacional de Aduanas del país trasandino.
En las operaciones intervino como intermediaria una firma radicada en EEUU, con la cual Ambiental Campana declaró no tener vinculación comercial alguna (en los términos del Artículo 742 del Código Aduanero). Sin embargo, no se aprecia un aporte tangible de valor agregado por parte del tercer operador estadounidense que justifique los márgenes de refacturación de las operaciones.
De esa manera, se presume que la verdadera intención de la maniobra practicada por Ambiental Campana SA era ahuecar la base imponible de su operatoria en nuestro país para evadir el pago de tributos internos, además de faltar a la debida liquidación de divisas correspondientes a las exportaciones en cuestión.
En ese marco, el Juez González Charvay ordenó realizar 38 allanamientos en el AMBA y las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Entre los lugares allanados por la Policía Federal Argentina hay estudios de despachantes de aduana, domicilios particulares, plantas, oficinas, locales comerciales y estudios jurídicos contables.
Se secuestraron computadoras, teléfonos, discos rígidos y todo tipo de documentación relacionada con la causa además de, llamativamente, una escopeta y dos revólveres. Uno de éstos carecía de habilitación, por lo cual se dio intervención a la Unidad Fiscal de la ciudad de Gualeguaychú.
