Si algo surge nítido de las últimas noticias del ámbito político-judicial es que en Entre Ríos no hay lugar para proyectos políticos que se preocupen por el bienestar del Pueblo. Las resoluciones judiciales emitidas durante la semana que pasó fueron lapidarias en su mensaje: No vamos permitir más corrupción… mientras sea la que se comete desde un sector. Es el resultado de 16 años de peronismo que desde el gobierno desmovilizó a su base social alejándola de sus dirigentes y de la Política.
El encarcelamiento preventivo en la cárcel del ex gobernador, Sergio Urribarri; del ex director de la ex Dirección de Información Pública y ex ministro del desaparecido Ministerio de Comunicación y Cultura de la provincia, Pedro Baez; y del empleado legislativo y armador político de los ocho años de gestión urribarrista, Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, envió señales fuertes hacia la Política que el devenir de los acontecimientos pondrá en su justo y preciso lugar.
El laberinto
Desde el ámbito de la Justicia, es más adecuado ceñirlo a un sector pequeño pero poderoso y dinámico, se aceleraron los tiempos a partir de la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de otorgar a los condenados la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contra la sentencia que el 17 de abril de 2024 denegó por inadmisibles los recursos de queja interpuestos por las defensas contra la sentencia de la Cámara de Casación de Paraná que el 25 de agosto de 2023 dispuso denegar los recursos de Impugnación Extraordinario presentados contra la decisión de la misma Casación, que el 31 de mayo de 2023 rechazó los recursos de casación de las defensas contra la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones que el 7 de abril de 2022 los condenó tras un largo proceso.
Se trata de cinco hechos “complejos” de corrupción que se dirimieron en un solo juicio basándose en la “conexidad subjetiva” de tres de los 14 imputados, de los que cinco fueron absueltos y el resto condenados a penas acordes a la calificación legal que se les atribuyó.
Plazos
Las especulaciones apuntan a que ambos sectores tenían bien en claro que la Corte no tiene plazos para resolver, por lo que un sector hacía fuerza para que el legajo no llegara al más Alto Cuerpo de justicia nacional puesto que el rechazo de la misma Sala a la Impugnación Extraordinaria de los condenados ponía a tiro la “ejecutabilidad” de la sentencia, mientras que el otro pugnaba por lograrlo para “gozar” de más tiempo en libertad y por la dilación en la resolución pudieran alcanzar la edad de 70 años para cumplirla en su casa. Pura especulación mezquina y nada de apego a las normas procesales y de fondo y a la sociedad que ambos sectores dicen custodiar sus intereses.
Conductas
Desde el ámbito de la Política hay “conductas” a analizar. Comenzando con el oficialismo y como era de esperar, se escucharon voces elogiando las resoluciones, dejando por sentado que se está ante un nuevo paradigma de gestión en el que la corrupción o el favoritismo no tienen lugar. Desde el peronismo fue llamativo el poco y demorado espíritu de cuerpo o de disciplina partidaria, habida cuenta que se “llevaron puestos” a “peronistas” que gestionaron la provincia en nombre del Partido Justicialista (PJ). Sólo unas pocas voces aisladas que fueron parte de las gestiones de Urribarri postearon en redes sociales escuetos textos señalando la “arbitrariedad” de las resoluciones. Más tarde vendría el posicionamiento “oficial” de los legisladores “peronistas”.
La “conducta” del peronismo es tributaria de 16 años de gestión en el que Urribarri y su par, Gustavo Bordet, despolitizaron el movimiento y generaron “castas” que le dieron alimento a aquella calificación despectiva de la actividad política, pero que su pegada en la sociedad aporta elementos a tener en cuenta para entender ciertos desplazamientos de las preferencias electorales que parecen “incomprensibles”, pero no lo son.
El soñador y el trasparente
El Sueño Entrerriano de Urribarri y el “liderazgo en transparencia” de Bordet –a partir de encuestas de las que nada se sabe salvo sus resultados- fueron proyectos personales más allá de que se argumenten motivaciones colectivas. La gestión de Bordet –de color ocre, casi amarillo- pareció más inclinada a “despegarse” de su antecesor y “subirse” a los nuevos vientos de la política que estarían determinados por una nueva hegemonía en Occidente, que nada tiene que ver con la que erigió el Estado de Bienestar que surgió después de finalizada la Segunda Guerra europea, y son contrarios a los que soplaron en Argentina y Entre Ríos durante la denostada “década ganada” o “perdida”, según el lado de la disputa política en que se decida posicionarse.
Sectores del oficialismo entrerriano que profesan un antiperonismo visceral celebran una “batalla ganada” a la corrupción. Celebran los recientes fallos judiciales pero no se expiden con la misma contundencia cuando se trata de funcionarios de su “palo” o de acomodaticios que viven de la política hace décadas y le dan sustento a la espantosa calificación de “casta” a todo lo que tiene que ver con gobiernos que se preocupan por el bienestar de toda la “gente” y no solo de la “gente de bien”.
¿Pena anticipada?
Que Urribarri, Baez y Aguilera esperen en prisión preventiva en la cárcel la confirmación o no de la sentencia del 7 abril de 2022, con el legajo en la Corte y sin plazos para definir, suena a “pena anticipada”. No se va a analizar en esta columna los argumentos de las vocales de la Cámara de Casación ni de los dos del Tribunal de Juicio y Apelaciones que dispusieron medidas que agravaron la situación procesal de aquellos.
Pero sí se puede intentar analizar el porqué de una vara distinta para abordar los riegos procesales, que en el caso de aquellos tres estarían vivos y por eso fue necesario imponerles restricciones a la libertad ambulatoria para frustrar la posibilidad de que se fuguen eludiendo cumplir con una condena que no está firme aún, como reconocieron todos los magistrados que intervinieron y hasta el mismo Ministerio Público Fiscal (MPF); mientras que en otros casos que conmocionaron a la opinión pública o tienen como sospechosos a funcionarios y ex funcionarios oficialistas, no.
Distinta vara I
Es necesario precisar sobre lo que se está discutiendo específicamente: la prisión preventiva mientras la sentencia no está firme. Juan Domingo Zacarías, interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), que fue denunciado por supuesto Enriquecimiento ilícito siquiera fue imputado a pesar de que se dispusieron allanamientos en las oficinas del ente y de propiedades del también ex diputado provincial. Mientras esta causa salió de la mira telescópica de los medios de comunicación y de la “política indignada”, otra de similares características no deja de generar noticias. Tiene a un sospechoso con prisión preventiva domiciliaria y siquiera se le impusieron normas de conducta.
Distinta vara II
Un desgraciado siniestro vial tiene como imputado a Juan Ruiz Orrico, que se desempeñaba como director del Instituto Portuario en el gobierno entrerriano. Está imputado del delito de Homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y por la cantidad de víctimas.
Se trató de cuatro jóvenes que iban a trabajar. Ruiz Orrico debió dejar el cargo como consecuencia del siniestro vial. No obstante la gravedad del hecho, nunca perdió la libertad ambulatoria mientras se sustancia la investigación. Incluso le fue concedido un arresto domiciliario en Buenos Aires, en la casa de su madre, lo que generó la queja de la querella.
Pero la situación de Ruiz Orrico cambió muy poco ya que solo debió trasladarse a Entre Ríos a cumplir la medida de coerción en la provincia. Nadie argumentó que en podía eludir lo que seguro será una condena de prisión efectiva. Los memoriosos recuerdan otros siniestros viales menos horrorosos en los que al acusado se le impusieron medidas de coerción preventivas que limitaron su libertad.
Distinta vara III
Otro caso que debería ser analizado es el que comprendió al actual presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Mauro Vazón, que fue denunciado por supuesto Fraude a la Administración Pública por asumir como presidente del CM en Entre Ríos mientras cobraba un contrato de servicios en el CM de la Nación. Lo investigó el fiscal Gonzalo Badano, que integró el Cuarteto Fiscal que impulsó con convicción pretoriana la acusación contra Urribarri y compañía y logró encarcelarlo mientras la sentencia está en revisión en la Corte Suprema.
Badano resolvió archivar la causa contra Vazón a casi un mes de la denuncia porque entendió que “del análisis de la documentación remitida, no se advierte la existencia de un ilícito que pueda ser tipificado penalmente. De la lectura del contrato celebrado se desprende que no existe un horario y lugar fijo en el que deba desempeñar su labor”. Escueto, pero al menos se desarrolló una fundamentación de la rápida decisión de archivar la causa.
No obstante el “cierre” judicial, la denuncia y su archivo habilitan a pensar –desde la Política- por qué en el caso de Vazón no se le “exige que trabaje” y “cumpla horario” mientras que una decisión del Ejecutivo, que se vendió con profusa difusión, estigmatizó y limitó el uso de un instrumento legal y legítimo como lo son los contratos que celebra el gobierno, abriendo la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo, mercado que solo dinamiza el demonizado Estado.
Mientras se judicialice la Política y se politice la Justicia, habrá poco espacio para que los ciudadanos recuperen la confianza perdida en sus instituciones. En este orden, un capítulo que también merece un abordaje específico lo constituyen las relaciones familiares o de amistad en el Poder Judicial.
Para cerrar esta columna bastar con recordar que las vocales de la Cámara de Casación, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, que dispusieron la prisión preventiva en la cárcel de Urribarri y Aguilera, y abrieron la posibilidad de que los fiscales avanzaran sobre la prisión domiciliaria que estaba cumpliendo Báez, tienen o tuvieron relación con importantes personalidades de la Justicia y del Ejecutivo. La primera mantiene una relación de pareja con el actual procurador general de la provincia y jefe de los fiscales, Jorge García; en tanto que Bruzzo era pareja de Orrico, vínculo que se habría roto. En estos dos casos no se sospechó de una posible situación de “conexidad subjetiva”.
