La reforma laboral que prepara el gobierno nacional por DNU y luego ley aumentaría el período de prueba y quitaría indemnizaciones y multas por trabajo en negro.
Dentro de 48 o 72 horas, estiman en la Casa Rosada, se conocerá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar con desregulaciones en la economía e incluirá la reforma laboral a la que apostará el gobierno de Javier Milei.
El paquete laboral fue elaborado originalmente por los expertos de La Libertad Avanza y luego fue revisado por el flamante secretario de Trabajo, Omar Yasín, hasta pasar a manos de Federico Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos, quien pilotea una amplia revisión de normas para “modernizar” la economía.
En el capítulo laboral, el DNU incluiría, entre otras transformaciones:
– la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado
– la habilitación para crear un sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, que será voluntario y deberá negociarse en los convenios colectivos
– la extensión del período de prueba de los trabajadores, que pasaría de tres a ocho meses
– la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% y se excluirán de la base de cálculo rubros como sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales
– la incorporación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, con la idea de «ayudar» a que emprendedores o monotributistas puedan contratar personal con aportes a la seguridad social y ART.
– la regulación del derecho de huelga mediante la incorporación de la educación y el transporte entre los servicios esenciales, con el mantenimiento del 50% de la actividad normal
– los bloqueos sindicales como causal de despido para desalentar las protestas extorsivas que cortan el acceso a las fábricas o impiden la entrada de los trabajadores.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que en la reforma laboral de los libertarios no hay modificaciones en la Ley de Asociaciones Sindicales: por ejemplo no se impulsa ninguna limitación de los mandatos sindicales.
Todavía no está clara la limitación proyectada en la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo: se mantendría ese principio para las condiciones de trabajo pactadas entre empresarios y sindicalistas, aunque hay dudas sobre las cuotas solidarias, que son aportes extraordinarios a los gremios por parte de afiliados y no afiliados que son incluidos en los convenios, generalizados desde los años 90 para compensar la desafiliación.
La mayoría de estas decisiones generarán el rechazo de los sindicalistas, de la misma forma que otras ideas que trascendieron como parte del DNU que será presentado en las próximas horas. ¿El Gobierno sostendrá a rajatabla todo este paquete laboral o negociará algunas de esas iniciativas para conseguir el aval político y sindical a las propuestas que más le interesan?
Es lo que se instalará cuando el DNU tome estado público. Hay medidas que ya se impulsaron en el menemismo o en el gobierno de Cambiemos, pero que quedaron neutralizadas ante la fuerte oposición gremial.
