La diputada provincial Gabriela Lena (JxC-Chajarí), vicepresidenta 1ª de la Cámara Baja, habló de la situación de la Legislatura tras el recambio de autoridades, de la revisión de contrataciones y adscripciones, y del trabajo previsto en las próximas semanas.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Lena confirmó que “nos encontramos con mucha gente, con muchos que no se sabe dónde están trabajando, con algunas situaciones raras de quienes hasta hace una semana que eran legisladores y están en planta. Por eso estamos hablando con los abogados y con la Fiscalía de Estado para tener una manera de actuar en conjunto porque esto que pasa en Diputados también pasa en la Cámara de Senadores y en el Estado provincial para tener el mismo criterio y quedar todos en la misma línea y proceder de la misma manera ante todas estas designaciones que son revisables”.
Consultada por la cantidad de adscripciones que había hasta el 10 de diciembre en Diputados, sostuvo que “no tengo el número exacto porque hay adscripciones que están cambiadas, hay personal de la Cámara que estaba trabajando cumpliendo funciones en otro lugar y había personal de la repartición pública que estaba adscripta a algún diputado o a la Cámara en general”.
Refirió que “la orden es que vuelvan todos y por 30 a 60 días se van a rever si se necesitan las adscripciones o los cambios de lugares de los empleados, es decir que en este momento no tenemos”. Confirmó asimismo que “hay gente dando vueltas que uno no sabe quién es, nunca la vio y tienen que volver; algunos no han vuelto y eso se está mirando de manera legal para no quedar teniendo una decisión que después tengamos un revés en la justicia por eso están trabajando los asesores jurídicos”.
Además contó que con esa gente y la función que cumplen “no hay ninguna disposición, e incluso pasa también en la administración que hay lugares donde ha aparecido tanta gente que no hay lugar donde tenerlos. Falta también que se brinde más información en algunas situaciones”.
En cuanto a la sesión prevista para el miércoles próximo, adelantó que “en principio está previsto tratar solamente la ley de Ministerios, que ingresa hoy a la Cámara, para que el gobierno pueda tomar juramento y empiece a funcionar tal como estaba previsto”. Consultada por la demora para este tratamiento admitió: “Nos está costando organizarnos, y además mencionó que esto empieza de cero con mucha información que no tenemos. Yo ya tengo algunos proyectos para presentar la semana que viene que tienen que ver con algunas de las cosas que habló el gobernador”.
“Me gustaría que sea todo más rápido pero no lo pudimos hacer. La verdad es que teníamos idea de que sea mucho as sencillo el inicio pero está costando un poco aceitar el procedimiento. Me gustaría este mes tratar algunos temas importantes pero también hay que tener en cuenta que no somos nosotros solos en la Cámara y para algunas cosas necesitamos otros bloques, otros diputados que hay que conversarlos y mantener una buena relación para poder obtener un buen resultado”, evaluó.
Sobre las dudas respecto del acompañamiento del bloque peronista, planteó que “a veces las cosas que se dicen en los medios no son las mismas que se dicen en el frene a frente y por eso hay dudas; vienen momentos complejos donde se necesita tener mucho más diálogo y eso lleva su tiempo”.
Respecto del protocolo de orden público que anunció la ministra Patricia Bullrich, opinó que “se viene otra Argentina, es algo que he visto en Buenos Aires cuando estaba de diputada nacional, la presencia de mamás con niños con chiquitos daba entre rabia y lastima y me parece correcto que una de las medidas sea que en las movilizaciones no debe haber niños”.
“El derecho a reclamar es un derecho constitucional que lo tenemos que seguir teniendo en tanto y en cuanto no ponga en jaque el derecho de las demás personas; en Buenos Aires llegó un momento en que con las movilizaciones era imposible transitar, al gente no podía llegar a sus trabajos, había destrozos en los lugares donde había movilizaciones y acampes, y esto también vulnera otros derechos que también son constitucionales y tan importantes como el derecho a peticionar y exigir a las autoridades. Controlar los excesos es el desafío que tendrá el gobierno nacional y la ministra Bullrich, que se pueda cumplir con los derechos de todos pero sin vulnerar las garantías físicas y los derechos humanos”, concluyó.
