La sala de feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo definió levantar la feria para tratar el recurso presentado por la CGT contra el DNU emitido por el Gobierno de Milei que cambia las condiciones de contratación laboral en el país.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió hoy habilitar la feria judicial para tratar el amparo presentado a fin de año por la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70/2023 del Gobierno nacional mientras, en el mismo sentido, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge abrió la feria judicial para aceptar otro requerimiento contra la norma.
La resolución de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, firmada por los camaristas María González y Alejandro Subera, atendió el pedido de la CGT, rubricado por su cosecretario general Héctor Daer, para que se levante la feria y se evalúe el pedido de suspensión del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
En el primer punto de la petición, la CGT solicitó que «se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del «Título IV Trabajo» del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023″.
En la misma resolución, los jueces González y Subera trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen.
«Esta Sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve», señalaron los camaristas.
El pedido de excepcionalidad, firmado por Daer, invocó el mecanismo del amparo «para impedir que la tramitación del proceso traiga aparejado un daño de difícil o ardua reparación, en actos que, en principio, podrían invocarse para cercenar derechos».
Específicamente, la CGT solicitó que «se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del ‘Título IV Trabajo’ del Decreto de Necesidad y Urgencia».
El capítulo que objeta la principal representación sindical de los asalariados contempla la ampliación del período de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
El miércoles pasado, durante la masiva movilización que llevó la protesta obrera a las puertas de tribunales, Daer dijo que había que «voltear» el decreto «en la política, en la Justicia y en las calles».
Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge resolvió hoy sobre un amparo presentado por Roberto Crespo Armengol, quien solicitó la suspensión cautelar del decreto argumentando que el Ejecutivo excede sus facultades y afecta diversos aspectos legales y normativos vigentes al promulgar el DNU.
Aun con el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el viernes pasado abrir la feria judicial ante un pedido del gobierno de La Rioja, firmado por el exministro del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni, el juez de Lomas de Zamora resolvió habilitar que se levante el receso para analizar el caso.
El viernes pasado, último día judicial antes de la feria, la Corte decidió aceptar el pedido de amparo de La Rioja pero advirtiendo que lo trataría recién en febrero, luego del receso, en tanto el procurador general interino, Eduardo Casal, fija postura -aunque no vinculante- sobre el conflicto.
A pesar del diferimiento a febrero por la decisión de fondo, uno de los letrados firmantes del pedido, el profesor de derecho constitucional Raúl Ferreyra, celebró la decisión de la Corte y la evaluó como un gran avance.
«La competencia originaria, la competencia jurisdiccional más importante de Argentina, que es amplia para la discusión federal, se abrió. Ahora, el Estado debe responder a la demanda de inconstitucionalidad», dijo el profesor y miembro de la comisión de notables que asesoró al expresidente Alberto Fernández en la reforma judicial.
En el mismo sentido se manifestó hoy el gobernador riojano, Ricardo Quintela, impulsor de uno de los principales cuestionamientos en la Corte al DNU, cuando señaló en declaraciones radiales que «nos plantean irónicamente que ‘no la vemos’, pero lo único que vemos es que hay más pobreza, hambre, desesperación y mayores dificultades para que la gente alcance el nivel de vida que tenía».
Las iniciativas contra el decreto de Javier Milei están siendo recolectadas por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, para tramitar un proceso colectivo y evitar sentencias contradictorias.
Con ese espíritu, el viernes pasado Furnari le solicitó a la Justicia del Trabajo que le envíe el amparo de la CGT y hoy, de motu proprio el juez Auge le envió su decisión de habilitar la feria para que decida si corresponde levantar el receso.
Además de los amparos mencionados, Furnari tiene en su despacho los de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, firmado además por el exdiputado Claudio Lozano, y también los presentados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Jorge Rizzo.
