El acusado tiene 40 años y es investigado por lavado de activos y defraudaciones por robar la identidad de los 39 titulares de las tarjetas halladas. Fue funcionario municipal y también cumplió tareas en el bloque del radicalismo del HCD.
Transcurrida la audiencia indagatoria al único imputado en el marco de la causa que investiga el funcionamiento de una «cueva financiera» en un departamento de la zona del puerto en la ciudad de Santa Fe, el rompecabezas se sigue armando de parte de la fiscalía, encabezada por el fiscal federal N°2 Walter Rodríguez.
En la audiencia se resolvió que el imputado, Ángel Yamil Benavidez, de 40 años, permanezca detenido privado de su libertad. Benavidez optó por no declarar en la audiencia celebrada en los tribunales del juzgado Federal N°2, donde estuvo representado por su abogado Ignacio Alfonso Garrone.
Quién es el entrerriano detenido
Benavidez es oriundo de la provincia de Entre Ríos, donde militó activamente en la Unión Cívica Radical, actividad que continuó cuando decidió arraigarse en la ciudad de Santa Fe, cuando llegó para estudiar derecho en la Universidad Nacional del Litoral.
«Más que a la Franja Morada estaba vinculada a la Juventud radical», aclaran algunos correligionarios. Según la información a la que pudo acceder Aire de Santa Fe, el hombre de 40 años cumplió funciones en el Concejo de Santa Fe como asistente técnico en el bloque de la UCR hasta principios de 2023 y durante aproximadamente doce meses.
Antes fue funcionario del área de Control de la gestión del exintendente y ahora diputado electo, José Corral.
A través del decreto N° 0018 emitido el 8 de febrero de 2017, Benavidez fue designado como Coordinador Ejecutivo del Programa de Tránsito y Seguridad Vial, cargo que ocupó a partir del 6 de febrero de ese año. El acto administrativo lleva las firmas del exintendente José Corral y de la entonces secretaria de Gobierno, María Martín.
Antes, en agosto del 2016 agosto, fue designado por el Ejecutivo Municipal como Coordinador Ejecutivo del Programa de Actividades, Vía Pública y Transporte, dependiente de la Secretaría de Control.
Otro de los archivos donde aparece Benavidez es de mayo del 2013, donde a través del decreto N° 00814, se autorizó un contrato de locación de servicios por “compras descentralizadas con manejo del sistema de Reforma de Administración Financiera (R.A.F.A.M) y relacionadas a compactación a cargo de la Secretaría de Control municipal”.
El decreto lleva la firma del propio Corral y de la entonces secretaria de Gobierno, hoy concejala y ex precandidata a la intendencia capitalina en las PASO del 16 de julio de este año, Adriana “Chuchi” Molina.
Se sospecha -y por esa razón el fiscal Walter Rodríguez realizaría la requisitoria de información correspondiente a la Municipalidad de Santa Fe y el Concejo local- que Benavidez, antes de ser funcionario de aquella gestión, también recibió contrataciones directas por la prestación de servicios al gobierno municipal. Hasta las primeras horas de este viernes, el pedido no había ingresado formalmente.
Cómo operaba
Nuevos actores entrevistados en el marco de la investigación, dieron cuenta del modus operandi con el que el acusado, que permanecerá detenido, realizaba transacciones a cuentas bancarias a nombre de gente que no tenía la remota idea de que dichas cuentas existían, ni mucho menos que estaban a su nombre. Este accionar delictivo fue realizado desde el año 2020 según las investigaciones en curso.
La clave pasa por lo que fuentes de la fiscalía deslizaron sobre la continuidad de la investigación y el dictamen que se expuso en la audiencia indagatoria. Para dar forma a esto, la fiscalía entrevistó hasta el momento a una «buena» cantidad de las 39 personas que figuraban como titulares de las tarjetas de débito, dando con la coincidencia de que muchas de ellas compartían vínculos de parentesco, publicó Uno Santa Fe.
Lo más llamativo aparece cuando se nombra que en la mayoría de las personas entrevistadas provienen de barrios carenciados de la ciudad de Santa Fe y de otras localidades, de donde en primera instancia el imputado recababa datos de diferentes personas, robandole su identidad mediante la captura fotográfica de su DNI y posterior escaneo.
De esa forma creó las cuentas bancarias a nombre de estas personas que habrían desconocido su accionar según la hipótesis manejada desde fiscalía hasta la actualidad. El alta de estas cuentas fue activado «por tandas» según expuso el fiscal a cargo de la causa. «A las cuentas se accedía a través de nombres de terceros para canalizar vía bancaria un producto y mal utilizarlo, es decir, que se convierta en un producto financiero ya que el detenido fue solo el que las expidió», afirmó Rodríguez.
«De las diligencias que se produjeron este jueves en la entidad crediticia obtuvimos información que da cuenta de movimientos bancarios entre cuentas de considerables sumas de dinero, cuyo flujo corría por el sistema financiero», afirmó Rodríguez en el marco de los allanamientos a tres sucursales del banco Santander, dos en la capital provincial y la restante en Esperanza.
«No estarían al tanto. Estamos hace dos o tres días trabajando porque es un colectivo importante de gente», afirmó en el marco de la indagatoria el fiscal Walter Rodríguez, a la vez que afirmaba que muchos de ellos eran «vecinos o parientes» entre si.
Lo que resta revelarse es el contenido de las anotaciones en el nombrado cuaderno con determinadas cifras, números y direcciones. Sobre esto, Rodríguez se explayó: «No quiero hacer un juicio de valor prematuro porque hay que hacer una interpretación producto de la extracción de datos que se realizó en el día de ayer (jueves), respecto a un aparato telefónico en donde están graficadas las operaciones». El celular que menciona el fiscal pertenecía a la persona detenida.
«La fiscalía continuará revisando documentación y un caudal enorme de información que tenemos. Va a ser un trabajo importante por delante a partir del próximo lunes», concluyó.
El caso
Todo surgió luego de un allanamiento por un conflicto entre un propietario y su inquilino en un lujoso edificio del puerto de Santa Fe que derivó hacia una investigación de la Justicia Federal ya que los policías hallaron una «cueva» financiera, con 45 millones de pesos y moneda extranjera.
En la hipótesis del fiscal federal N°2 Walter Rodríguez se contemplan dos delitos concretos: la utilización de tarjetas de débito con fines defraudatorios y el lavado de activos agravado. La clave pasa por una pista mencionada por la misma fiscalía y que tiene que ver con el hallazgo de cuadernos repletos de nombres, direcciones y cifras de dinero que son materia de investigación.
En el marco de la investigación, y hasta este jueves, se desarrollaron un total de 10 allanamientos a distintos domicilios y entidades bancarias. Siete de ellos se llevaron a cabo el día miércoles 13 de septiembre, entre los que se encuentran el domicilio del acusado ubicado en el country Los Molinos, otros domicilios particulares vinculados a la persona y un local comercial de telefonía celular. En uno de éstos domicilios fueron hallados elementos compatibles con infracciones aduaneras, por lo que se dio conocimiento a las autoridades correspondientes.
El fiscal Rodríguez afirmó que pedirá colaboración a las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Los otros tres fueron ejecutados el pasado jueves, luego de que por orden del fiscal federal N°2 Walter Rodríguez, se procediera a allanar tres sucursales distintas del Banco Santander, entidad que emitió todos los plásticos hallados en la «cueva» del puerto. Dos de las tres sucursales allanadas tienen sede en la ciudad de Santa Fe, la primera de ellas sobre Bv. Gálvez y Belgrano, y la segunda ubicada en la esquina de Peatonal San Martín y Belgrano. La restante entidad allanada es la del Banco Santander de la ciudad de Esperanza.
Fueron secuestrados al menos dos vehículos por disposición del fiscal. «El vínculo es haber sido utilizado como instrumento del delito y de haber sido utilizado como provecho del delito, siendo adquiridos con fondos provenientes de la actividad delictiva», afirmaron desde la fiscalía federal.
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