A través de un documento, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Leonardo Portela, dio a conocer este miércoles a los integrantes de la magistratura la situación económica financiera del Poder Judicial.
“Lamento que nuestra primera comunicación tenga el tenor de la presente, pero quiero que sepan cuanto antes, de manera clara y directa, la dimensión del crítico estado de situación presupuestaria y financiera que atraviesa nuestro Poder Judicial”, advirtió en la introducción del texto.
A continuación, expuso: “A mediados de 2023, los técnicos de la contaduría del Poder Judicial proyectaron el presupuesto anual para el 2024 en casi ciento treinta mil millones de pesos ($129.112.048.320,00). Emplearon, a tal fin, una inflación anual estimada de 120%. Al momento de aprobarse el presupuesto provincial (ley 11.125), el nuestro se fijó en $65.718.311,001; esto es un 50% menos, aproximadamente”.
Y añadió: “Pese a que el Poder Ejecutivo de la Nación informó un índice menor para la elaboración de presupuestos a sus dependencias (67%), y éste suele tomarse por las provincias como referencia, la Legislatura de Entre Ríos aplicó una inflación proyectada del 88% al presupuesto de 2023 para elaborar el de 2024. Finalmente, según el INDEC, la inflación de 2023 fue del 211,40%”.
Y explicó: “Para no agotar, en la actualidad y sin tener en cuenta la inflación de enero 2024 (20,6%), el Poder Judicial de Entre Ríos necesita la suma de pesos trescientos treinta y cinco millones ($335.000.000,00) mensuales para afrontar gastos de funcionamiento y de bienes de uso”, pero advirtió: “De esa cifra recibimos $145.358.416,67 en enero 2024 y $45.000.000,00 en febrero (a la fecha, a una semana de fin de mes)”. Y anexó un cuadro sobre el que destacó que evidencia que “el desfasaje entre lo necesario y lo recibido comenzó antes de que asuma la gestión actual de gobierno. El cálculo se hizo en julio, mes en que la contaduría del Poder Judicial debe elaborar el presupuesto del año siguiente”.
En ese orden, informó que “dentro de las decisiones más importantes que se tomaron para paliar esta situación está la que tomó el STJ por Acuerdo a fines de 2023. Ante la incertidumbre, se resolvió suspender el inicio de obras nuevas; tanto de las adjudicadas como de las que no habían llegado a ese punto. Respecto de las iniciadas, se optó por continuar con las que estaban en un grado de avance importante, casi culminadas, en el entendimiento de que su detención podría ser antieconómica. A fin de ponderar esa circunstancia se tuvo en cuenta el costo del tramo final y las eventuales consecuencias legales. En síntesis; de 46 obras en curso, se continuó con 16. Repito, las nuevas obras, algunas imprescindibles, otras necesarias y otras optativas, se dejaron sin efecto. También hay otros proyectos que se encuentran en estudio para recuperar gastos que son afrontados por este poder del Estado”.
Sobre el final de la nota, Portela destacó: “Hay un diálogo fluido con el señor gobernador y el señor secretario de justicia, y en las charlas que sostuvimos se nos explicó que los fondos requeridos iban a ser transferidos al Poder Judicial a medida que se vayan recibiendo de Nación”.
E instó a ahorrar en algunos gastos: “Como es evidente y quiero señalar enfáticamente, el cuadro de situación es crítico y no permite relajarse en ningún ámbito ni momento. Debemos extremar los gastos y procurar el cobro de cualquier suma que este Poder deba percibir, ya que las tasas actuales de plazo fijo son las que permiten que fondos pertenecientes al Poder Judicial –por tratarse de “rentas afectadas”- solventen, actualmente, los costos de funcionamiento”.
Y cerró: “No me interesa indicar puntualmente gastos, aunque todos sabemos que resulta posible reducirlos significativamente en rubros tales como toner, papel, energía eléctrica, etc. Seamos conscientes de que no siempre es necesario imprimir y que, en ocasiones, olvidamos luces o algún aire acondicionado prendido. Cuidemos de incurrir en gastos fácilmente evitables”.
