Ayer no parecieron surgir elementos contundentes para la acusación. La defensa busca demostrar que siempre los subsidios se entregaron igual.
Se realizó ayer una nueva audiencia del juicio en el que se analiza la conducta del exintendente de Crespo Ariel Robles por el supuesto delito de peculado que se habría concretado en la entrega de materiales de construcción a cambio de apoyo electoral en 2015, cuando buscaba su reelección frente al actual intendente Darío Schneider, quien lo denunció.
Uno de los testigos fue el exintendente peronista Juan Carlos Brambilla, un empleado municipal que gobernó Crespo entre 2003 y 2011, y de quien Robles fue secretario de Obras y Servicios Públicos. Propuesto por la defensa, Brambilla –un hombre servicial y campechano– no tuvo mayores problemas con las preguntas que le formuló el defensor Miguel Cullen. Señaló que algunas veces el municipio se acercaba a la gente con necesidades porque la sociedad crespense “es muy competitiva” y para muchos está mal visto recibir ayuda social.
Cachi dejó el cargo en 2011, cuando ya no podía ser reelecto, dado que aún no se había reformado la Ley de Municipios. En ese momento no había casi crespense que no considerara que de haber podido presentarse hubiera sido elegido otra vez. En cambio, ya entonces la candidatura de Robles anticipaba los problemas para el peronismo, como dan cuenta publicaciones de UNO de la época. Brambilla apoyó a Robles recién cuando este se convirtió en el candidato del oficialismo.
Algunos de estos aspectos políticos constituyeron buena parte de la audiencia de ayer. Brambilla admitió que la entrega de materiales “se utiliza mucho en campaña política,… se ayuda. Todos los gobiernos lo hacen, pero nadie inventa nada, hay una necesidad que uno lo está viendo”. Sin embargo se pronunció en contra de “hacer política con la indigencia”, no solo por considerarlo una actitud negativa; sino también “porque muchas veces uno puede perder más de lo que va a ganar, ya que muchas veces no está bien visto que alguien recurra al municipio por ayuda, por las características de nuestra ciudad”.
Y contó que en sus gestiones, cuando se aproximaba la época electoral, optaba por suspender este tipo de subsidios.
La declaración del exintendente se complicó cuando fue interrogado por los fiscales, de apellidos Badano y Bongiovanni. Algo de sordera del veterano dirigente crespense y la ambigüedad de las consultas le hicieron pasar un mal momento. Preguntas como si Robles había sido su continuidad política, para deducir de allí si resultaba entonces creíble que Brambilla sostuviera que no sabía si se habían entregado materiales de construcción en la campaña de 2015 no terminaban de ser interpretadas por el testigo, que acusa además cierta dificultad auditiva.
Un trato cortante e imperativo para que se ciñera a responder “por sí o por no” preguntas que en algunos casos tenían una clara carga subjetiva caracterizaron esa parte de la declaración. El presidente del tribunal también lo amonestó severamente cuando quiso profundizar alguna explicación.
Así el fiscal le preguntaba si le parecía razonable ayudar con materiales a quien quería instalar una pollería, y el exintendente trataba de responder que no es lo mismo un gran comercio que un vecino que hace pollos para la venta en el fondo de su casa, y la cosa terminaba en reprimenda.
Posiblemente los fiscales no estén obligados a conocer a todas las personas, pero podrían suponer que el común de los mortales, al sentarse en el banquillo, aunque sea como testigo, tiene necesidad de responder lo que preguntan, y no siempre la respuesta es por sí o por no.
Otra vez el reto cuando le preguntaron si estaba bien entregar un subsidio para hacer el segundo baño de una casa y Brambilla se atrevió a responder que eso podía depender de la cantidad de gente y el estado de salud de quienes habitaran la vivienda.
Incluso hubo algunas intervenciones de uno de los fiscales que parecían apuntar claramente a que Brambilla se autoincriminara por alguna situación de su gestión, que no está puesta en duda ni denunciada.
Hubo preguntas sobre hipótesis: ¿Sería válido que (en una gestión municipal) no haya controles? sobre el uso de los subsidios. O ¿Sería válido que en la solicitud el ciudadano (que recibe el subsidio) dijera que un funcionario le prometió la entrega de materiales? O ¿Podría un funcionario público prometer bienes públicos a un ciudadano? Situaciones a las que Brambilla debía responder por sí o por no solamente, estableciendo una valoración sobre supuestos que a criterio de Fiscalía pudieron producirse en la gestión Robles.
Ya en 2014 UNO publicó varias notas sobre reproches de presuntos manejos irregulares contra Robles, que incluso algunos concejales del justicialismo le formulaban. No es novedad tampoco para los crespenses que tras su asunción Robles fue despegándose políticamente de su antecesor.
En 2015, cuando Robles fue derrotado por Schneider, lo que podía anticiparse varios meses antes de las elecciones –también como publicó UNO– muchos ciudadanos de Crespo consideraban que el único que podía ganarle era Brambilla. El viejo empleado municipal nunca dijo que tuviera esa intención, pero estaba claro que si ocurría, Robles estaba dispuesto a impedirlo.
Luego dieron testimonio Claudia Gartner, una empleada del Concejo Deliberante de Crespo; y Virginia Stricker, quien estuvo a cargo del Área de Relaciones con la Comunidad durante la gestión de Robles.
El periodista Javier Fontana, actual concejal justicialista y exfuncionario de Robles, también fue citado por la defensa. Se refirió a la modificación de la ordenanza que regula la entrega de subsidios, aprobada tras la asunción de Schneider en 2015. Esa norma fue tratada sin la presencia del PJ en el recinto, dado que los concejales peronistas (en rol de opositores) habían pedido al intendente la auditoría encargada a la Universidad Nacional del Litoral para detectar posibles irregularidades/ilícitos de la gestión Robles. Schneider no les entregó copia; y envió la modificación de la ordenanza al Concejo. El día en que se trataría ese proyecto, Schneider se presentó en el recinto del Concejo para “explicar” la auditoría que los ediles opositores no habían podido ver, pero que según se señaló, ya había sido entregada a algunos medios de comunicación.
El reconocido conductor radial recordó que por esa razón la oposición no asistió a la sesión. Cullen volvió a hacerle preguntas previsibles y luego uno de los fiscales requirió en dos oportunidades la respuesta al por qué del faltazo. “Usted no concurrió a la sesión, pese a que estaban pidiendo conocer” (la auditoría) señaló, a lo que Fontana respondió que solicitaban acceder al documento, no que el intendente se los contara.
Unos pocos minutos después el fiscal volvió sobre el tema de la inasistencia de la oposición a aquella sesión del Concejo (que igualmente se realizó). Y le preguntó: “¡Usted se sintió legitimado legalmente a no sesionar?”, por la discrepancia con Schneider. “¿A quiénes representan entonces los concejales?”, repreguntó. Al pueblo, contestó Fontana.
Posiblemente estos párrafos de los interrogatorios buscaban determinar si Schneider planificó la denuncia y para fortalecerla generó un clima político propicio, o si Robles intentaba victimizarse. O alguna otra cosa que resulta esquiva a quien sigue el juicio por Youtube.
Es claro que toda actuación humana tiene un contexto en el cual se desarrolla, y que en gran medida le da la carga de bondad o maldad que, según la legislación del caso, determina incluso que se la tipifique como un delito. Pero cuestionar una conducta política de un bloque, es decir varias personas, tomada posteriormente a los hechos investigados (cuando Robles ya no era intendente) representa un desafío al entendimiento de los observadores del proceso. ¿Qué hubiera cambiado de la acusación contra Robles si en 2016 el bloque de concejales del PJ de Crespo decidía concurrir a la sesión a la que no fue, y en la que no hubiera tenido los votos suficientes para evitar la modificación de una ordenanza que reguló hechos que no están siendo juzgados?
Lo cierto es que cuando se conozca el alegato de la Fiscalía y la valoración de la prueba que haga el tribunal (Vírgala, Pimentel y Grippo) podrá saberse si esas preguntas tenían relación con los hechos investigados.
FUENTE: UNO
