La Municipalidad de Paraná ha tomado desde hace tiempo medidas importantes. A las actuaciones en la costa oeste de Paraná se suman intimaciones en la zona del Thompson, Costanera y Anacleto. Y seguirán en el Parque Varisco.
Las usurpaciones en terrenos de la amplia franja costera paranaense, y también la ocupación de espacios públicos, es un problema crónico y desatendido históricamente en la ciudad. Esas situaciones de hecho avanzan al punto de que resultan luego imposible de ser subsanadas o regresar a su estado original. En Paraná han proliferado a la vera del río Paraná, como también de los arroyos o de las vías del ferrocarril, más usualmente.
En las últimas semanas, el gobierno municipal desplegó operativos en distintos sectores con el propósito de defender los terrenos públicos. Marcando la presencia del Estado, hubo visitas, solicitudes de documentación y finalmente intimaciones.
“Transformamos una Dirección de Suelo de la Municipalidad, en una Unidad de Control de Inmuebles Municipales. No creamos otra estructura, le dimos a la misma área un lineamiento distinto, que permita poder hacer un relevamiento coordinado con Escribanía y Catastro municipal sobre todos los inmuebles que el municipio tiene, y sobre las tierras fiscales”, dijo a UNO el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa.
Bajo esa estrategia, se conocieron las intimaciones realizadas en una zona de Bajada Grande. Se labraron más de 40 actas al detectarse usurpaciones y loteos irregulares, que además son puestos a la venta.
Se trata de la franja costera que se extiende desde los miradores de Bajada Grande hasta la cloaca máxima. Se trata de unas 162 hectáreas pertenecientes a la Municipalidad, fruto de un comodato otorgado por la Provincia. Esa fracción alargada ubicada barranca abajo pertenecía a la ex-Coceramic, y pasó al Estado provincial hace 10 años al cobrarse una deuda por haber sido garante de un crédito bancario de casi 2 millones de dólares tomado por la fábrica a comienzos de los 90.
“Empezamos a intimar porque se estaban demarcando lotes, violando las normas. Se ofrecían en las redes sociales a 40.000 o 100.000 pesos”, dijo sobre la situación de terrenos emplazados a la vera del río y de los anegadizos.
Ya se pueden apreciar hasta construcciones con pilotes de hormigón, de dos pisos, además de “ranchos de fin de semana”. Se ubican sobre una calle paralela al curso de agua, a unos 200 metros. Además, hubo desmontes y se denunció la presencia de máquinas alisando los terrenos.
“Frente a esa acción masiva de intrusamientos en esa zona, hubo vecinos que advirtieron acerca de la tala de árboles, e incluso se produjeron quemas (Ver recuadro). Nosotros acudimos con la Policía y el cuerpo de inspectores de Control Urbano, para notificar que esas construcciones no están autorizadas por el municipio. Tenían un plazo de cinco días para que presenten papeles de titularidad”, dijo.
La acción de presencia del Estado tendrá su continuidad con la delimitación de las distintas propiedades y la inscripción dominial, específicamente relevadas, registradas y georreferenciadas.
Por ello, Testa informó que ha mantenido reuniones y contactos con Germán Grané, de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y con autoridades de Catastro para cruzar datos y poder relevar y registrar adecuadamente los loteos, en el marco de esa tarea de ordenamiento.
Esa tarea de control, inspección y ordenamiento de los espacios pertenecientes al patrimonio público había avanzado previamente en otros sectores.
Uno de ellos fue en la zona del Thompson. Allí se procedió a la intimación también de una media docena de usurpaciones sobre lo alto de las barrancas, de cara al río Paraná, antes de ingresar al complejo.
Del mismo modo se actuó en Anacleto Medina sur. Además de la denuncia por el desmantelamiento del Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla), se obró por la ocupación de los terrenos.
La usurpación de terrenos comprendió al predio que ocupa el club Ciclón Sur.
Allí, dijo Testa, se ha establecido una vigilancia permanente en la zona, de modo de evitar estas situaciones.
“La indicación del intendente (Adán Bahl) es defender los espacios y patrimonio de todos”, reafirmó Testa. En ese sentido, mencionó que la tarea tendrá continuidad en el Parque Humberto Varisco.
DESMONTE Y QUEMAS EN LOS HUMEDALES DEL OESTE
La Municipalidad denunció el desmonte y quema en los humedales del oeste a través de una presentación que realizó la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo, ante la Policía Federal. La medida está en concordancia con la preocupación que expresó el intendente, Adán Bahl, ante la Justicia de Santa Fe por los incendios en esa jurisdicción.
En su declaración, Robledo indicó que desde la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática se advirtió que el desmonte ilegal que se está produciendo “afecta los humedales de la zona” y en consecuencia la biodiversidad que albergan.
Además, el área identificada se encuentra en la categoría roja, según la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, es decir “con un alto valor biológico”, donde “no está permitido” el desmonte ni la quema, que, sumados a un escenario de sequía tan grave como el que se está atravesando, el impacto que generan estas acciones es enorme, tanto para el ecosistema como para la salud de la comunidad.
La secretaria de Participación y Gestión Comunitaria resaltó que “durante la pandemia se profundizó el aumento de construcciones habitacionales no permitidas en el lugar”, tal como constan en las actas labradas por la Secretaría de Legal y Administrativa, tras una inspección que se realizó el sábado 22 de agosto, junto a la Policía de Entre Ríos. La funcionaria señaló que ese día se labraron 40 actas relacionadas a la ocupación de tierras, principalmente, donde se identificaron un par de quemas ilegales.
“Es preocupante la degradación del ecosistema que se está dando a nivel regional, lo nos somete a una mayor vulnerabilidad frente al cambio climático y confirma la figura del ecocidio, según los marcos de justicia ambiental”, destacó Robledo.
La presentación policial de la funcionaria fue girada el viernes a la Justicia Federal.
