El fiscal de Estado Adjunto explicó cómo serán las actuaciones sobre los bienes apuntados por la Justicia luego de que el fallo quedara firme.
Juan Pablo Aguilera y el exgobernador Sergio Urribarri atraviesan una nueva secuela producto de la ejecución de la condena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. Hace poco más de una semana se encuentran en prisión junto al exministro Pedro Báez, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazara los últimos recursos defensivos y de ese modo confirmara la condena dictada en abril de 2022 por un tribunal local.
Ahora, en el marco de la ejecución se ordenó el decomiso de los bienes que permanecían inmovilizados. Se trata de los inmuebles, vehículos y dispositivos tecnológicos que constituyeron la empresa Tep SRL, una de las imprentas que tuvo Juan Pablo Aguilera, contratada en variadas ocasiones por parte del gobierno de Entre Ríos cuando estaba a cargo de Urribarri.
“El juzgado que dictó la sentencia estableció que la Fiscalía de Estado designe a una persona que se va a ocupar de la tarea, que es meramente administrativa. Se materializa en actuaciones, tomando posesión de los inmuebles y vehículos, tratando de ver dónde se podrán almacenar los elementos de computación y luego se definirá cuál será la finalidad de cada uno”, indicó Martín Rettore, fiscal Adjunto de la provincia. Agregó luego que el decomiso será, al menos, sobre dos autos, una moto y dos propiedades.
