El episodio violento que se registró en los Tribunales de la capital provincial y sus adyacencias, motorizado por una patota embanderada con consignas en contra del ex gobernador Sergio Urribarri y de reivindicación de la ex funcionaria judicial Cecilia Goyeneche, quebrantó los límites de la convivencia democrática en la provincia lo que exige una respuesta contundente y clara de las instituciones para mantener el Estado de Derecho en Entre Ríos.
Por Juan Bracco:
Durante la mañana y el mediodía del viernes, un grupo de personas provenientes de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense irrumpió en la audiencia donde se debatía la apelación fiscal a la decisión de primera instancia de sobreseer a Urribarri y a otros ex funcionarios en una causa donde se investigó la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
La patota, autoproclamada libertaria y republicana, agredió durante la audiencia a los abogados defensores del ex mandatario con total impunidad, exhibiendo carteles contra Urribarri y reclamando la reincorporación a su empleo de Goyeneche, filmando y fotografiando a los letrados de la defensa en un claro gesto intimidatorio.
El juez Elvio Garzón, quien como integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones llevaba adelante la audiencia, tuvo una actitud llamativamente contemplativa contra estos ataques. Este grado de tolerancia, rayana con la impunidad, no es ni por asomo la costumbre en los juzgados entrerrianos, donde la Policía secuestra desde pancartas con la sola leyenda “Justicia” a celulares para evitar su uso y no escatima el uso de la violencia física para retirar del recinto a familias humildes que han sido víctimas de algún crimen.
Parece ser que, para el magistrado, el principio de que todos somos iguales ante la ley se traduce en los hechos en que algunos son más iguales que otros.
Las agresiones continuaron a la salida de la audiencia. Un video que los propios agresores subieron a sus redes sociales muestra cómo insultan al Dr. Raúl Barrandeguy. “Se están muriendo y siguen defendiendo la corrupción”, le espeta al letrado una de las integrantes de la patota.
Barrandeguy, además de ser un hombre de ley, es un hombre de la democracia, defensor del Estado de Derecho. Con sus defectos y virtudes, como cualquier persona que transite por este mundo, ha ejercido durante décadas la abogacía en la provincia, es un militante político comprometido con los derechos humanos, ejerció cargos en gobiernos electos a través de las urnas y él mismo fue honrado por su pueblo como convencional constituyente y como diputado nacional.
Barrandeguy no se merece el destrato de padeció. Tampoco el silencio cómplice ni la indiferencia cobarde ante la agresión por la que optaron quienes han estado a su lado tanto tiempo. Esta actitud ni siquiera es tolerable en aquellas personas que presumen poder capitalizar lo ocurrido en función de sus intereses particulares.
El grupo de atacantes hostigó por los pasillos de tribunales al abogado ante la exasperante actitud pasiva de la Policía que parecía más acompañar a los agresores que proteger al agredido. No conforme con eso, la patota lo persiguió insultándolo hasta su estudio que está a una cuadra de Tribunales. Y luego, remedando las acciones del Nacional Socialismo alemán, atacó el frente de su lugar de trabajo pegando carteles con consignas injuriosas que también utilizaron para dañar propiedad pública municipal.
Palabras y hechos
La actitud cobarde de esta patota está más allá de cualquier acción tolerable en los márgenes de la democracia. Al romper el principio de convivencia, al transformar al eventual adversario en enemigo a quien destruir, al incorporar la violencia como forma de intervención política, se quiebra el pacto social democrático instituido a partir de 1983.
Este suceso, además de palabras y expresiones cargadas de buena voluntad, requiere que las instituciones de la democracia, con la ley en una mano y con la autoridad en la otra, realice acciones concretas para proteger la convivencia social y el Estado de Derecho
¿Qué hará la Justicia con la actitud de Garzón para con estos violentos durante la audiencia? Una oportuna acción del juez hubiese evitado todo lo que sucedió después. Y también habría aventado el cono de sombras que se proyecta ahora sobre su figura y sobre cuál será su temperamento a la hora de resolver el caso que quedó en sus manos ¿Actuará conforme a derecho o intimidado en su fueron personal, con el temor latente de ser él la próxima presa de este grupo totalitario?
¿De qué forma accionará el Gobierno provincial con los y las agentes policiales que no cumplieron con su deber ante la agresión de la que fue víctima Barrandeguy y el resto de los defensores? ¿Tendríamos que estar lamentando un hecho de sangre para que rompiesen con la abulia con la que se movieron? ¿Es tal el nivel de autogobierno de la fuerza de seguridad que ha llegado a ser impune ante hechos evidentes de incumplimiento de sus funciones?
¿Cómo reaccionará la Legislatura? ¿Cumplirá con su deber constitucional de ser un Poder del Estado que debe actuar de contrapeso ante los excesos y defectos del Poder Judicial o seguirá ensimismada en su propia dinámica y encerrada en la vanidad caprichosa de las redes sociales?
Continente y contenido
La democracia es condición de posibilidad de todas las garantías, derechos y obligaciones que como ciudadanos particulares y como sociedad tenemos. Fuera de la democracia no hay república, no hay instituciones: es el reino del sálvese quien pueda y del imperio de la ley de la selva donde el más fuerte somete al más débil.
Este marco de garantías es el que permite que conceptos como el debido proceso, las garantías de defensa en juicio, el principio del juez natural y otros tengan raigambre. Esto, que parece una verdad de Perogrullo, debe ser remarcado a algunos operadores judiciales que buscan romper con la democracia pero juegan con estos términos en el tablero de sus intereses mezquinos, chillándolos muchas veces en cocoliche para atribuirse intelectualmente una estatura que, de otros modos, no alcanzan.
Tanto el sobreseimiento de Urribarri como la destitución de Goyeneche son decisiones que la democracia y las instituciones del Estado de Derecho pueden revisar, revertir o confirmar. Para eso se han previsto mecanismos e instancias. La alternativa es hacer tierra rasa con todo, lo que equivaldría a talar un bosque para hacer un escarbadiente. Lamentablemente, hay un sector del poder real y de la sociedad que, en las sombras, actúa en este sentido. Lo último que, con desparpajo, han anunciado es la confección de «listas negras» para identificar a quienes no se plegaron a la postura que visibilizó esta patota y, llegado al caso, tomar en consecuencia reprimendas.
El pueblo argentino y el pueblo entrerriano ya conocen la alternativa antidemocrática y sus consecuencias luctuosas y ha dado una respuesta unívoca: Nunca Más. (APFDigital).
