La Procuradora Adjunta en materia de Género, y en lo Civil, Comercial y Laboral, Mónica Elizabeth Carmona, firmó el dictamen fiscal que se elevó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el marco del recurso de amparo que presentó la otra Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche, contra el Gobierno provincial por lo resuelto el 30 de noviembre de 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento, que dispuso suspenderla de su cargo y apartar al Ministerio Público Fiscal como órgano acusador en el jury que se abrió por supuesto mal desempeño.
La última novedad en la tramitación del amparo fue la notificación al Ministerio Público Fiscal para que se expidiera, y eso ocurrió. Junto al Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García actúan dos Procuradoras Adjuntas: Cecilia Goyeneche, que es Fiscal Anticorrupción, y Mónica Carmona, fiscal especialidad en Género. La posición de Carmona es en línea con el fallo que dictó el 25 de enero último la jueza de feria Elena Beatriz Albornoz, que hizo lugar parcialmente al amparo de Goyeneche, y tildó de «ilegítima» la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal de su función de órgano acusador en el jury. «Va a propiciar la confirmación del fallo de Albornoz», dijeron desde la Procuración.
En 2021, y tras el cese por jubilación de la Fiscal General de la Procuración General de la Provincia, Laura Gema Zaccagnini, el 12 de abril, el Procurador García dispuso la “transformación” de la exfiscalía General en una nueva Procuración Adjunta, el rango que hoy detenta Cecilia Goyeneche. Carmona fue nombrada en forma interina como Procuradora Adjunta en materia de Género, y en lo Civil, Comercial y Laboral, publicó Entre Ríos Ahora.
En junio de 2020, Carmona ya había tenía una primera designación: el Procurador la designó como «veedora» en la investigación penal que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry sobre la operatoria de los contratos tildados como «truchos» en la Legislatura de Entre Ríos durante una década, entre 2008 y 2018.
En este momento sólo hay dos Procuradoras Adjuntas, Goyeneche y Carmona, porque la tercera, Rosa Alvez Pinheiro de Acebal, se acogió al beneficio jubilatorio.
Carmona, entonces, interviene por Fiscalía en el amparo de su par Goyeneche. Pero de momento es una incógnita cuál es el tribunal que intervendrá. Goyeneche recusó a dos de los tres integrantes del STJ de feria, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio, el tercero era Bernardo Salduna. Concluida la feria, el máximo órgano debe designar a cinco vocales para expedirse sobre el amparo, pero se han sucedido una serie de excusaciones que se sumaron a las recusaciones por lo cual de momento no está claro qué magistrados intervendrán, según reveló una fuente que sigue de cerca el caso.
El 25 de enero la jueza de feria Elena Beatriz Albornoz hizo lugar parcialmente al amparo, y tildó de «ilegítimo» el accionar del Jurado de Enjuiciamiento al haber apartado al Ministerio Público Fiscal de su función acusadora, y convocar en su lugar a fiscales ad hoc. La magistrada, que sucedió en el tratamiento del recurso de amparo de Goyeneche luego de que en primera instancia interviniera el juez laboral José Antonio Reviriego, dispuso que «el órgano acusador ante el jury dispuesto a la amparista Cecilia Andrea Goyeneche sea el Ministerio Público Fiscal representado por el Procurador General en los términos establecidos por el articulo 11 de la Ley 9.283».
La Fiscalía de Estado, que se había presentado en Tribunales y había pedido que se rechace el amparo de Goyeneche, apeló la resolución de Albornoz y el caso derivó para su tratamiento ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Goyeneche fue notificada que en el trámite para su resolución interviene un tribunal de feria, conformado por los vocales Claudia Mizawak, Bernardo Salduna y Miguel Giorgio. Lo que siguió fue la decisión de la Procuradora Adjunta de recusar a Mizawak y Giorgio. A la primera, por haber sido firmante de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que abrió un proceso de jury en su contra; y a ambos, por un documento que emitió la Sala Penal del STJ en diciembre de 2020 en el que se reprochó la actuación de Goyeneche como jurado técnico del Consejo de la Magistratura.
Pero ese tribunal de feria tiene fecha de vencimiento. La feria judicial concluyó este lunes 31, y en febrero ya se retomó la actividad habitual en el Poder Judicial, y entonces será el pleno del STJ, en una conformación de 5 vocales, el órgano que deberá resolver finalmente el amparo de Goyeneche. La Procuradora Adjunta está a la espera de que le notifiquen cuáles jueces se ocuparán de su caso, para entonces volver a la carga con nuevas recusaciones, si caben.
A las recusaciones de Mizawak y Giorgio, se suma la denuncia penal que formuló contra la propia Mizawak y los vocales Martín Carbonell y Daniel Carubia. También los ha recusado en el proceso de jury a Carbonel, Carubia y Mizawak.
Aún cuando no fue recusado, la situación del vocal Bernardo Salduna -que integra como suplente el Jurado de Enjuiciamiento- quedó en situación peculiar. El magistrado, que suele tener bajísimo perfil, se mostró con inusual verborragia en torno al procedimiento de jury.
“Lo que puedo decir es que el sistema por el que se tramita todo esto, en sí, es malo. El sistema que tenemos en la ley de enjuiciamiento es malo. Debiera ser un medio ágil, rápido, eficiente y que se resolviera en un plazo que no pudiera superar los sesenta días como máximo. Acá tenemos, por ejemplo, que mandan suspender a la fiscal por un término de seis meses. Y a lo mejor se prolonga por más tiempo antes de resolver si es culpable o no. A eso, hay que sumar el tiempo anterior que ya lleva. El sistema es malo, debiera resolverse en no mas de sesenta días. No se puede tener en la parrilla a un funcionario o magistrado tanto tiempo, eso causa un enorme daño, personal, y, más importante, institucional”, declaró Salduna al programa radial El colectivo (Mitre Concordia 101,1).
Dijo más todavía: “Es una situación anómala, y yo la he señalado cuando a mi me tocó presidir, por dos años, el Jurado de Enjuiciamiento. Yo revisaba las denuncias que entraban y, en algunos casos, las rechazaba in limine, es decir, por un decreto de Presidencia, sin dar intervención al resto de los jurados. Esto lo hacía cuando veía que las supuestas denuncias no tenían mayor asidero, no podíamos tener a un juez, que un abogado porque le fallaban en contra, metía una denuncia ante el jurado, y con el sistema que tenemos pasaban varios meses, a veces un año o más con un jury abierto. En ocasiones ocurría que esto le quitaba puntaje, por ejemplo, para presentarse a un concurso. Algunos me criticaron , pero yo estoy convencido que hice bien”.
FUENTE: Análisis Digital
