El Senado dio luz verde con consenso este martes al proyecto de ley que otorga facultades al Ejecutivo para renegociar obras públicas y viales. Pasa a Diputados.
El Senado entrerriano aprobó este martes por la noche por unanimidad el proyecto de ley del gobierno de Rogelio Frigerio que declara el estado de emergencia pública económica y financiera en materia de obras y servicios públicos en la provincia hasta el 31 de diciembre de 2024.
De esta manera, el Poder Ejecutivo podrá «revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obras públicas y servicios públicos, cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública o a los servicios públicos y sus intereses, conforme las posibilidades presupuestarias y financieras».
El proyecto también declara la emergencia del estado de conservación de la infraestructura vial. Contaba con dictamen de comisiones y había sido propuesto para debatirse sobre tablas. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para su discusión y votación definitiva.
Para su tratamiento y explicación habían sido citados al Senado Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de la Provincia; Darío Schneider, ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios; y Exequiel Donda, director Provincial de Vialidad.
El proyecto original enviado a la Cámara Alta desde el Ejecutivo buscaba la emergencia durante un año a partir de su vigencia y la opción de prorrogarse por seis más una vez concluido ese plazo. La pretensión se topó con un límite que puso la oposición peronista, que redujo ese alcance hasta el 31 de diciembre de este año. A partir de esa fecha, si el gobernador Frigerio quiere contar nuevamente con las herramientas que le otorga la emergencia, deberá elevar un nuevo proyecto a la Legislatura.
La ley deja exceptuadas de la emergencia a los contratos de obra pública del Estado Provincial que cuenten con financiamiento de organismos internacionales.
A partir de la emergencia los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, y autónomos, podrán revisar, rescindir o renegociar los contratos de obras y servicios públicos celebrados con anterioridad. Podrán hacerlo «unilateralmente o de común acuerdo» con las empresas, siempre que fundamenten razones de «oportunidad, mérito y conveniencia».
El proyecto también habilita a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Entre Ríos a suspender o «neutralizar» los plazos de obra.
Además, cuando como consecuencia de la emergencia se rescindan contratos de obras o de servicios públicos solo se indemnizará al contratista por del rubro correspondiente al daño emergente, «no pudiendo abonarse otros conceptos indemnizatorios».
Una vez que la ley reciba sanción definitiva el gobierno de Frigerio podrá cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros derivados de operaciones de crédito de la Provincia.
