El juez de Garantías elevó a juicio la causa contra dos empleados municipales por el delito de concusión. De ser hallados culpables, se enfrentan a penas de hasta seis años de prisión.
Dos inspectores de tránsito de la Municipalidad de Paraná irán a juicio oral acusados de haberle exigido dinero a un automovilista para no labrarle un acta de infracción. El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad en febrero de este año.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías, Jorge Sueldo, quien dio luz verde al pedido del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y rechazó el planteo de la defensa para cambiar la calificación legal del caso. La figura de concusión prevé penas de dos a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para la función pública, lo que derivará en la exoneración definitiva de los trabajadores comunales.
Durante la audiencia de elevación a juicio, el abogado defensor de los inspectores, Eduardo Gerard, intentó frenar el avance de la causa argumentando que el hecho no estaba acreditado y que la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) no se encontraba concluida. Sin embargo, el fiscal Ramírez Montrull desactivó la postura de la defensa con un sólido e incontestable caudal de pruebas recolectadas durante la investigación.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió la mañana del pasado 10 de febrero de 2026 en pleno centro paranaense. Los inspectores Claudia Mendoza y Leonardo Medina realizaban un control sobre calle Monte Caseros, entre Gualeguaychú y Alem, cuando interceptaron a un automovilista que acababa de realizar un giro no permitido hacia la derecha.
Lejos de labrar la contravención correspondiente, Mendoza le exigió al conductor el pago inmediato de 40.000 pesos para “solucionar” la situación en el acto, bajo la amenaza de que, de ir al Juzgado de Faltas, la multa oscilaría entre los 200.000 y 400.000 pesos. Intimidado por la advertencia, el joven accedió al pago y realizó en el lugar una transferencia bancaria hacia una cuenta digital a nombre de la hija de la propia inspectora, dejando una huella financiera que terminó resultando clave para acorralar a los imputados, se informó a AHORA.
Además de las pruebas documentales y digitales, el caso esta filmado. Ahora la Oficina de Gestión de Audiencia deberá fijar fecha para el debate que puede llevar a que los dos acusados terminen presos si el fiscal solicita una pena mayor a tres años.
