Los acusados alegaron su inocencia y afirmaron que escaparon de la Policía por estar ebrios. El operativo de detención se ejecutó en un camino vecinal entre Victoria y Nogoyá en 2024.
Este lunes 27 de julio comenzó en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná el debate oral contra cuatro imputados por integrar una presunta estructura dedicada al abastecimiento y distribución de cocaína a gran escala en la región. Durante la primera jornada, la estrategia defensiva dictó el ritmo: los principales señalados, Andrea Fabiana Vargas y Néstor Rodríguez Sanabria, proclamaron su inocencia y aseguraron que su escandalosa fuga de un control policial en la Ruta 11 no estuvo vinculada con estupefacientes, sino con que circulaban bajo los efectos del alcohol.
Por su parte, la situación penal de las otras dos acusadas tomó un rumbo diferente: Dana Zatti (hija de Vargas) y Tamara Blanco, representadas por Claudio Berón firmaron acuerdos de juicio abreviado en los que asumieron su responsabilidad en los hechos imputados. Ante esto, el Tribunal resolvió que dará a conocer su resolución formal sobre dichos acuerdos al finalizar el debate general.
El expediente reconstruye una compleja investigación por narcotráfico que culminó el 19 de diciembre de 2024. Aquel día, la Policía intentó interceptar a la pareja sobre la Ruta 11. Lejos de frenar, Rodríguez Sanabria y Vargas emprendieron una persecución a lo largo de varios kilómetros por los departamentos Victoria y Nogoyá, desviándose por la Ruta 26 y un camino vecinal donde habrían descartado cargamentos de droga. Tras ser acorralados, la detención fue dramática: Vargas ofreció una fuerte resistencia e incluso mordió a una efectiva policial.
Sin embargo, en el inicio de las audiencias, los acusados negaron rotundamente cualquier nexo con el tráfico de cocaína. Argumentaron que la desesperada huida no respondió a un intento de ocultar maniobras delictivas de narcotráfico, sino al simple temor de ser arrestados por conducir en estado de ebriedad.
De esta forma, el defensor Augusto Lafferriere (representante de Vargas y Rodríguez Sanabria) trata de probar la inocencia de sus clientes.
La acusación fiscal —sostenida por José Ignacio Candioti y Juan Podhainy— busca probar que la pareja operaba un engranaje de distribución con conexiones en Buenos Aires, utilizando dinero en efectivo que convertían en divisas norteamericanas en una cueva financiera de Concordia para adquirir la droga.
Ese punto roza otra causa de alto impacto provincial: el local donde realizaban las operaciones cambiarias pertenecía a Tomás Agustín Jacobi, defendido por José Velazquez. Aunque en el allanamiento a su domicilio se incautaron más de 61.600 dólares y 55 millones de pesos, Jacobi se halla actualmente con falta de mérito tras declarar que desconocía el origen ilícito de los fondos de sus clientes. En una situación procesal similar se encuentra Agustín Cáceres, pareja de Tamara Blanco, quien no fue llevado a juicio por falta de elementos de prueba suficientes.
El Tribunal es presidido por Sebastián Gallino, quien está secundado por Noemí Berros y Mariela Rojas. El debate continúa este miércoles 29 y luego el 3 y 4 de agosto.
