Finalmente, el Gobierno autorizó una suba del 9% en las tarifas de electricidad desde este 1 de mayo para las distribuidoras Edenor y Edesur, imponiéndose el criterio del equipo económico, pese a que desde el kirchnerismo durante la tarde del viernes salieron a desacreditar esa información, al asegurar que el aumento iba a ser del 8%. Esta situación expuso la grieta dentro del oficialismo, que vive en plena tensión porque hay miradas distintas respecto al manejo del esquema tarifario.
Mediante sendas resoluciones 106 y 107 publicadas como suplemento en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convalidó el incremento del 9% propuesto por la Secretaría de Energía en el marco del proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral – Régimen de Transición del servicio de Distribución de energía eléctrica iniciado en diciembre de 2020.
El 19 de enero de este año el propio ENRE inició el procedimiento para establecer un Régimen Tarifario de Transición hasta tanto se arribe a un acuerdo definitivo de renegociación con ambas distribuidoras. Como el proceso de negociación entre el Estado y las compañías sigue abierto, fuentes oficiales no descartan que antes de fin de año haya otro incremento.
Ahora, con el ajuste aprobado a Edenor se le reconoce un incremento del Costo Propio de Distribución (CPD) del 20,9%, representando un 46% de la facturación total estimada de la empresa, y a Edesur del 21,8%, lo que equivale al 44% de la facturación total calculada por la distribuidora.
Según pudo saber Ámbito el aumento tarifario se terminó de definir en una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En ese mismo encuentro, se dispuso pedirle la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, algo que finalmente no ocurrió por la oposición del ala kirchnerista del Gobierno que hizo fuerza para que el funcionario siga en su cargo.
Volviendo al incremento tarifario, en los considerandos de las resoluciones, el ENRE indica que la pauta de aumento tiene fundamento en que a la emergencia económica, sanitaria, y energética declarada por la Ley N°27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, se le sumó la pandemia del coronavirus.
En ese sentido, recuerda que tales circunstancias han ocasionado un deterioro significativo en el año 2020 de la actividad económica, que tuvo una caída de 9,9% respecto de 2019. Y agrega que los indicadores sociales muestran un preocupante incremento de la pobreza particularmente en los aglomerados urbanos del gran Buenos Aires.
Ante este panorama señala que la prioridad “es acompañar a los sectores populares y a la clase media propiciando la reactivación de la actividad económica y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. En ese contexto, el servicio eléctrico es un pilar indispensable para el crecimiento económico y el desarrollo productivo”.
Además, el ENRE advierte que, de haberse mantenido el esquema tarifario establecido en 2016 por el macrismo, a febrero de 2021 los usuarios residenciales habrían tenido que afrontar un 168% de aumento en sus facturas, entre 116% y 130% los comercios, y entre 128% y 139% las industrias.
Con este incremento del 9% se levanta el congelamiento de las tarifas eléctricas que estaba vigente desde diciembre de 2019 con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La última prórroga del congelamiento se definió en diciembre de 2020, en donde además el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación de las tarifas de la luz y el gas, que tiene al ENRE y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.
FUENTE: Ámbito
