Desde el gobierno provincial dieron a conocer un comunicado para aclarar la situación contractual con el Estado de la persona acusada de abuso sexual.
El Ministerio de Gobierno y Justicia informa que al tomar conocimiento que un empleado público, que cumple funciones administrativas en dependencias del Estado, estaba involucrado en una causa penal de gravedad, inmediatamente la ministra Rosario Romero ordenó iniciar las actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan.
Se indica que dicho empleado, es del escalafón general, categoría 7, no habiendo cumplido nunca funciones de jefatura, ni cargos políticos, ni en este gobierno ni en los anteriores.
Si bien el cargo de planta permanente de dicho empleado, pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, su situación era de adscripción en la Secretaría de Trabajo.
