En una presentación a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, el colectivo socio ambiental “Basta es Basta” requirió a esta dependencia que brinde un informe sobre el cumplimiento de la Ley de gestión de envases de fitosanitarios.
Solicitan información sobre el grado de avance en el convenio con la empresa Punto Limpio para tratar los bidones descartados. También se pide que cese la comercialización de los agroquímicos hasta tanto se cumpla la legislación que impone corresponsabilidad a la cadena de comercialización en cuanto la disposición final de los recipientes vacíos, según consigna la nota a la que accedió ERA Verde. Hacen a su vez reserva de recurrir a la Justicia.
A través de una presentación ingresada este lunes, representantes del Foro Ecologista Paraná y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental –entidades integrante de Basta es Basta–, pidieron al secretario de Ambiente provincial, Martin Barbieri, que el área cumpla con la Ley 10.634 sancionada en 2018. Con esta normativa la provincia adhirió a la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos De Protección Ambiental Para La Gestión De Los Envases Vacíos De Fitosanitarios”. En la reglamentación de la legislación entrerriana, a través del decreto 427/19, se establece como órgano de aplicación la cartera a cargo de Barbieri y por esto reclaman por una serie de incumplimientos que vienen constatando desde hace un tiempo. Funda el pedido que serie de registros donde se constata cómo estos envases contaminados se desechan (e incluso se incineran) junto con los residuos urbanos.
“Las continuas denuncias públicas y registros fotográficos demuestran el total incumplimiento de las normas de presupuestos mínimos ambientales por parte del sector que comercializa los productos tóxicos usados en la agroindustria; que cuenta con una normativa propia y ajustada al riesgo que los mismos acarrean; por lo que revistan la característica de ‘residuos especiales’, de diferente disposición que los RSU (Residuos Sólidos Urbanos)”, se indicó en el expediente iniciado. Uno de estos casos de referencia es el que fue fotografiado a mediados de octubre en Larroque, departamento Gualeguaychú. En estas imágenes se pudo observar recipientes de agroquímicos en un tráiler descubierto que eran acarreados junto con los demás desperdicios domiciliarios. A este ejemplo también se suman otros expuestos en distintos puntos de la provincia.
En la carta, los colectivos socio ambientales apuntan especialmente a la “responsabilidad extendida y compartida” de la cadena de comercialización de todo el proceso que conlleva el paquete tecnológico con agrotóxicos. Hace referencia al artículo 5º de la regulación donde señala “el deber de cada uno de los registrantes de responsabilizarse objetivamente por la gestión integral y su financiamiento, respecto a los envases contenedores de los productos fitosanitarios puestos por ellos en el mercado nacional y sus consecuentes envases vacíos”. Asimismo, que la “responsabilidad será compartida con los restantes eslabones de la cadena de gestión en la medida de las obligaciones específicas que les impone” la ley.
DECLARACIONES
La nota de Basta es basta apunta además a declaraciones efectuadas por Barbieri el año pasado al sitio de radio R2820 de Gualeguaychú, donde admite “la necesidad de que el Estado sea el que provea el predio para la implementación de los Centros de Acopio Transitorio (CAT)”. En este sentido, plantean que el secretario de Ambiente “precisó que en Entre Ríos se generan alrededor de 1.000 toneladas de envases de agroquímicos por año y (que) para tratarlos se proyectan instalar los CAT donde destinarlos para evitar que sean enterrados, quemados o tirados en los cursos de agua”, se cita.
De hecho la semana pasada el gobierno entrerriano anunció que se encuentra en conversaciones con representantes de la firma Campo Limpio para llevar adelante “un proyecto entre la entidad y el gobierno provincial para instalar ocho Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en Entre Ríos, los cuales servirán como lugares de acopio seguro para envases de agroquímicos. Cada CAT estará emplazado estratégicamente en un punto equidistante de las superficies sembradas, para que los productores puedan acercar sus desechos una vez al año sin tener que desplazarse grandes distancias para hacerlo”, dijo en declaraciones oficial el ministro de la Producción, Juan José Bahillo.
Por su parte, el secretario de Ambiente reconoció “la necesidad de ordenar la gestión de los residuos fitosanitarios y se mostró a favor del acuerdo con la organización que se encarga de “recuperar los envases vacíos de fitosanitarios” de modo tal que se adecue la situación a “estándares legales, como por ejemplo la condición de que los envases para ser recibidos estén limpios mediante triple lavado o lavado a presión y perforados en su base para la inutilización, según la norma IRAM 12.069; y que además se trabaje para llenar rápidamente el cupo de acopio de envases para evitar el almacenamiento durante meses. Desde la Secretaría de Ambiente colaboraremos en todo momento para el armado de la logística, como así también brindaremos acompañamiento técnico”, sostuvo.
Las entidades ambientales concluyen que “La Secretaría de Ambiente conoce perfectamente el incumplimiento de la normativa que regula la actividad y el peligro al que está expuesta la comunidad entrerriana”, así como “el desconocimiento de la normativa por parte de nuestro máximo funcionario ambiental de la provincia”, criticaron.
LAS ACCIONES
En este orden, desde Basta es Basta afirmaron que “en la provincia, una vez más, las comunidades estamos absorbiendo y llevando sobre nuestras espaldas las externalidades de un modelo que no deja de contaminar y de incumplir sistemáticamente la normativa; acompañada de una desidia de nuestros poderes públicos. Los envases con productos de diferente toxicidad son arrojados día a día en nuestras fuentes de agua, contaminando aguas superficiales, acuíferos y nuestro suelo: bienes comunes imprescindibles en nuestra vida. Muchos de esos envases son incinerados en campos e incluso en los mismos vertederos públicos. Los municipios deben cargar con una gestión que no les corresponde y para las cuales no tienen ni la capacitación ni los fondos. Este tipo de residuos está expresamente prohibido de ser recolectado como RSU de conformidad a nuestra Ley Provincial N° 10311, en su artículo 4º, párrafo 2”.
La presentación adjunta “imágenes de los envases de agrotóxicos enviados a vertederos comunes, mezclados con el resto de los RSU individuales” en donde se “acreditan la realidad de nuestra provincia en temas de residuos provenientes de la agroindustria”, apuntaron para solicitar:
–“Que esta Secretaría brinde en forma detallada el avance en el cumplimiento de la Legislación referenciada; en especial el cumplimiento de la Resolución 0036 del 17 de Febrero 2020 por el cual la empresa Campo Limpio contaba con un plazo de 20 días para presentar un informe detallado de la actividad para la cual fue efectivamente autorizada”.
–“Hasta tanto quede establecido el circuito de legal disposición; por estricta aplicación de nuestra Normativa Nacional y provincial previamente citada, se proceda a la inmediata prohibición de comercialización de cualquier producto y por ende la clausura provisoria de los comercios expendedores”.
Finaliza la misiva dejando sentada la posibilidad que se efectúen “las acciones judiciales pertinente” a fin de cumplimentar la legislación.
FUENTE: Era Verde
