Mientras volvieron a quedar en el olvido las promesas de recambios en la política, se afianzaron los viejos vicios para eternizarse en el poder.
POR LA NACIÓN
Los argentinos asistiremos el 12 de septiembre a un nuevo proceso electoral como si nada hubiera pasado en el país. Los viejos vicios políticos descaradamente aprovecharon la impasse impuesta por la pandemia para demorar cambios esenciales con miras a transparentar el sistema electoral. La implementación de la boleta única de papel en lugar de las perimidas listas sábana duerme el sueño de los justos y la propuesta de ficha limpia avanza a paso lento.
La realización de las PASO, con fecha prorrogada como parte de la emergencia sanitaria, es un ejemplo contundente de los caprichos de quienes anteponen sus intereses a los del conjunto. Su realización representará otro esfuerzo costosísimo de 6800 millones de pesos en un país azotado por el hambre y con una economía desquiciada. Como siempre ha ocurrido, las PASO no definirán mucho: se convertirán en otra gran encuesta general financiada por todos los ciudadanos para posicionar a dirigentes políticos que, en su mayoría, ni siquiera respetan la ley. Baste señalar que solo una de cada tres agrupaciones presenta más de una lista para los próximos comicios.
El caso del kirchnerismo resulta ya patológico. Ferviente impulsor de las PASO en 2009, curiosamente llamada “ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, mostró una vez más ser el menos cumplidor de la exigencia de dirimir candidaturas mediante primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No solo eso, para los comicios de dentro de pocos días, la junta electoral del Frente de Todos bajó más de 60 listas internas que aspiraban a competir. Problemas con los avales o con la documentación fue la justificación que impuso ese tribunal partidario durante la revisión de las presentaciones de nóminas: una “depuración” de última hora.
Pero eso no es todo. Una vez más, el cierre de nóminas expuso escandalosas maniobras de algunos intendentes decididos a pedir licencia o a renunciar para formar parte de listas de precandidatos a legislador ante una ley que actualmente impide terceros mandatos a quienes lleguen con dos períodos consecutivos a 2023. Otra de las chicanas que generaron polémica fue la decisión de varios gobernadores sin posibilidad de reelección de presentarse como “candidatos simbólicos” a senadores nacionales suplentes, de modo de procurar garantizarse un lugar en el Congreso para cuando concluyan sus mandatos al frente de sus respectivas provincias. La desesperación por perpetuarse a toda cosa y retener el poder es tan explícita como obscena.
Si a ello se suma el resultado de un reciente informe publicado por este diario, se puede confirmar cuán lejos de la realidad han quedado las promesas de renovación de dirigentes, tanto en el oficialismo como en partidos de la oposición.
LA NACIÓN analizó 304 nombres de precandidatos y de allí surgió que 145 ya tenían cargos en el Estado, es decir, el 48% de los dos primeros precandidatos a diputados y senadores que en estas PASO competirán por las principales fuerzas políticas de todo el país ocupaban un cargo al momento de postularse. Entre ellos, ministerios; secretarías nacionales; poderes ejecutivos comunales; gobernaciones y vicegobernaciones; bancas legislativas, provinciales y concejalías.
Otro dato: de las candidaturas analizadas, 50 corresponden a actuales senadores y diputados nacionales (a la mayoría se le vence el mandato en diciembre próximo) y 27 son parlamentarios provinciales.
No hay mucho más que decir sobre el resultado que arroja esa tan minuciosa como elocuente radiografía del poder político: no obstante las constantes arengas, las promesas de quienes dicen alentar una mayor participación de jóvenes, así como la inclusión de caras nuevas e ideas innovadoras, solo permite confirmar que la renovación política es en gran medida una ilusión en nuestro país.
Es necesario destacar que todo este entramado que se mantiene a lo largo del tiempo no podría sostenerse sin la aquiescencia de buena parte de una ciudadanía a la que un sector importante del poder político prefiere anestesiada, abrumada debajo de una montaña de sinsabores y promesas incumplidas. Participar, interesarnos por lo que sucede y reclamar por derechos y mejoras es un trabajo que, como sociedad, deberíamos encarar con convicción, educando a las futuras generaciones en una conciencia cívica respetuosa y comprometida con el presente y el futuro del país.
