Una causa por lavado de activos y presunto dinero del narcotráfico tiene en vilo a todos los dirigentes y representantes de nuestro fútbol. Política, espionaje y la demora de una pericia clave sobre un dispositivo electrónico que contendría información explosiva del caso.
En una dependencia federal, una computadora espera turno para ser peritada. No se trata de un dispositivo electrónico más. Es la computadora que puede hacer estallar por el aire a todo el fútbol argentino. Tan así es la cuestión, que ese oscuro objeto de deseo está siendo tironeado por todas las partes actuantes y por ahora va perdiendo: tras innumerables recursos de los abogados para que ese material quede incólume, la Cámara Federal de San Martín pateó para adelante la apertura del CPU que contiene, según creen los investigadores del caso, las claves que pueden desentrañar el mayor movimiento de lavado de activos y dinero sucio de nuestro fútbol.
El caso que se mantiene en reserva pero es comentario de todos los dirigentes en AFA comenzó hace bastante tiempo y tuvo su explosión pública en octubre del año pasado, cuando Infobae dio precisiones de la causa judicial y hubo allanamientos múltiples sobre oficinas de representantes, clubes de fútbol y la propia casa madre. Todo empezó por una denuncia que llegó a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) contra el representante Uriel Pérez Jaurena, donde se indicaba que su crecimiento económico y el manejo de jugadores que tenía, provenía de la defraudación tributaria, el lavado de activos y el presunto dinero ilícito aportado por el narcotráfico mexicano. Las relaciones de Pérez Jaurena con aquel país eran fluidas y dados sus negocios con muchísimos clubes argentinos tanto de Primera como del Ascenso y su cercanía a otros representantes poderosísimos, hizo que todos empezaran a desconfiar de todos.
La Procelac se tomó en serio la denuncia y su investigación empezó a arrojar datos sugestivos: según su informe en apenas un año entre marzo de 2019 y junio de 2020 había comprado un departamento de 400.000 dólares pagados en efectivo, tres autos de alta gama (un Porsche, un Mini Cooper y un Honda Touring) sin contar que además la familia se manejaba en un Jaguar y una Mercedes Coupé y que también tenía licencias para manejar otros autos importados.
En un primer momento quedaron en la mira negocios que había hecho con Independiente, Racing, Unión, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Godoy Cruz pero de a poco, cuando el fiscal Fernando Domínguez hurgó en lo que le había entregado la Procelac, empezó a encontrar más inconsistencias e involucró a todos los clubes que hubiesen tenido algún negocio con Uriel Pérez de 2015 en adelante y comenzó a llamar a sus dirigentes a declaración testimonial. Y el frío empezó a recorrer la espalda de muchos. De hecho también quedaron en la mira otros cinco representantes que hacen negocios con el amplio abanico del mundo de la redonda y entre ellos con los clubes más grandes.
Con este corpus probatorio, el fiscal fue por más y allanó la casa del representante y las oficinas de “De Nueve Fútbol”, la empresa de Pérez Jaurena. De allí se llevó un arma de fuego que no estaba registrada, los celulares del empresario y sus colaboradores y sobre todo la computadora en cuestión. Y pidió turno a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para su pericia. La orden era clara: había que informar todos los correos electrónicos, contratos, transferencias bancarias de entidades argentinas y del exterior, documentación de todas las sociedades comerciales que hayan intervenido en recepción de fondos no declarados, vínculos con dirigentes y representantes, y todo lo que se encuentre vinculado a pases y transferencias. Era algo así como la caja negra del fútbol argentino.
Pero esto es Argentina y las cosas rápido no se hacen. La PSA le informó que podía hacer el trabajo para mediados de diciembre. Mientras, el fiscal siguió adelante y se sumó la UIF (Unidad de Información Financiera) como querellante, ya que descubrió que el representante estaba anotado como un simple monotributista, que su mujer hasta presuntamente había cobrado una asignación universal por hijo en 2020 en la provincia de San Juan (algo que los Pérez Jaurena dicen que es mentira pero sí consta en un informe en la causa judicial) mientras los gastos de tarjeta que se comprobaron en el período harían empalidecer a todo Desarrollo Social.
Ante las evidencias, Jaurena y sus asesores legales y financieros aceptaron que había habido algunas omisiones impositivas y presentaron un plan de pagos a la AFIP para cerrar el proceso por un monto realmente importante. Pero el nivel de defraudación con la plata del fútbol parece haber sido de tal magnitud que la entidad recaudadora lo rechazó diciendo que era ínfimo en relación con la deuda verificada. Así las cosas se complicaban y se acercaba la fecha para periciar la computadora. Entonces, Jaurena optó por otra vía: cambió de abogado y contrató a Marcelo Rochetti, un penalista de bajo perfil pero múltiples contactos, que fue jefe de seguridad de la legislatura porteña, jefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el ministerio de Seguridad Bonaerense y desde hace años letrado del jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo. Y Rochetti empezó el proceso de demolición para sacar del caso al fiscal y a la jueza a cargo, Sandra Arroyo Salgado, que era la que avalaba la investigación.
Primero la recusó por enemistad manifiesta, arguyendo que él era íntimo amigo del ex fiscal Alberto Nisman (Arroyo fue su esposa) y cuando se produjo su deceso, la jueza lo citó para decirle “con un odio profundo que él era un hijo de puta porque le presentaba putas a su marido” (textual del recurso incorporado a la causa). Además pidió la nulidad del allanamiento y todo lo secuestrado, entre ello la famosa computadora, argumentando que el horario del ingreso a las oficinas lo habían adulterado para que no se vieran las ilegalidades que se habían producido, que el fiscal estaba de incógnito, que los testigos no eran imparciales y que a Pérez Jaurena lo coaccionaron para que entregara la clave de su teléfono. Y aunque la jueza y el fiscal rechazaron todo, la apelación llegó 48 horas antes que se pericie la computadora. Creer o reventar, se decidió postergar la apertura de la caja negra del fútbol hasta que la Cámara resolviera quién tenía razón, si la defensa o la jueza y el fiscal.
Mientras esto pasaba, el fiscal siguió adelante con otras medidas. Y descubrió que muchos pases terminaban pagándose en pesos pero a valor dólar blue a empresas presuntamente fantasmas y no a Uriel Pérez. ¿Por qué? La hipótesis judicial del delito investigado se asienta en que los pagos se hacían sobre todo a tres empresas, una dedicada a venta de electrodomésticos y otras dos a logística internacional. Estas se daban vuelta y, a través de mesas de dinero de banca privada de entidades financieras de primera línea, hacían supuestas operaciones de importación para cambiar esos pesos blue a dólar oficial utilizando documentación falsa de permisos de importación. Y después esos dólares se giraban a empresas offshore en Delaware, Panamá, Hong Kong y Puerto Rico. Todo presuntamente con la anuencia de funcionarios infieles del Banco Central y de los propios bancos.
Además también descubrió que había contratos de asesoramiento millonarios y supuestos préstamos del representante o gente allegada a él a varios clubes que después no estaban justificados en el balance de las instituciones. Y la hipótesis del fiscal es que de ahí puede salir un entramado de presuntas coimas. Y son varios los clubes que presentan estas irregularidades. De hecho, ya algunos dirigentes admitieron en sede judicial no saber dónde terminó esa plata.
Pero para confirmar todo e ir por mucho más se necesitaba la pericia. Y la resolución de la Cámara llegó finalmente esta semana: ganó Rochetti. Sí, el juez de Cámara Alberto Lugones, que es además representante del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura, falló y apartó a la jueza Arroyo Salgado del caso, diciendo que no era imparcial, y pasó todo al juez Lino Mirabelli, el mismo que investiga la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos de la primera dama Fabiola Yáñez en plena pandemia. Si eso no sucedía, la computadora iba a ser abierta en forma inmediata, porque esa era la decisión que había tomado Arroyo. Ahora habrá que esperar a que Mirabelli tome toda la causa y después decida. Al mismo tiempo, también Mirabelli deberá actuar sobre una denuncia penal que Pérez Jaurena le hizo al fiscal Domínguez por las presuntas irregularidades en su accionar en la causa y en los allanamientos, lo que el fiscal niega terminantemente.
“Estamos frente a una causa armada que tuvo la complicidad de la jueza y un fiscal absolutamente arbitrario. Por eso los denuncié a ambos, a ella ya la apartaron y lo mismo va a ocurrir con el fiscal que quiso ocultar su participación en los allanamientos e hizo interrogatorios sin dejar constancia de los mismos. Por eso es todo nulo y no pueden periciar nada hasta que el juez decida quién tiene razón. Igual, en la computadora no van a encontrar nada”, le dijo el letrado Rochetti a Infobae.
— Pero si no hay nada, ¿no es mejor que se pericie y ya?
— No, porque eso sería avalar una actuación irregular. Si es nulo es nulo, haya algo o nada adentro. Además, ¿vos sabés cómo empezó esta causa no? Con un anónimo. Yo también soy defensor de Marcelo Villegas (el ex ministro de Trabajo bonaerense procesado en la causa por presunto espionaje ilegal sobre el ex titular de la Uocra La Plata, Juan Pablo Pata Medina) y cuando tomé la defensa me sorprendió mucho ver que los dos anónimos que dan inicio a ambas causas son prácticamente calcados en los que hace a su estructura, resultando además impensable que una persona que por algún encono denuncie a Uriel Pérez tenga acceso a información bancaria e impositiva secreta. Esto refleja claramente la intervención de una organización dedicada a hacer este tipo de trabajo sucio del cual varias personas han sido victimas en la época en que fue denunciado Uriel Pérez. ¿Quién está detrás de esto? Ya se va a saber, pero es gente que está vinculada al mundo del fútbol, el espionaje y la política y que quizá quería quedarse con los negocios de mi defendido.
— ¿Pero si no hay ningún delito, porqué Uriel Pérez se presentó en la AFIP y reconoció una deuda millonaria que quiso saldar para extinguir la acción penal?
— El delito, si lo hubiese, es simplemente tributario, cosa de contadores. Acá no hay lavado ni nada por el estilo. Por eso esta causa se va a caer como un castillo de naipes. Ya vas a ver.
Nadie sabe a ciencia cierta si la confianza que tiene el abogado Rochetti se asienta en cuestiones concretas o un optimismo a partir de la decisión de la Cámara. Los investigadores que están detrás de Uriel Pérez Jaurena siguen trabajando pero la pericia clave está en stand by hasta que el nuevo juez decida cómo siguen las causas. Y nadie tiene certezas de cuánto tiempo se va a tomar y mucho menos de qué va a hacer. Lo que sí se sabe es que al conocer la noticia de la postergación de la pericia, en el mundo del fútbol varios descorcharon champagne y brindaron por su suerte, mientras en una dependencia judicial el CPU que puede hacer explotar al fútbol argentino sigue esperando turno para develar, si existieran, los secretos más temidos de quienes manejan la redonda.
FUENTE: Infobae
