Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que plantea el cese de la intervención del ente, que está intervenido hace 25 años. También dispone que se incorpore al Directorio a un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores, se indica en el proyecto que se está elevando por parte del diputado Maneiro (UCR). Advierte sobre una incompatibilidad, que la empresa de energía y quien la regula responden a la misma autoridad: a esto se atribuye el elevado costo que el servicio tiene en Entre Ríos.
El proyecto es impulsado por el diputado provincial Julián Maneiro (UCR) y dispone “el cese de la intervención sobre el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), que fue establecido mediante el Decreto Nº 1.127 de fecha 23 de abril de 1996.
El segundo artículo insta a que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, proceda -en un plazo perentorio- a dar cumplimiento al Concurso Público dispuesto para la designación del Directorio del EPRE por medio del Artículo 50 de la Ley Nº 8.916/95, confeccionando las bases y estableciendo criterios objetivos de evaluación.
También propone que se modifique el artículo Nº 50 de dicha norma, que está vinculado al modo en el que se selecciona el Directorio del Ente Provincial Regulador de la Energía (compuesto por tres miembros, de los cuales uno será el presidente, otro vicepresidente y el restante vocal).
El proyecto quedará redactado el siguiente modo: “Dos de los miembros del directorio serán seleccionados por concurso público entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo. El restante de los miembros será designado en forma directa por las asociaciones de usuarios y consumidores que cuenten con el reconocimiento formal y cuya incumbencia sea el control sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios”.
“El mandato de los miembros durará seis años y podrán ser renovados en forma indefinida. Cesarán en sus mandatos en forma escalonada cada dos años. Al designar el primer directorio, el Poder Ejecutivo establecerá la fecha de finalización del mandato del Presidente, vicepresidente y vocal para permitir tal escalonamiento”, se agrega en el articulado.
El proyecto también establece que “los miembros del directorio no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo o indirecto, en empresas reconocidas como actores por el artículo 4º de esta Ley. En el caso del representante de las asociaciones de usuarios y consumidores, además de no haber tenido o tener vinculación con empresas o sociedades sujetas a regulación, no podrá tener filiación política partidaria, ni haber ocupado cargos públicos por un lapso de los diez años anteriores a su designación, así como tampoco antecedentes penales”.
Un organismo intervenido hace 25 años
En los fundamentos se destaca que “el establecimiento de pautas regulatorias para determinados servicios, y la creación de entes que las lleven adelante, responde a la necesidad de controlar eficazmente a las empresas prestadoras de los servicios públicos privatizados, a quienes se concede la explotación de una actividad generalmente proporcionada en condiciones monopólicas”.
“En nuestra provincia la privatización de la Empresa Provincial de la Energía tuvo como parte de este proceso la sanción de la Ley Nº 8.916 por medio de la cual se crean las condiciones de prestación del servicio y se dispone la formación del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), que será conducido por un Directorio designado por concurso abierto de antecedentes, de modo de otorgarle al organismo independencia, autonomía y solvencia técnica para la función encomendada”, recuerda Maneiro.
“Sin embargo, esta definición en la legislación vigente rápidamente fue suspendida por medio del Decreto Nº 1.127/96 que determina la ‘intervención transitoria’ sobre el EPRE y el establecimiento de la designación de los miembros por decisión directa del Poder Ejecutivo de la Provincia, situación lleva un cuarto de siglo y provoca una total desnaturalización del proceso regulatorio”, agrega.
“Han sido importantes los vaivenes provinciales en las políticas públicas que se han experimentado en las últimas décadas en materia de la prestación de los servicios públicos esenciales, como el caso de la distribución de energía, en donde se realizaron acciones de privatización del servicio, luego un virtual abandono por parte de los accionistas de la principal empresa, y una vuelta a la titularidad estatal mayoritaria”, sostiene Maneiro y agrega: “Pero que en todo este período se ha carecido del funcionamiento del Ente Regulador de acuerdo al criterio establecido por la Ley 8916 y la propia Constitución Provincial”.
“Han pasado 25 años desde la creación del Ente Regulador de la Energía de Entre Ríos sin que se haya concretado en este largo lapso las disposiciones de la Ley en materia de la conformación del Directorio”, añade, al tiempo que indica que “la conformación que dispone la Ley 8916 excluye del Directorio del EPRE a representantes de las asociaciones de usuarios y consumidores de los servicios públicos y privados”.
“La normativa vigente -Ley 8.916- no ha sido puesta en práctica en su elemento central, que es la independencia y autarquía del organismo de control, y es previa a la Reforma Constitucional del 2008, por lo que no considera a los usuarios y consumidores organizados como agentes a incorporar en la gestión del Ente Regulador de la Energía de Entre Ríos”.
“Es por ello que consideramos que, además de su cumplimiento y puesta en vigor, es indispensable su reforma incorporando en el Directorio a un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores que existan en la provincia”.
Incompatibilidad: la empresa y quien la regula responden a la misma autoridad
“Es imposible obviar en este análisis y recontó de la situación, el dato que es Entre Ríos la provincia con mayor costo de la tarifa de energía del país, dato que no puede descontextualizarse de la existencia de un Ente Regulador que carece de independencia y autonomía frente al Poder ejecutivo provincial, que a su vez es quien designa al presidente de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) por tratarse esta de una empresa de mayoría accionaria del Estado Provincial entrerriano y que cuenta con el 71% del mercado de distribución de la energía en la provincia”, sostiene el diputado radical en la iniciativa, a la que tuvo acceso esta Agencia.
“Es decir que vemos en esta situación una clara contrariedad y desnaturalización del marco regulatorio, ya que ambos actores -prestadores de servicio público y reguladores- responden a la misma autoridad (el Poder Ejecutivo provincial) perdiendo de ese modo cualquier oportunidad de cumplir la tarea de control y regulación”, agrega.
“A esta situación de incompatibilidad la podemos observar claramente a la hora de definirse un dato central para la economía de la provincia, tanto de los particulares como del sector productivo: el valor de la energía”.
“Así es que ante un pedido de la empresa de aumento en el importe de la misma por parte del funcionario que la dirige, es otro funcionario al frente del EPRE el que tiene que determinar si es factible dicha solicitud de aumento. Siendo el resultado obvio el que tenemos: en Entre Ríos abonamos las tarifas de energía más elevadas de la Argentina”, advierte.
