El próximo 5 de enero, el exintendente de Seguí, Cristian Treppo, cumplirá 7 años en ascuas con una causa que da vueltas sin sentido en los Tribunales: El caso arrancó en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos ante la sospecha de pago de sobreprecios en una obra de pavimentación. El proyecto tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones.
Un perito, Beltrán Uranga, determinó el sobreprecio, pero ese perito murió en el trámite de la causa. La Fiscalía entiende que ese hecho no puede entorpecer el avance de la causa a juicio, y pidió que en su lugar brinde su testimonio otro perito, Martín Sernau. La defensa de Treppo planteó que la muerte del perito invalidaba la principal prueba de cargo de la Fiscalía y pidió el sobreseimiento de su defendido. También por el hecho de que se había excedido el tiempo de la acusación pública para investigar.
La causa avanzó lento. En junio último la entonces jueza de Garantía Gabriela Garbarino escuchó las razones de la defensa, y oyó los planteos de Fiscalía, pero se tomó seis meses para citar a nueva audiencia para resolver el caso. La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones María Carolina Castagno observó críticamente ese hecho que demoró el trámite de la causa: la primera audiencia se hizo el 6 de junio y la segunda el 5 de diciembre de este año. Garbarino aceptó anular la pueba del perito fallecido pero dispuso que la causa sea elevada a juicio.
Esa decisión fue apelada tanto por Fiscalía como por el defensor Coronel. Este viernes, Castagno rechazó los planteos de la defensa, confirmó que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) deberá poner fecha al juicio oral, y anuló lo resuelto por Garbarino -una funcionaria judicial que ya no es más jueza- en cuanto descartó el informe pericial del perito Uranga. “Transcurrieron seis meses para el dictado de una resolución. Esto no se condice con la celeridad que debe primar”, advirtió la magistrada.
En febrero de 2021 se había realizado la primera parte de la audiencia, en la que los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovanni solicitaron que el caso sea remitido a juicio. Señalaron entonces que tres personas deben ser juzgadas: el exintendente Treppo; la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; y al contador municipal Darío Alexis Monzón.
Sin embargo aquella audiencia no avanzó más, ya que el abogado defensor, Germán Coronel, junto a su colega Miguel Ángel Cullen interpusieron un recurso para que la causa pase a la órbita de la Justicia Federal, puesto que había fondos nacionales comprometidos.
El incidente tardó en resolverse más de dos años, y luego de varios rechazos, la audiencia se retomó este martes por la tarde ante la jueza de Garantías de Paraná Gabriela Garbarino.
La audiencia comenzó con la alocución del abogado Coronel -defensor de Treppo, Zapata y Monzón-, quien introdujo los nuevos incidentes a resolver antes de que se defina si el caso debe ir a juicio o no.
En primer lugar, solicitó el archivo y el sobreseimiento de sus defendidos por la insubsistencia de la facultad de la Fiscalía para continuar la causa. Señaló que no se cumplió con el juzgamiento en plazo razonable y que Fiscalía no pidió prorroga de la investigación cada tres meses, como lo prevé el Código Procesal Penal (CPP).
“Esta causa se inició el 5 de enero de 2017 por una denuncia por el supuesto delito de peculado, por hechos que habían sucedido en 2015. Hace más de seis años que se inició la causa y ahora la Fiscalía pide la elevación a juicio. La caducidad planteada viene de la legislación procesal del artículo 223 del Código Procesal Penal. Pido la insubsistencia de la potestad fiscal para investigar y, en consecuencia, de elevar esta causa a juicio solicitando el archivo y sobreseimiento conforme lo establece el artículo 397, inciso sexto, conforme lo señaló la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia en la causa Cozzi. Es de aplicación estos artículos en virtud del cual ha pasado el tiempo suficiente y la fiscalía no pidió prorroga ni suspensión de plazo a los fines de interrumpir la caducidad del procedimiento”, introdujo el letrado, según registró Entre Ríos Ahora.
Posición de la Fiscalía
A su tiempo, los fiscales Badano y Bongiovani solicitaron la elevación de la causa a juicio y se rechacen de plano los nuevos planteos defensivos.
“Entendemos que en este caso no se verifican los presupuestos del artículo 223 ni tampoco del criterio sentado por el Superior Tribunal en el antecedente Cozzi”, dijo Badano, y explicó que el tiempo transcurrido en la causa no se debió a una mala conducta fiscal, sino a diferentes planteos defensivos introducidos en los últimos años.
En ese sentido, sostuvo que los planteos debieron hacerse en la instancia previa a la remisión a juicio y que ese es el criterio remarcado por el vocal Daniel Carubia en una causa contra el exgobernador Sergio Urribarri. “Este planteo recién se hace en audiencia de remisión a juicio, es decir , precluyó la etapa para realizar el planteo. Caducó la oportunidad”, afirmó.
Luego enumeró todo lo sucedido en los últimos seis años, los diferentes recursos presentados por la defensa entre 2018 y 2022 que demoraron el trámite: “El mayor plazo de la causa no transcurrió durante la investigación que comenzó en 2017, ya que se solicitó la remisión en 2018. Sino que fue a raíz de los diferentes planteos de la defensa”.
“Lo que vemos hasta acá son planteos válidos de la defensa, pero que no puede achacarse a las autoridades judiciales el plazo transcurrido. Coartar la actividad de la fiscalía implicaría una responsabilidad internacional por parte de Argentina, que suscribió compromisos internacionales para combatir la corrupción”, subrayó.
Por su parte, Bongiovani pidió se incorpore para el juicio al testigo Martín Sernau, ingeniero que podría dar cuenta sobre las presuntas irregularidades en la obra de pavimento; y que se acepte la lectura del informe pericial del fallecido Uranga, como así también una entrevista videograbada que mantuvo en vida durante la investigación.
“El fallecimiento de uno de los testigos no deja a la acusación pública sin causa”, remarcó y agregó que los imputados pudieron confrontar con la evidencia de la pericia durante la investigación penal preparatoria. Destacó que otros Códigos Procesales, como el de Córdoba, Santa Fe y Corrientes, prevén que en caso de muerte de un testigo, como un perito, sus conclusiones puedan ser leídas en el debate oral y público.
En ese sentido, solicitó que “se incorpore por lectura el informe pericial y la entrevista que se mantuvo con Uranga el 23 de agosto de 2019 a las 8 de la mañana”.
Finalmente, planteó que el testigo Sernau es fundamental en el juicio. “Es una persona de la misma profesión del fallecido Uranga, con conocimiento especializado sobre la obra vial en general, y que claramente tiene cosas para decir porque su informe sirvió de motor a la denuncia original de los concejales sobre la posibilidad de un sobreprecio. No encuentro que el testigo pueda afectar garantía del imputado”, aseguró.
Tras oír a las partes, la jueza Garbarino abrió un cuarto intermedio para analizar las posturas. En caso de una resolución desfavorable, el abogado Coronel adelantó que recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, si lo amerita, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Acusación
En el escrito de elevación de la causa a juicio, los acusadores públicos adelantaron que en el eventual juicio pedirán para Treppo 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, para Monzón y Zapata solicitará 4 años y 6 meses de prisión.
Fuente: Entre Ríos Ahora
