La iniciativa será debatida en el Congreso el próximo martes. El Frente Amplio anticipó que votará en contra dado que puede servir para criminalizar a personas que se vean obligadas a salir a trabajar.
En medio de una profunda crisis sanitaria, el peor momento desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el Senado de Uruguay avanza con una reforma al Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a aquellas personas que incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena.
El proyecto legislativo es impulsado en momentos en que el país gobernado por Lacalle Pou atraviesa un fuerte incremento de casos de Covid-19, que esta semana llegaron a más de 160.000 con casi 2.000 muertos. Mientras que en los últimos 14 días el país tuvo un promedio de 50 muertes diarias, con un pico de 79 muertos el jueves pasado. La ocupación total de camas de terapia intensiva actualmente alcanza el 73 por ciento, con un 54 por ciento ocupado por pacientes con covid-19.
La iniciativa, aprobada en comisiones y que será debatida en el recinto el próximo martes, justifica la pena máxima «cuando el hecho se suscitare declarada una emergencia sanitaria».
«El que mediante violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión», reza el texto de la norma que tiene fuertes chances de ser aprobado.
Uno de los principales impulsores de la medida es el procurador general de la Nación, Jorge Díaz, quien en el inicio de la pandemia planteó la necesidad de modificar el delito de daño contra las medidas sanitarias. El objetivo es transformarlo en «delito de peligro», para habilitar al Poder Judicial a imputar penalmente a todos aquellos que violen la cuarentena, en el marco de la emergencia sanitaria.
El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que asesora al gobierno y se ha vuelto referente para la población, elaboró un documento aconsejando nuevas medidas, varias de las cuales han sido desestimadas por el Ejecutivo. Algunas de las recomendaciones del GACH incluían la suspensión total de ceremonias religiosas y torneos deportivos profesionales, cierre de restaurantes y bares. También propuso mayores restricciones para ingresar al país, que actualmente tiene sus fronteras cerradas pero permite excepciones.
Por su parte, el Frente Amplio ya anticipó que no va a acompañar la medida. El senador Charles Carrera afirmó, en diálogo con Télam, que van a votar en contra de la modificación al delito de violación de las disposiciones sanitarias ya que consideran que «para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social».
Carrera también advirtió que las sugerencias hechas por los diputados de su partido no fueron tomadas en cuenta por el oficialismo. «Si tienen que recurrir a una herramienta penal es porque hubo un fracaso en la libertad responsable. Hay que blindar abril como dijo el GACH, creemos que no se tomaron acciones para que ese blindaje suceda”, sostuvo el senador entrevistado por Radio Universal de Uruguay. “Los problemas de salud no se resuelven con delitos penales”, agregó.
Otro de los planteos que esgrimen desde la oposición es que es un delito difícil de probar y que el artículo reformado puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar.
El año pasado, Uruguay era considerado un caso de éxito por su manejo de la pandemia de coronavirus. En ese momento, el gobierno de Lacalle Pou llegó a considerar declarar al país libre de SARS-CoV-2. Pero la actual crisis sanitaria plantea otro escenario al que la administración de Lacalle Pou responde con el avance del plan de vacunación -con el 29 por ciento de la población total vacunada- aunque los científicos le insisten en que la inoculación por si sola no detendrá la escalada de contagios en el corto plazo.
