El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para reformar y mejorar la formación de los docentes. Es un problema histórico en el país, que impacta en la calidad educativa y que, aunque hubo planes en el pasado, ninguna administración pudo resolver por el costo político que implica transformar los más de 1300 profesorados que hay en toda la Argentina.
El ministro Nicolás Trotta afirma que este es el momento de avanzar, por el contexto de pandemia que «revalorizó la escuela». Dice que lo hará “construyendo consensos” con las provincias y los “actores del sistema educativo”; y con el “acompañamiento” del financiamiento por parte del Estado nacional.
Pero otras veces desconfían: piden participar en el diseño de la ley, reclaman al menos un borrador y advierten que los cambios que se requieren son de fondo y que no se trata sólo de incrementar aún más la oferta de profesorados.
Algunas cifras dan una idea de la magnitud del problema. Con 34 profesorados por cada millón de habitantes, la Argentina es hoy uno de los países con más institutos de formación docente por persona, de acuerdo a datos del Observatorio Argentinos por la Educación. Más del 60% de esta oferta es estatal y están a cargo de las provincias, quienes pagan los salarios. Sin embargo, a pesar del esfuerzo económico que todas ellas hacen, los resultados no siempre acompañan desde lo educativo.
Hay un problema de eficacia. En promedio, más del 55% de los alumnos abandona en el primer año y un 19% deja en el segundo. La mitad de los institutos tiene menos de 250 estudiantes y un 25% menos de 100, con comisiones muy reducidas en los últimos años. En esto se señala las dificultades con la que llegan los alumnos desde el secundario.
También hay un problema de calidad. Pocos profesorados se especializan en áreas prioritarias como ciencias duras o idiomas No hay examen final de acreditación, y hay consenso entre los especialistas sobre la baja formación que ofrecen muchos de ellos.
Pero no es solo eso. Además se habla de una falta de coordinación de semejante sistema expandido por todo el país. Más que a un planeamiento educativo, los institutos responden -muchas veces- a las necesidad de algunos legisladores o intendentes de crear ofertas educativas que atiendan la demanda de los jóvenes de seguir estudios superiores sin los costos de trasladarse a otro lugar.
Hay mucha resistencia al cambio y, para evitar costos políticos, todo queda como está.
El proyecto oficial
Frente a este panorama, el Gobierno nacional prepara un proyecto de ley con el que -dicen- buscarán mejorar la formación docente en todo el país. Bajo la coordinación de María Inés Vollmer -titular del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) -, la ley de “formación y carrera docente” ya está redactada. En estos momentos están terminando de definir los últimos detalles. Según supo Clarín, la intención es presentarla al Congreso a finales de julio.
La idea del Gobierno es “reconvertir” los institutos: mejorar la formación docente que brindan y, además, transformarlos en “institutos tecnológicos”, que capaciten a los jóvenes para encontrar otros tipos de trabajo. El borrador estará listo a fin de mes.
“Buscamos que todos los institutos converjan en una realidad de cierto umbral de calidad en la formación de nuestros maestros. Y eso no lo vamos a dejar librado a cada instituto. Queremos marcar un horizonte, con acompañamiento del Estado nacional en cuanto al financiamiento”, dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta a Clarín.
“Sabemos que va a implicar alguna tensión. Pero no podemos dar la discusión de la calidad educativa si no avanzamos en un debate en el Congreso Nacional que incluya nuevos derechos y obligaciones”, agregó Trotta, quien dice que este tema ya lo viene conversando con los sindicatos docentes.
Cecilia Veleda fue la titular del INFoD durante el gobierno anterior y dice que nunca la consultaron para este proyecto. Sostiene que le parece “excelente el concepto” de lo que se está proyectando, que lo acompañaría al cien por cien, pero también le gustaría que la invitaran a participar del diseño, habida cuenta de su experiencia en el espacio formador de docentes.
Trotta, en tanto, habla de jerarquizar la profesión docente, pasando los profesorados al ámbito de la educación superior. También dice que los cambios serán acompañados por “un marco salarial que sea un reflejo de la trascendencia que le queremos dar a nuestra escuelas”.
“Si pretendemos una escuela robusta, con capacidad de respuesta, tenemos que trabajar con los maestros en su jerarquización en el rol social que tienen, y eso va de la mano de la formación, del acompañamiento de una carrera profesional a lo largo toda su trayectoria, pero también en la dimensión del salario”, afirma.
Desconfianza
Entre los expertos que más desconfían de las intenciones del Gobierno, están quienes dicen que éste no es un momento macroeconómico ideal para una expansión. Sobre todo, teniendo en cuenta que no existen evaluaciones serias del sistema, ni de los conocimientos con los que salen los futuros maestros de los profesorados, ni sistemas de información que sigan la trayectoria educativa de cada estudiante.
“Sin datos ni metas claras no se puede mejorar”, afirman. El gobierno anterior había implementado una evaluación final de los estudiantes, pero el operativo fracasó porque los mismos estudiantes no respondieron la prueba.
Clarín le preguntó a Trotta si piensan en evaluaciones finales. “Eso es metodológico, lo estamos debatiendo. Lo que tenemos que lograr es una convergencia en la calidad de la formación que tienen todos los institutos”, dijo.
Pero, ¿cómo se logra?
– Vamos a trabajar en eso. No me quiero adelantar a conflictos que vamos a tener. Estamos planteando un acompañamiento por parte del Estado de los requerimientos que tiene que tener cada instituto.
Otra cuestión a resolver es cómo se articula y unifica la formación docente en todo el país, como pretende el Gobierno nacional. Sobre todo teniendo en cuenta que jurisdicciones como Ciudad, Mendoza y Jujuy ya avanzaron con sus propias reformas.
Hay consenso en que el actual contexto de pandemia es propicio para pensar en esta reforma. La educación volvió a ganar espacio en la agenda de las preocupaciones cotidianas de los argentinos. Habrá que ver si es suficiente para logra un cambio tantas veces demorado.
El conflictivo antecedente de la UniCABA
A muchos les parecerá que esta propuesta oficial es parecida al proyecto de la UniCABA, la universidad de formación docente impulsado a partir de 2017 por el Gobierno porteño y que generó un largo conflicto con los profesorados porteños.
En el proyecto original, aquella universidad iba a reemplazar a los institutos de formación docente del distrito, pero finalmente -tras el conflicto- la ley salió con cambios: la nueva casa de estudios deberá complementar a los profesorados y, además, ofrecerá otras carreras, vinculadas a la gestión pública y la áreas prioritarias de la Ciudad.
El Gobierno nacional ahora no habla de crear una universidad sino de reformar los institutos existentes y jerarquizarlos. Para eso, afirman, los empezarán a regular como parte de la educación superior, en un marco común junto a las universidades.
Sala de 3 obligatoria, otra deuda pendiente
Entre los especialistas también hay consenso sobre la necesidad de fortalecer la educación inicial en el país. Todas las investigaciones muestran que los estudiantes que pasaron más años en jardín de infantes obtienen luego mejores resultados en su trayectoria educativa y en su vida adulta en general. Además, es una de las políticas más igualitarias que existe. Hoy, los chicos pobres, de las provincias con menos recursos, son los que menos acceso tienen a una sala de 3 de calidad. En todo caso, van a centros de cuidados que no forman parte de un programa educativo.
Otra forma de ver las desigualdades para los chicos -pero también para los padres- es a partir del tipo de oferta de jardín de infantes que hay en el país. El inicial es hoy el nivel educativo más “privatizado”: uno de cada tres chicos que va al jardín lo hace en uno privado. Para los especialistas, el principal motivo de esa “privatización” no es la oferta pedagógica ni alguna otra consideración, sino la falta de suficiente oferta estatal.
Son muchas las voces que señalan la necesidad de que la sala de 3 sea obligatoria por ley. Esto no hará magia -afirman-, no logrará que al instante todos los chicos de 3 años tengan escolaridad de calidad. Pero condiciona al Estado para que inviertan en la construcción de jardines y en los salarios para los profesionales. La sala de 5 es obligatoria desde 1993 y ahora está casi universalizada en el país. La sala de 4 se hizo obligatoria en 2014 y a partir de entonces se expandió en forma sostenida.
Desde el macrismo habían presentado un proyecto de ley en 2016 cuando el ministro de Educación era Esteban Bullrich. Pero no pudo avanzar en el Senado por la indiferencia de muchas provincias.
Ahora, el Gobierno nacional dice que volverá con la cuestión. Lo pondrá como una de las metas a cumplir dentro de una nueva ley de financiamiento educativo que presentarán y que, al 6% del PBI para la enseñanza básica le agregarán otros 2% para la educación superior.
FUENTE: Clarín
