Un fallo que podría producirse en los próximos días definiría la aplicación o no del decreto 2239 emitido el 1 de agosto que regula la aplicación de productos fitosanitarios en torno a las escuelas rurales. En tanto Basta es Basta denunció amenazas en el marco de “una escalada de violencia” e insistió en trabajar en un plan de transición hacia otros modos de producción.
Desde la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, denunciaron una “escalada de violencia” además de “las amenazas y el peligro que corremos quienes integramos la Coordinadora y toda persona que denuncia las pulverizaciones con venenos debido al accionar irresponsable y las mentiras del Fiscal de Estado”.
Las amenazas denunciadas no fueron llevadas al estrado judicial, pero sí hechas públicas mediante un comunicado de prensa y trasmitidas personalmente a la propia ministra de Justicia, es decir a Rosario Romero.
Esta organización, una coordinadora que integra a 25 asambleas que funcionan en el territorio provincial, denunció públicamente que “días pasados, un importante dirigente gremial agropecuario, amenazó a un integrante de nuestra coordinadora, en un lugar público, a los gritos, y frente a testigos que van a atentar con armas de fuego contra nuestras vidas, lo que demuestra la total impunidad de la que goza”.
Aclaró que la decisión de no hacer denuncia penal fue “en pos de no escalar la violencia”, que en cambio, trasmitieron a la funcionaria. “Las acciones violentas no son parte de nuestras prácticas. No responderemos a ellas con más violencia”, trasmitió.
Basta es Basta atribuye esas amenazas “a las mentiras del Fiscal de Estado de nuestra provincia, Julio Rodríguez Signes, quien, en declaraciones periodísticas, negó la vigencia del fallo que prohíbe fumigar con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales, confundiendo a los productores entrerrianos, dando lugar a que sucedan los hechos descriptos”.
Contra el Fiscal de Estado, tal como informaron, han radicado denuncias penales “por incitación al incumplimiento de la Ley, poner en peligro la salud pública y por el abuso escandaloso en el ejercicio de sus funciones públicas”.
María Fernández Benetti relató que el dirigente rural que profirió las amenazas, “dijo como que ellos iban a instar a que los productores estén armados y que a cualquiera que tuviera el tupé de frenar una pulverización, ellos ya iban a saber qué hacer”, lo que entendió puede traducirse en que “lo que no consigan por el trámite del expediente judicial, lo van a lograr en los hechos”. Advirtió que “eso lo dijo ese dirigente, lo que no quiere decir que el resto de los productores lo compartan y esperemos que no sea así”.
LA SITUACIÓN. Con fecha 26 de septiembre, Sala III de la Cámara Segunda de apelaciones en lo Civil y Comercial, dispuso la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19 que el Ejecutivo emitió cuando promediaba el mes de agosto.
“Esa sentencia fue apelada. El fallo -que firma Virgilio Galanti- no está firme, pero el decreto no está vigente porque la sentencia tiene efecto devolutivo, o sea que hasta tanto no resuelva el STJ, donde se encuentra actualmente, no es aplicable el decreto”, precisó Fernández Benetti. En consecuencia, actualmente están vigentes los radios de 1000 y 3000 metros de las escuelas rurales para determinar la zona de prohibición de las fumigaciones terrestres y aéreas.
“Rodríguez Signes es un funcionario público que si bien está defendiendo al Estado, no puede tener la tremenda irresponsabilidad de decir que el decreto está vigente” dijo Fernández Benetti antes de comentar que a partir de esa actitud, “el fin de semana pasado los productores pulverizaron, luego les dijeron que no, que los iban a denunciar, lo que da una inseguridad jurídica a la persona que va a encarar una producción que yo entiendo. Además, relentece todo, es un desgaste social que pagamos todos. Nadie está evaluando toda esta fricción”, cuestionó.
PLAZOS. El miércoles de la semana pasada venció el plazo para que las partes presentaran un memorial en el marco del proceso judicial y luego, se iba a correr vista a los ministerios, por lo que la referente de Basta es Basta estimó que la sentencia en el máximo tribunal podría producirse el próximo fin de semana, de ahí que vaticinó una semana álgida, con movilizaciones en toda la provincia.
Cabe señalar que luego del pronunciamiento del STJ, aún quedará la posibilidad para ambas partes de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Fernández Benetti insistió en que “nos interesa trabajar en la transición del modelo productivo para lo cual hemos alcanzado varios proyectos aunque, nos han cerrado prácticamente todas las puertas”. Remarcó que “la transición la vamos a transitar por lo que instamos a trabajar en eso. De otro modo, es una pérdida de tiempo enorme”, consideró.
Basta es Basta reclama al gobierno “que se haga cargo de una vez, de implementar de manera urgente, un plan de acción para acompañar a los productores alcanzados por el fallo que protege a las escuelas rurales de las fumigaciones, con medidas tributarias, tecnológicas, educativas y legales que permitan transitar el tiempo que les lleve recuperar sus suelos y aprender nuevas formas de producir, sin el uso de agrotóxicos, y con prácticas virtuosas con nuestro territorio y la vida”.
Asegura que esa forma de producción no solo es posible sino necesaria y auguran “desde el respeto y la paz social”, que “sea éste el comienzo de un nuevo tiempo por la vida de todos quienes habitamos este territorio”.
NOTA AL MARGEN
Basta es Basta hizo constar en el expediente que se tramita ante el STJ, conversaciones del director de la Sociedad Rural de Entre Ríos con productores. Reprodujeron que les dijo que “ahora los amparos los decide el plenario del Superior Tribunal y no la Cámara en lo Penal que era la que siempre nos pateaba en contra. La ley para esto se aprobó hace unos días y es muy importante. No creo que prospere con esta modificación”. Acotan que eso sucedió el 15 de agosto en un grupo de Whatsapp. “Este señor aseguró a los productores que con la nueva integración del tribunal ya tenían garantizada una sentencia a favor de la Sociedad Rural”.
FUENTE: El Diario
