El juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de Vicentin, habilitó la feria para firmar varias resoluciones, en las que quedaron verificados los créditos de los acreedores del grupo empresario que el 4 de diciembre de 2019 se declaró en “estrés financiero”, tras lo cual se abrió el concurso de acreedores el 10 de febrero de 2020.
Como se explica en los considerandos de las resoluciones que firmó Lorenzini, “para una mejor organización tanto instrumental como sustancial, las resoluciones de verificación de créditos se dividirán en cinco autos resolutorios donde se analizarán los créditos financieros, granarios, de accionistas y sociedades controladas y vinculadas, de bienes y servicios e impositivos”.
En total, fueron admitidos o verificados 1.727 acreedores, de los cuales la gran mayoría (1.290, el 75%) son acreedores granarios: esto es productores, empresas o intermediarios que habían vendido a Vicentin granos que luego eran transformados en aceites, harinas, pellets o biocombustibles (entre otros productos) cuyo principal destino era la exportación, y que nunca cobraron por la materia prima entregada, informó Aire de Santa Fe.
El grupo más acotado de acreedores, pero el que mayor cantidad de dinero reclama, es el de los acreedores financieros: principalmente bancos nacionales y extranjeros, de los cuales el primero en la lista es el Banco de la Nación Argentina, a quien Vicentin le debe casi 300 millones de dólares (US$296.844.422,97) y que fue admitido con Privilegio Especial.
De acuerdo a la Ley N° 24.522 de Concursos y quiebras, los acreedores con privilegios cobran primero en caso de acuerdo, subasta, remate o quiebra. Son contempladas en esta categoría las entidades del Estado y los trabajadores.
En el concurso, el juez Lorenzini determinó solo 10 acreedores con Privilegio Especial o General, entre ellos el Banco Nación (el único acreedor financiero admitido con privilegio especial), la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), la Dirección General de Rentas de Formosa, la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Dirección General de Rentas de Tucumán y las Municipalidades de Avellaneda, Rosario y San Lorenzo (todos ellos acreedores impositivos).
En el caso de los 1.290 acreedores granarios, todos fueron admitidos o verificados como quirografarios: esto es, acreedores simples o comunes, que son los últimos en cobrar en caso de acuerdo, subasta, remate o quiebra, una vez que los acreedores con privilegios han recuperado su parte de la deuda.
El juez Fabián Lorenzini firmó cinco resoluciones en el marco del concurso de Vicentin.
Dólares para unos pocos
Además, los 390 acreedores granarios de Vicentin que reclamaban cobrar su deuda en dólares sufrieron un fuerte revés a partir de la resolución de Lorenzini: el juez pesificó sus acreencias al tipo de cambio oficial de la fecha de presentación del concurso, es decir a $65 el dólar. Actualmente, la divisa norteamericana cotiza a $85,55 y es de prever que la devaluación continúe.
La no pesificación de las deudas era uno de los reclamos más fuertes de los productores agrarios afectados, que incluso motivó una movilización frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, edificio donde tiene sus oficinas el estudio asesor de la sindicatura del concurso (Baravalle y Granados), sindicatura que recomendó al juez del concurso pesificar las deudas comerciales.
Cortesía
El resto de los acreedores granarios había formulado su pedido de verificación de deuda en pesos. “Se ha realizado un especial esfuerzo, a los fines de analizar la posibilidad de admitir la totalidad de las acreencias granarias en Dólares Estadounidenses (al momento de la apertura concursal), conforme fuera peticionado por numerosos acreedores en el momento de sus solicitudes de verificación tempestiva de créditos. Pero hemos encontrado importantes escollos para ello en la propia ley concursal, razón por la cual no ha sido posible admitir su aplicación con la extensión pretendida”, sostiene el juez en los considerandos.
Más adelante en la resolución brinda una serie de explicaciones técnicas por las cuales rechaza el pedido de los productores, entre las que menciona que “la admisión de la totalidad de los créditos granarios en dólares implicaría el reconocimiento de una diferencia de valor, exclusivamente en favor de quienes hubieran entregado granos en detrimento del resto de los acreedores también monetizados en pesos”.
Tampoco cobrarán en dólares los accionistas que reclaman deudas al grupo empresario. Únicamente podrán percibir sus acreencias en moneda extranjera los bancos que le otorgaron créditos a Vicentin en divisa estadounidense:
Banco de la Nación Argentina: US$296.844.422
Banco Industrial S.A: US$2.175.344
Banco Hipotecario S.A.: US$12.410.606,67 (además tiene una acreencia de 2.464.075 en pesos argentinos)
Banco Ciudad de Buenos Aires: US$5.265.416
Banco de Inversión y Comercio Exterior US$5.068.129
Banco de la Provincia de Buenos Aires US$14.379.348 (además tiene una acreencia de 927.101.145 en pesos argentinos)
Fideicomiso Financiero Vicentin Exportaciones VIII: US$50.000.000
Banco Itaú Uruguay S.A.: US$4.085.236
ABN AMRO Bank NV US$10.349.138
Amerra Capital Management LLC: US$31.110.833
Banco Internacional de Costa Rica S.A.: US$3.064.517
Nedherlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkwlings NV (FMO) –Países Bajos–: US$152.175.711
ING Bank NV: US$5.196.941
ING Bank NV – Tokyo Branch (ING): US$73.081.401
Cooperative Rabobank UA: US$23.616.588
Banco Bradesco S.A.: US$12.744.189
Natixis New York Branch: US$10.297.859
International Finance Corporation: US$270.982.937
The Scoular Comany: US$3.224.178
Según se desprende de los anexos de las resoluciones firmadas por Lorenzini, la deuda en dólares de Vicentin con bancos argentinos se ubica en torno a los US$ 331 millones. A los bancos y demás acreedores financieros extranjeros les debe alrededor US$ 600 millones.
1.600 millones de pesos de deuda con AFIP
Vicentin tiene una deuda de más de 1.600 millones de pesos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En el anexo de la resolución sobre acreedores impositivos y fiscales, se confirma que Vicentin tiene una deuda de más de 1.600 millones de pesos con la Administración Federal de Ingresos Públicos, aunque en esta instancia no fue admitida.
“Sobre el particular, los créditos reclamados por AFIP que se encuentran en esta circunstancias y que han sido insinuados por el organismo como CONDICIONALES (no firmes), controvertidos en sede administrativa y con dictamen de no admisibilidad (en tal carácter de CONDICIONALES), por parte de la Sindicatura Concursal, serán postergados en su admisión para el momento procesal concursal pertinente (…) Vale decir que oportunamente y de corresponder, serán admitidos por la vía de la verificación no tempestiva, por los montos resultantes de tales pronunciamientos y con las correspondientes morigeraciones de intereses aplicadas para el resto de la deuda fiscal admitida en esta oportunidad”, sostiene el texto.
Otros acreedores
Hay alrededor de 70 accionistas, en su mayoría residentes en Reconquista y Avellaneda, que reclaman a Vicentin un total de 150 millones de pesos. A eso se suma lo reclamado por RENOVA S.A., que supera los 24 millones de dólares.
También hay 301 acreedores admitidos o verificados en el rubro bienes y servicios, entre los que se destacan:
– Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía S.A.): deuda de 125 millones de pesos.
– Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Vivienda Avellaneda Ltda.: deuda de 16 millones de pesos.
– Oracle Argentina (empresa desarrolladora de softawre): deuda de 35 millones de pesos.
– Cartocor S.A. (empresa fabricante de cajas y empaques): deuda de 29 millones de pesos.
– Maxiconsumo S.A.: deuda de 29 millones de pesos.
– Bolsa de Comercio de Rosario: deuda de 17 millones de pesos.
– Ranstad Argentina S.A. (consultora especializada en búsqueda de personal): deuda de 13 millones de pesos.
– Swiss Medical S.A.: deuda de 3 millones de pesos.
– Bolsa de Comercio de Santa Fe: deuda de 2 millones de pesos.
Plazo para reclamos y aclaratorias
El juez dispuso que quienes deseen formular “pedidos de aclaratoria para enmendar errores formales, rectificar meros cálculos numéricos o cuestiones que por su entidad, puedan ser solucionadas por esta vía tendrán cinco días hábiles judiciales computables a partir del día 1/2/2021 (fecha en que se reinicia la actividad judicial en este fuero civil y comercial), hasta el día 5/2/2021 inclusive”.
Nuevo subinterventor
En una sexta resolución firmada en esta habilitación de feria, el juez Lorenzini designó como subinterventor al abogado Guillermo Nudenberg, cabeza del estudio Raguza Nudenberg, “una firma de servicios legales y contables con oficinas en las ciudades de Buenos Aires y Rosario, Argentina, con fuerte foco en derecho corporativo, M&A, y negocios internacionales”.
Según describe en su perfil de LinkedIn.
