Fraude al Estado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública son los delitos que investiga el juez Canicoba Corral. Ahora apareció el nombre el ex ministro de Economía entre los investigados, que se suma al propio Mauricio Macri y Javier Iguacel.
El rol de Nicolás Dujovne quedó en la mira de los investigadores en la causa por las escandalosas concesiones de los peajes. Es porque se contrató a un consultor privado para que evaluara si los nuevos contratos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda.
Si bien el expediente se encuentra aún en etapa preliminar, la numerosa documentación acumulada ya está siendo analizada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que decidió profundizar la investigación la semana pasada.
En su momento, Hacienda, entonces a cargo de Dujovne, no firmó el dictamen necesario que avalara los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la ley. En su lugar, Vialidad Nacional –bajo la dirección de Javier Iguacel– contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión. Es decir, se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado, rol que le correspondía en ese caso a la cartera que comandaba Dujovne. Por eso, la última medida de prueba ordenada por Canicoba Corral fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.
Fraude al Estado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Estos son, hasta el momento, los delitos que investiga el juez de instrucción número 6. Sin imputados aún, un discreto dictamen del fiscal de excelentes lazos con Mauricio Macri, Carlos Stornelli, abrió la pesquisa al comenzar la feria judicial de invierno, en base a una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto.
Lejos todavía de algún llamado a indagatoria, el juzgado aguarda la llegada de información solicitada a diversas entidades. Por el momento, las expectativas de que haya celeridad y predisposición para responder a los requerimientos del magistrado no son las mejores. Los organismos que deben colaborar son Vialidad Nacional, la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, el CIADI –con sede en Washington– y la Procuración del Tesoro, a cargo del ex abogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías.
Lo que sí ya llegó al tercer piso de Comodoro Py es la información solicitada a la Inspección General de Justicia sobre Natal Inversiones SA, la empresa que adquirió las acciones que Socma –la empresa del presidente– tenía en Ausol. En concreto ya están en análisis los registros societarios de la firma y la composición accionaria, y no se descarta que se ordene un peritaje contable, para determinar las condiciones en que se efectuó la venta de los papeles de la empresa de Macri, cuyo valor se disparó un 400% tras los aumentos de las tarifas y la prórroga del contrato en cuestión. Además, fue solicitada a la Comisión Nacional de Valores la evolución de las acciones en la bolsa tanto de Ausol (Panamericana) como de GCO (Acceso Oeste). “Ahí vamos a hacer un trabajo fino”, adelantó a Página/12 una fuente de la pesquisa.
Respecto de la documentación solicitada al CIADI, el pedido fue realizado por dos vías diferentes: por un lado se envió un exhorto a través del Ministerio de Justicia, encabezado por Germán Garavano al Poder Judicial estadounidense y, por otro, se reclamó a través de Cancillería argentina. Por el momento, desde la cartera de Garavano advirtieron el pasado 10 de septiembre que no es habitual que dicho tribunal internacional responda a pedidos de información de ese tipo. El mensaje tampoco dio cuenta de una voluntad explícita de colaboración por parte del ministerio argentino.
La causa que involucra al propio Mauricio Macri, al actual ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, tuvo un fuerte impulso tres días antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, con la declaración testimonial de la ex titular de Juríridicos de Vialidad, Julieta Ripoli, quien podría ampliar su declaración y aportar más documentación próximamente. Bajo juramento y durante más de ocho horas detalló las maniobras del Poder Ejecutivo para extender los contratos de ambos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, sin llamado a licitación, y el reconocimiento a la empresa Ausol S.A. de 500 millones de dólares, a cambio de que desistiera de una denuncia millonaria contra la Argentina ante el CIADI. Una suma que la administración pública reconoció en calidad de inversiones no amortizadas, sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.
La hipótesis principal en la que se basa la denuncia original es que esa demanda ante el tribunal internacional (que había sido presentada por la controlante española Abertis) formó parte de una suerte de puesta en escena de la empresa en connivencia con los funcionarios macristas en Vialidad, con el objetivo de cobrarle al Estado esos 500 millones de dólares. Un fraude millonario contra el bolsillo de los argentinos que, en caso de comprobarse, comprometería la continuidad de las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, hoy en manos de Ausol y GCO.
¿Y LOS PEAJES?
Con la asunción del gobierno de Macri en 2015 y ante los inminentes vencimientos de los contratos –el de Ausol, en la Panamericana, vencía en 2020, y el de GCO, en el Acceso Oeste, en 2018– las empresas hicieron un reclamo administrativo para renegociar integralmente las condiciones de los acuerdos iniciales. El Gobierno habilitó la renegociación y prorrogó las concesiones hasta 2030, por diez y doce años, respectivamente. Pero esa prórroga fue ilegal, ya que no hubo intervención del Congreso Nacional, se resolvió por decreto y sin llamado a licitación. Pero, además, en el nuevo contrato los beneficios otorgados por el Estado a las empresas fueron inusitados: dolarizaron las tarifas, que alcanzaron aumentos exorbitantes en los último tres años; garantizaron el flujo de tránsito pasante (si no pasa una determinada cantidad de autos por hora, el Estado paga la diferencia); establecieron al menos dos aumentos tarifarios por año, ajustados por inflación, y eliminaron la obligación de levantar las barreras si se superaba un tiempo de espera razonable.
El nudo del escándalo es que uno de las principales accionistas de Autopistas del Sol era, precisamente, el Grupo Socma (Sociedades Macri), cuyos papeles subieron un 400 por ciento tras la asunción de Macri como presidente y gracias a la extensión del contrato por diez años más. Cuando vendió las acciones, a mediados de 2017, Socma ganó casi 20 millones de dólares.
FUENTE: Página 12
