Fue interceptado en el puesto caminero del Túnel Subfluvial cuando volvía con su hija de unas vacaciones en Mar del Plata en un vehículo oficial. El fiscal pidió que sea llevado a juicio, mientras que la defensa requiere el sobreseimiento.
En los Tribunales de La Paz tramita una causa en la que se discute si un policía debe ser llevado a juicio acusado de haber utilizado un vehículo oficial para irse de vacaciones. El caso se abrió en febrero de 2019. Tres años después, el Ministerio Público Fiscal pidió que el uniformado sea llevado a juicio oral y público por el delito de peculado y pidió 3 años y 6 meses de prisión.
El acusado es Sandro Gazali, exsubjefe de la Departamental La Paz de la Policía de Entre Ríos. Se le endilga que el 9 de febrero de 2019 fue interceptado en el puesto caminero del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une a Paraná con Santa Fe, cuando volvía con su hija menor de unas vacaciones en Mar del Plata en un vehículo oficial de la Jefatura Departamental, marca Chevrolet.
El jueves último se realizó la audiencia de elevación a juicio ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo. En la ocasión, el fiscal Oscar Sobko pidió que Gazali sea sentado en un banquillo, con una pena en expectativa de 3 años y 6 meses en suspenso.
En tanto, el abogado defensor Juan Marusich pidió el sobreseimiento de su cliente y apeló al fallo “Cozzi”, que el 6 de diciembre de 2021 dictó la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Aquel fallo sentó un precedente en la provincia y preocupa al Ministerio Público Fiscal. Se estableció que la Fiscalía debe cumplir con un plazo para investigar en los términos del artículo 223 del Código Procesal Penal. Dicho artículo establece que para seguir investigando se debe solicitar prórrogas. Antes de este fallo, en los Tribunales se consideraba que el plazo sólo era “ordenatorio”.
El defensor del exsubjefe Gazali comentó: “Nuestro planteo fue el pedido de sobreseimiento basado en la extensión excesiva de los plazos, en función del fallo ‘Cozzi’ del STJ. Allí se hace un entendimiento del artículo 223 del Código de Procedimiento con el artículo 192, y entiende que los plazos son perentorios”.
“Si sale desfavorable (el fallo) la vamos a apelar. Y seguro que la Fiscalía, si sale desfavorable para ellos, también la va a apelar”, señaló al portal Entre Ríos Ahora.
Explicó que “la Fiscalía pide llevar el caso a juicio con una pena en expectativa elevada de 3 años y 6 meses. Consideramos que se debe dictar el sobreseimiento y en subsidio indicamos que no es la persona a la que le habían asignado el automóvil, sino que era el Jefe Departamental de ese momento. También citamos el plazo razonable en los proceso penales, con basamento en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Un caso similar, archivado
La causa del comisario Gazali es similar a la que enfrentó Oscar Balla, exsecretario de Trabajo de Entre Ríos, quien debió renunciar en octubre de 2018 luego de que se descubriera que utilizó un vehículo de esa repartición para un viaje a la localidad mendocina de Maipú en el que participó como presidente de la Liga de Veteranos de Fútbol de Entre Ríos. El viaje lo realizó con la camioneta Toyota Hilux perteneciente a la repartición a su mando. A Balla, por entonces, se lo acusó del delito de peculado de servicio, pero su situación judicial terminó archivada.
Al archivar el caso, el Ministerio Público Fiscal entendió que “nuestra legislación penal, a diferencia de otros ordenamientos regionales, no tipifica el llamado ´peculado de uso´, es decir, no sanciona el empleo de bienes públicos con fines diversos a los administrativos, con lo que la mera utilización resulta impune, debido a que no puede considerarse que tales casos constituyan sustracción”.
