Este jueves, el Gobierno provincial avanzó hacia la eliminación de las denominadas «jubilaciones de privilegio» para exgobernadores y ex vicegobernadores. El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca poner fin a beneficios considerados anacrónicos y contrarios a los principios de igualdad ante la ley.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, expresó la motivación detrás de la iniciativa al afirmar: «Lo hacemos porque entendemos que los políticos somos servidores públicos, no estamos por encima de nadie, ni un escalón arriba de la gente». Esta declaración refleja la intención del Gobierno de erradicar cualquier percepción de privilegio en el ámbito de las jubilaciones para altos funcionarios.
El proyecto, argumenta que los fundamentos que llevaron a la creación de la Ley 4.506, que establece las pensiones vitalicias para funcionarios provinciales, han perdido relevancia en la actualidad, volviéndola obsoleta. Además, se señala que este régimen especial entra en conflicto con los principios igualitarios que rigen la ética pública contemporánea.
Una de las bases legales para este cambio se encuentra en el artículo 41º de la Constitución Provincial, que prohíbe expresamente otorgar pensiones o jubilaciones mediante leyes especiales. Esta disposición constitucional obliga al Estado a establecer un sistema de jubilaciones y pensiones que respete la proporcionalidad entre los aportes y los beneficios, el tiempo de servicio y la edad de los beneficiarios.
El proyecto de ley propone que los beneficiarios de las jubilaciones bajo la Ley 4.506 deben optar entre suspender el beneficio hasta el final de su gestión o renunciar a cualquier remuneración adicional por sus funciones. En caso de no ejercer esta opción, el beneficio se suspenderá automáticamente, y se exigirá la restitución de los fondos percibidos, junto con los intereses legales correspondientes.
Además, el artículo 5 del proyecto, titulado «Caducidad del Beneficio», establece que aquellos beneficiarios que sean condenados penalmente por delitos específicos perderán definitivamente el derecho al beneficio otorgado.
Este proyecto de ley marca un antes y un después en la búsqueda de transparencia y equidad en las jubilaciones de altos funcionarios, alineándose con los principios de servicio público y responsabilidad ética que el Gobierno provincial busca promover en su gestión. La discusión en la Cámara de Diputados será crucial para determinar el futuro de estas jubilaciones especiales y su alineación con los valores contemporáneos de igualdad y justicia.
