Es por la denominada causa Vialidad. Las imputaciones, los acusados, los jueces, las audiencias, las pruebas que faltan, los recursos pendientes en esta nota.
Luego de las idas y venidas sobre su postergación el primer juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner comenzará el próximo martes tal como estaba previsto inicialmente. Atrás quedaron las especulaciones generadas a raíz del pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar los últimos recursos presentados por las defensas de los acusados.
A las 12 horas del próximo martes, los tribunales de Comodoro Py, se convertirán en escenario de un juicio que genera fuertes expectativas por sus protagonistas, porque se da en plena campaña electoral, porque estuvo a punto de suspenderse, y porque va a comenzar sin pruebas que sean consideradas clave por las defensas y que la propia Corte Suprema pidió analizar.
El debate tendrá lugar en la denominada Sala AMIA, la más grande de Comodoro Py. Entre los acusados, 13 en total, estará Cristina Kirchner, a quien se la ubicaría en primera fila, y tras ella su ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López, el primo del ex presidente, Carlos Kirchner, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti y el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, entre otros.
De Vido, Báez y López están presos por otras causas, mientras que Carlos Kirchner está detenido por el expediente que motiva el juicio.
Todos deberán estar presentes en la primera audiencia y en las indagatorias.
En Comodoro Py ya comenzaron a delinearse los preparativos de los operativos de seguridad dada la envergadura del debate y de los acusados. Las medidas serán estrictas dentro de la sala, y también se controlará exhaustivamente el ingreso al edificio.
LA ACUSACIÓN
El primer día del juicio se leerán los cargos y el requerimiento de elevación a juicio. El caso lo llevaron adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
La imputación de la fiscalía es la «existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner, y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles, definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años destinada a cometer múltiples delitos, para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos».
Así se atribuyó a los imputados que para lograr la sustracción de los fondos «entre otros planes delictivos, escogieron la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del tesoro nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad: seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción».
Luego de la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio, que podría demandar algunas jornadas -si es que deciden leer todo- se llamará a declarar a los imputados.
La Corte remarcó en una acordada sobre la cobertura del juicio, que «el suceso descripto genera una gran demanda en su difusión debido a la trascendencia pública del mismo y a la luz de las personas que se encuentran formalmente imputadas».
LOS TESTIGOS DEL JUICIO
En principio el Tribunal Oral accedió a que declaren 160 testigos, muchos se desempeñaron en la Dirección Nacional de Vialidad, también están citados ex funcionarios de Santa Cruz y especialistas que serán preguntados por las obras viales.
También figuran en la lista de testigos Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich, y empresarios entre los que están Carlos Wagner y el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.
La denuncia se realizó en 2016 por denuncia de Javier Iguacel, el administrador general de la Dirección de Vialidad, pero luego, a pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se anexó a otra causa que data de 2008.
LAS PRUEBAS FALTANTES
La defensa de la ex presidenta advirtió que durante la etapa de instrucción, todas las medidas de prueba que fueron solicitadas fueron denegadas sin ningún fundamento. La Corte es precisamente la que deberá definir sobre esa denegatoria de medidas, entre ellas un profundo estudio pericial.
Para la defensa, el Tribunal Oral 2 «no solo negó la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras realizadas por las empresas de (Lázaro) Báez, sino además limitó el estudio pericial con relación a presuntos sobreprecios y demoras en la ejecución de las obras a sólo 5 de los 51 casos investigados, sin que para ello exista ni se haya indicado razón alguna que justifique tal temperamento».
Además el Tribunal denegó la posibilidad de efectuar un análisis comparativo entre los precios y los tiempos de ejecución de las obras realizadas en Santa Cruz con las realizadas en otras jurisdicciones por otras empresas dedicadas a esta tarea, «entre las que naturalmente se incluyen empresarios vinculados al actual gobierno», sostuvo la defensa de Cristina Kirchner.
FUENTE: Minuto Uno
