Los acusados de violar el decreto presidencial superan los miles en todo el país. Sin embargo, no todos van tras las rejas. La diferencia para los sanos y enfermos, la realidad en cárceles y comisarías y la carga para los juzgados federales.
No escuchar o hacerse el tonto tiene sus costos: mientras son el foco de insultos en redes sociales, las personas detenidas o demoradas por las fuerzas de seguridad provinciales y federales se convierten en un número que se multiplica día a día y que no solo pone en riesgo a la salud pública de cara a la chance de contagio y de esparcir la pandemia: también atasca al sistema penal. Los detenidos y demorados son muchos, y son cada vez más.
Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y PSA bajo el Ministerio de Seguridad de la Nación de Sabina Frederic acumularon durante el domingo 678 personas interceptadas a nivel nacional a las que se les iniciarán causas penales principalmente por el artículo 205 del Código Penal, con controles a más de 48 mil vehículos, 189 secuestrados. La Policía de la Ciudad sacó a sus agentes a la calle con megáfonos, sus helicópteros patrullan desde el aire: la fuerza porteña, con el barbijo puesto, lleva desde el viernes 20 de marzo a las cero horas más de 7 mil controles vehiculares y 564 demorados y detenidos, 15 bares y boliches clausurados.
“Nos dan justificativos insólitos”, aseguró el secretario Mauricio D’Alessandro. El flujo de autos y motos baja: el Anillo Digital porteño registró un descenso del 91% y una caída del 96% en el subte con respecto a los días previos a la cuarentena. La provincia de Buenos Aires ya supera los 700 demorados. Santa Fe, por su parte, parece tener el récord de desacatados: 1898 hasta las 8 de la mañana de hoy, confirman fuentes oficiales.
Sin embargo, ¿cuántos de esos 1898 quedaron detrás de una reja? Una fuente en el Gobierno santafesino asegura: “Estrictamente por violar la cuarentena, ninguno. Se los ficha, notifica y se les da domiciliaria”.
El artículo 205 del Código Penal, el principal implementado por el aparato judicial y las fuerzas de seguridad, establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
El artículo 202, que implica una pena más grave, se aplica a imputados infectados, como el joven que abordó el Buquebus a fines de la semana pasada. El chico, de 21 años, se encuentra internado según confirman fuentes judiciales a Infobae, aunque por disposición sanitaria: no está bajo arresto y todavía no fue indagado. Su defensa sostiene que “se enteró en el buque» y que “no tenía síntomas”. Funcionarios cercanos al expediente en la Justicia federal, a cargo de la fiscal Alejandra Mangano y el juez Luis Rodríguez, sostienen que el joven internado podría ser indagado por el artículo 202, que contempla una pena de hasta 15 años.
De vuelta a la ciudad de Buenos Aires, 133 de los 564 quedaron encerrados en una celda. La explicación es simple. No lo hicieron por violar el 205 o el 202 -un delito excarcelable-, sino por otros delitos como resistencia a la autoridad, agredir a efectivos o dañar propiedad policial, portar armas sin carnet o llevar droga encima.
En Ituzaingó, por ejemplo, la Policía Bonaerense arrestó el viernes pasado a cinco hombres, entre ellos dos menores que se negaban a cumplir el aislamiento y en medio de una trifulca hirieron a un agente a piedrazos y rompieron un patrullero. Sus propios vecinos los denunciaron con una llamada al 911, lo que movilizó a un patrullero de la comisaría 4° de la zona a la esquina de Portugal y San Fernando.
Incumplieron el aislamiento, le tiraron piedras a la policía y terminaron detenidos. La redada para detenerlos con personal del GAD terminó en violencia desafiante. Quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, con un expediente de “daños, atentado y resistencia a la autoridad e infracción al artículo 205 del Código Penal”.
El influjo masivo de miles de detenidos en pocas colapsaría el sistema penal más allá de cualquier riesgo sanitario: las comisarías de las provincias ya tienen cerca de 4 mil encerrados con un cupo estimado para 1300. El Servicio Penitenciario Federal, ya de por sí sobrepoblado con más de 15 mil detenidos, no recibió a un solo detenido desde el comienzo de la cuarentena en sus alcaidías de los tribunales de Talcahuano o Comodoro Py o en sus penales, según confirman fuentes: su política interna es de no recibirlos. Un solo infectado sin síntomas podría desatar una crisis gravísima. Mientras tanto, presos de alto perfil en el sistema federal como Luis D’Elía se quejan: “Me condenaron a muerte”.
Luis Rodríguez es el juez federal de turno para las violaciones a los artículos 202 y 205 hasta el 31 de marzo, el último día de cuarentena. La carga que enfrenta para indagar a acusados es notable. El viernes pasado, Rodríguez le envió una carta a los ministros Sabina Frederic y Diego Santilli para hablar de la “honda preocupación” por las más de 200 denuncias que recibió en el primer día por la violación de la cuarententa y rogó por la implementación de medidas más estrictas. Reconoció la “angustia” que vive junto a sus colaboradores frente a un escenario que “jamás” imaginó.
Rodríguez, por su parte, es solo un juez de tantos en el territorio argentino que debe lidiar con este problema.
A los fichados por violar la cuarentena, por otra parte, les queda una posibilidad muy concreta: una acusación en su contra, con un llamado a indagatoria en un futuro no muy lejano, un posible procesamiento y una elevación a juicio.
FUENTE: Infobae
