Algo que debió ser un paliativo por un período acotado se prolongó y arraigó; así se limitaron las posibilidades de desarrollo de una vasta porción de la población.
POR LA NACIÓN
El 55% de los argentinos estuvo alcanzado por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. Lejos de ser la respuesta esperada de un Estado eficiente y presente, esto no habla más que de la desidia de una clase política que solo ve en las poblaciones más vulnerables usinas de votantes y marchantes.
La perpetuación de esta práctica solo termina generando una funesta dependencia. Para más de una generación, recibir asistencia es ya el único modo de enfrentar su día a día, alejados de la sana cultura del trabajo.
Lo que debió ser una respuesta para un período acotado se prolongó y arraigó, coartando las auténticas posibilidades de desarrollo y productividad de quienes pasaron a depender de estas dádivas manejadas con criterios clientelistas, muchas veces para negociar apoyos políticos, acallar reclamos e incluso para desestabilizar a funcionarios.
Hacer foco en la cantidad de planes, el porcentaje de población que los recibe o la cantidad de dinero que el Estado destina a estas ayudas económicas es seguir errando la mirada. Programas de asistencia económica mensual y continuada, entrega de medicamentos, atención médica, protección a menores de edad o embarazadas, y asignaciones a jóvenes o a mayores en manos de punteros solo victimizan a sus destinatarios, sin resolver la causa de sus males. La famosa Caja PAN (Programa Alimentario Nacional) de ayuda alimentaria, que se otorgó durante el gobierno de Raúl Alfonsín, alcanzó a unos 5,6 millones de personas, lo que representaba al 17% de la población de ese momento. El plan Jefas y Jefes de Hogar, implementado por Eduardo Duhalde en 2002, llevaba ayuda económica a dos millones de familias. Por ese entonces, la pobreza superaba el 50%, circulaban en el país cuasimonedas y el trueque era un mecanismo que permitía llevar comida a la mesa de muchos.
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reporta que aproximadamente 22 millones de personas reciben hoy un programa alimentario. La mayoría percibe también otros como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo. Un “festival” que puede sumar además una larga lista de beneficios provinciales y municipales. La cantidad de habitantes de la Argentina que perciben una ayuda estatal se ha multiplicado escandalosamente por 10 en los últimos 19 años, una erogación de 11,5 millones de pesos por hora.
Con motivo de la festividad de San Cayetano, patrono del trabajo, monseñor Oscar Ojea afirmó que “en el trabajo está la vocación más noble del hombre y su suprema dignidad, pero hoy esta dignidad está herida”. Preocupado por la desocupación, las pérdidas de trabajo y las angustias de muchos “en una situación casi desesperante”, destacó también que las ayudas sociales tienen que ser “siempre provisorias”. No faltaron las advertencias sobre el daño que infligen el trabajo mal remunerado y el trabajo esclavo, así como la necesidad de reflexionar sobre un “salario universal” que pueda reconocer a la inmensa cantidad de trabajadores informales que buscan ganarse la vida de cualquier manera. En su ruego, Ojea pidió para que los empresarios, los trabajadores, los de la economía popular y los muchos desocupados lleguen a un entendimiento que permita a la Argentina salir a flote.
Los argentinos estamos todos en un mismo barco, cualquier agujero en el casco nos afecta a todos. No podemos tampoco aferrarnos a prejuicios sobre que nadie quiere trabajar. Como bien reflexiona el padre Rodrigo Zarazaga, ningún vago empuja un carro 12 horas o toma un colectivo a las 4 de la mañana para ir a hacer una changa. No hay derecho moral a poner a todos en la misma bolsa cuando, además, la falta de trabajo golpea con fuerza. Cualquier persona que sufre necesidad es un sujeto de derecho. Es tiempo de desarticular discursos que afirman la propia identidad en oposición al otro y trabajar juntos de cara al futuro.
Cuando quienes nos gobiernan dejen de confundir medidas de corto plazo con soluciones estructurales, y entiendan que para fortalecer el entramado social se necesita generar trabajo y promover inclusión mediante la educación, recién entonces podremos pensar en asegurar condiciones de vida dignas para todos.
FUENTE: La Nación
