El próximo 15 de febrero se iniciará un nuevo período de sesiones ordinarias en Entre Ríos. Será la oportunidad para que el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, brinde, frente a la Asamblea Legislativa, definiciones que enmarquen al gobierno que comenzó hace apenas dos meses. El rito, establecido en la Constitución entrerriana, está pensado para que el mandatario pueda referirse al “estado general de la administración”. Quizá las circunstancias lo obliguen a ir un poco más allá.
Es la oportunidad para esgrimir posturas propias. Es que la actual gestión, antes de asumir formalmente, tomó la decisión política de tomar como herramienta de gobierno el presupuesto que fue elaborado por sus antecesores. Ese plan, pensado por una conducción del Estado de otro signo político, deberá ser readaptado. No es poco lo que cambió de diciembre hasta hoy. No es poco lo que cambiará en los próximos 30 días.
Recursos e impuestos
El cálculo de los recursos ha sido trastocado por decisiones unilaterales del Estado nacional, que tomó la fría decisión de hacer una devaluación de más del cien por cien y liberar los precios, generando una inflación que araña el 50 por ciento en apenas dos meses.
Se ajustó el envío de fondos a las provincias. Sobre este punto se podrá expedir el gobernador. Es que Entre Ríos tiene una dependencia de recursos nacionales superior al 53 por ciento. Un indicador clave de cara al futuro inmediato.
El proceso inflacionario acelerado por decisiones de la actual administración nacional impacta día a día en los ingresos de los más de 67.000 empleados del Estado. Es tan importante la pérdida del poder adquisitivo que se aceptó, al filo de la Constitución, el pago de un bono que no es remunerativo ni bonificable. Seguramente los gremios entrerrianos pedirán que luego sea incorporado al salario básico.
Será la oportunidad para explicar las razones que llevaron a suspender la emisión del impuesto inmobiliario urbano (el calendario de vencimientos preveía pagos para los días 14 y 15 de febrero), lo que podría traer aparejado que en marzo se sume al impuesto automotor. Dos impuestos juntos en un contexto de pérdida de ingresos reales.
Además, se ha deslizado la posibilidad de que los salarios de los empleados del Estado reciban aumentos siempre y cuando la recaudación lo permita. El hemiciclo estará atento.
¿Será el tiempo de encarar la reforma al sistema jubilatorio?
Desde hace décadas el tema de una posible reforma a las leyes jubilatorias provinciales sobrevuela cada apertura de sesiones. El ex gobernador Bordet, que seguramente ocupará un sitial privilegiado por esa condición, habló sobre el tema, pero no se avanzó.
Antes aún en el tiempo se llegó a suscribir un convenio con el Estado nacional. Es que el entonces presidente Kirchner promovía la “armonización” de los sistemas para que el cálculo de un haber previsional entrerriano se acercara a los porcentajes que considera Nación.
Todo estaba escrito en el Convenio para la armonización y el financiamiento del sistema previsional de la provincia de Entre Ríos del año 2008. Pero se fue dilatando y nada se hizo, solo se trabajó en lo relacionado a lograr algún financiamiento que ayude a paliar el déficit del sistema entrerriano, pero Nación, solo reconoce mínimos porcentajes, porque por estos lares aún rige el pago del 82 por ciento móvil para aquellos que pasan a cobrar una jubilación.
Una parte de la biblioteca indica que ese número se puede cambiar modificando la ley vigente, la 8732, ya que la Constitución indica que el derecho a la jubilación tendrá una ley con “sujeción a normas técnicas que tengan en cuenta el principio de proporcionalidad entre los aportes y beneficios, el tiempo de los servicios y la edad de los beneficiados, sin excluir los aportes del Estado”.
Seguramente, si el gobernador intenta avanzar en el análisis de este tema, convocará a todos los sectores con representación parlamentaria. ¿Se discutirá el aumento de la edad para acceder a los beneficios jubilatorios?
En los últimos años el déficit de la Caja de Jubilaciones y pensiones, que debe afrontar el Tesoro, ha tenido un crecimiento exponencial. Un peso que se hace cada vez más difícil de sobrellevar, frente a un Estado nacional que acumula recursos que quita a diario a las provincias. Al haber prorrogado el presupuesto nacional 2023, los recursos serán (si es que los envía) escasos.
La administración anterior, al fundar sus proyecciones para el año en curso, detallo que “considerando solo el período 2014/2024 (2014 base 100) la variación del costo en materia de personal se ubica en el orden del 6500%, en tanto que la variación del déficit del sistema previsional registra un incremento del 10400%”. Las alarmas siguen encendidas.
Buscando el mejor perfil
La Legislatura recibirá a un gobernador que intenta encontrar el mejor camino para absorber los golpes que le propina el Estado nacional y a la vez responder a los compromisos asumidos frente a la entrerrianía en su tiempo de campaña.
Además, quienes ocupan las bancas, también buscan sintonizar con la realidad sin descuidar la relación con los ciudadanos.
Si el gobernador reitera su compromiso con la transparencia habrá tensión. Es que la Cámara de Diputados desplegó acciones que todavía hacen temblar algunas relaciones políticas. Lo mismo pasa, sin demasiado detalle, en la Cámara de Senadores. En esta última tiene mayoría el frente Más para Entre Ríos, lo que configura un dato a tener en cuenta todo el tiempo. Para dimensionar qué puede acontecer frente a proyectos demandados por el Ejecutivo, imagine el lector por un instante la discusión sobre potenciales cambios en el sistema previsional.
Se trata de incursionar en debates que más allá de ser provinciales, están dentro de un contexto asfixiante generado por las decisiones políticas del gobierno nacional que no duda, según remarcan a diario sus encumbrados voceros, en ajustar a las provincias.
Si se avanzara en un nuevo Pacto Fiscal entre Nación y Provincia, este deberá ser ratificado por la Legislatura entrerriana. En ese hipotético intercambio parlamentario habrá que poner atención, es que la Constitución reformada en 2008 dejó en claro que “la provincia no podrá celebrar tratados o convenios con la Nación u otras provincias, mediante los cuales se declinen los derechos de establecer o percibir impuestos que le son privativos”, agregando que “sólo se podrán suscribir convenios de coparticipación que no menoscaben sus ingresos”.
Una verdadera encrucijada para el Poder Ejecutivo, que deberá brindar sus ideas y para el Poder Legislativo, frente al que aparece un camino con no pocas dificultades.
Seguramente el informe de Frigerio contendrá definiciones sobre la paz social y la necesaria gobernabilidad, profundizando los dichos que el ministro político propuso hace apenas algunas horas a través de una columna sobre los primeros 60 días de gobierno.
Educación y Políticas Alimentarias
Imposible, ante el inminente inicio del ciclo lectivo, esquivar dichos sobre materia educativa. Aún no fueron tratados los pliegos de quienes han sido propuestos para conducir el Consejo General de Educación, por eso será -tal vez- el gobernador quien de las primeras definiciones que recibirán con atención los docentes.
Más allá de lo pedagógico, son dolorosos los informes sobre el estado de la infraestructura escolar. Cientos de escuelas no estarían en condiciones de brindar seguridad a los alumnos de los distintos niveles. La oposición no dudó en aprobar un proyecto para responder a estas urgencias, que quizá llegó a destiempo porque aún no ha sido tratado por la Cámara de Diputados.
Hay reclamos permanentes de las organizaciones sobre las dificultades para responder a las demandas de alimentos por parte de la población. Comedores escolares y comunitarios reclaman. Habrá precisiones sobre las últimas medidas tomadas al calor de la urgencia y anticipos sobre cómo se responderá a un tema tan sensible en un contexto de altísima inflación.
Salud, vivienda, caminos
Es inevitable que ante la caída del poder adquisitivo crezca la demanda sobre el sistema público de salud. Los costos crecen y es evidente que las cifras alarmantes sobre la baja en la compra de medicamentos se convierten en una alerta temprana para las autoridades de la provincia. Hospitales y centros de salud verán aumentada exponencialmente sus demandas.
La decisión del Estado Nacional es cortar todo apoyo a la obra pública. ¿Qué pasará con el Instituto de la Vivienda? Si deja de recibir fondos se rompe cualquier ecuación y posibilidad de dar respuestas a amplios sectores que no pueden acceder a financiamiento para tener un techo propio.
La producción primaria depende del buen estado de las redes secundarias y terciarias para contar con logística adecuada. ¿Podrá el Estado entrerriano sostener un servicio esencial?
Es seguro que el gobernador Frigerio podrá agregar detalles en cada uno de los temas y responder los interrogantes. Narcotráfico, seguridad, políticas de empleo, medio ambiente, relación con los otros poderes del Estado. ¿Ética pública?
Sin duda el índice de temas posibles determina que esta apertura del 145º Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura entrerriana gane la atención de los entrerrianos. El gobernador Rogelio Frigerio tiene la palabra y toda la atención.
Fuente: De opinión analisisdigital.
