Durante tres horas vecinas y vecinos de Aldea Brasilera y Colonia Ensayo tuvieron la oportunidad de efectuar consultas y realizar trámites ante organismos del Poder Judicial de Entre Ríos y los Ministerios Públicos. Fue este jueves, en el marco de la jornada inaugural del programa “La Justicia va a los barrios”, que se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados de Aldea Brasilera.
La actividad sirvió también para atender a pobladores y pobladoras de Colonia Ensayo y Paraje La Virgen. Eso permitió cumplir con el objetivo de la iniciativa: acercar el servicio de Justicia para tratar de brindar las soluciones que necesitan y cerca de sus lugares de residencia, sin necesidad de acudir a los Tribunales.
La tarea estuvo encabezada por el jueza de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, Josefina Etienot, quien tiene a su cargo la coordinación del programa en esa jurisdicción. La magistrada, junto a los profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y del Ministerio Público de la Defensa, concurrió también al Hospital Fidanza.
Además de mantener una reunión de trabajo con su director, Mariano Neme, y la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi), Inés Artusi, los integrantes del programa dialogaron con pacientes y se interiorizaron sobre sus demandas. “Fue algo muy positivo y representó un salto cualitativo, porque nos dio la posibilidad de escuchar y atender a personas que tienen dificultades”, destacó Etienot.
A criterio de la jueza “el trabajo en el terreno aporta una perspectiva diferente y resulta indispensable para complementar nuestra tarea, ya que nos brinda otra dimensión sobre las diferentes problemáticas que llegan al Poder Judicial”. Por eso valoró la colaboración del intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez, quien brindó información sobre hechos que merecían atención pero que no habían llegado a conocimiento de la Justicia.
Eso posibilitó que tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal intervinieran, por ejemplo, ante casos de violencia familiar y de género. Episodios que podían permanecer invisibilizados ante el temor que la presentación de una denuncia genera en comunidades pequeñas.
Como es habitual, ante la Defensoría –representada por el defensor público auxiliar Fabricio Patat- se pudieron efectuar consultas referidas a cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad y trámites ante organismos públicos para garantizar el derecho a la salud y a la educación.
Por su parte el fiscal Gilberto Robledo recibió denuncias y respondió consultas sobre causas en trámite y otras vinculadas a la comisión de delitos. En tanto, desde el Juzgado de Paz –representado por su secretario, Leonardo Codrino-, se certificaron firmas para diferentes trámites, se emitieron declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social, certificados de supervivencia e informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social, entre otras tareas.
Para la concretar la actividad también sumaron su trabajo la secretaria del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Virginia Correnti; la asistente social Nélida Nemer, de los ETI; la mediadora penal Luisina Yausaz: la delegada judicial Romina Blasich; y los escribientes Gonzalo Ale (Defensoría) y Osvaldo Suárez (Fiscalía).
