El oficialismo impulsará que los jubilados y pensionados recibirán dos veces por año un aumento. Dicho ajuste se establecerá por la variación de los salarios y la recaudación. El nuevo esquema regiría desde 2021.
Economía informó que la fórmula que se propone es «sustancialmente la misma a la sancionada en el 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el 2015».
Asimismo, señaló que «se espera que la fórmula, que deberá comenzar a regir en el 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes, gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSES».
Economía consideró que «una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos».
Economía dijo que «incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal».
Consideró que la nueva fórmula de movilidad permitirá «reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios».
«Lo importante es lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema, en el marco de una trayectoria fiscal que permita ganar espacio de política para ir generando más y mejores políticas redistributivas», indicó.
La nueva fórmula fija un tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de ANSES (multiplicado por 1,03).
«Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019)», se indicó.
Propone volver a hacer ajustes semestrales «con un rezago mínimo, para disminuir la volatilidad y reducir la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019».
Plantea ajustar el componente de salarios por el RIPTE, que se trata de un «índice transparente que no ha sido objetado judicial ni políticamente. Se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas».
En cambio, sostiene que las mediciones del INDEC (que son muy útiles a otros efectos porque captan la evolución de los salarios del sector informal) «se basan en encuestas que incluyen trabajo informal».
Se indicó que con la nueva Ley de Movilidad «buscamos el consenso entre todas las fuerzas políticas».
La reglamentación e implementación de esta ley recaerá en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y en la ANSES.
