Este viernes 29 de diciembre, ENERSA anunció una modificación en el cuadro tarifario de energía eléctrica que afectará a todos los segmentos de consumo a partir del 1º de febrero de 2024. La medida, implementada a través de la Resolución N° 183/23, establece un aumento del 18,4%, siendo esta la segunda etapa de la recomposición tarifaria originada por la Resolución EPRE 2019 del año 2022.
“Durante los últimos cinco años, tanto ENERSA como otras distribuidoras eléctricas del país han experimentado congelamientos tarifarios que han impactado negativamente en sus planes de inversión para el mejoramiento de los sistemas energéticos”. Esta actualización, según lo expresado por el Ente Regulador, “es imperativa para mantener un servicio de calidad, especialmente ante la previsión de nuevas olas de calor y fenómenos climáticos en la temporada estival”.
En términos concretos, un usuario del segmento N2 (menores ingresos) que consume 300 kW/h por bimestre y paga actualmente $3.890 mensuales, verá un aumento a $5.045 a partir de febrero. Mientras tanto, un usuario del segmento N1 (altos ingresos) que consume 400 kW/h por bimestre y abona $11.527 al mes, enfrentará un incremento a $13.068. Es importante destacar que estas cifras son aproximadas y pueden variar según las cargas impositivas locales.
“Según un informe del INDEC, el segmento N1 está compuesto por usuarios con ingresos que superan los $1.366.000 mensuales, equivalentes a 3,5 canastas básicas. A pesar de estos ajustes, estos usuarios continuarán abonando menos del 1% de sus ingresos en sus facturas mensuales de electricidad”, se ha indicado desde ENERSA.
A su vez, desde la empresa se ha señalado que sus tarifas se mantienen en línea con otras distribuidoras de la región. Además, resalta que un 30% del importe de la factura final está compuesto por el componente impositivo, sobre el cual ENERSA no tiene control. Este componente incluye el IVA (21%), la Contribución Municipal (8,69%), la Tasa Municipal (que puede llegar al 16%), y el FDEER (entre un 13% y un 18%). Este último, mediante el Decreto 256/23, ha sido nuevamente suspendido por la actual gestión provincial.
