Este jueves a la mañana se realizó en la Cámara de Diputados la primera reunión conjunta de las comisiones de Asuntos constitucionales y de Legislación General para receptar los aportes que se crean necesarios para la aprobación de la denominada ley de Transición. Dos miembros del Poder Ejecutivo evacuaron las dudas que se les planteó.
El Poder Ejecutivo entrerriano avanza en el debate del proyecto de ley de Transición que “propone establecer las bases para que el traspaso de mando entre las autoridades provinciales en funciones y las de un gobierno electo se concrete de un modo eficiente, transparente y ordenado”.
En el recinto de la Cámara estuvieron los representantes del Poder Ejecutivo Esteban Vitor y Julián Maneiro, que intercambiaron pareceres, abordajes y evacuaron las primeras dudas que el proyecto ha generado en las distintas bancadas. Junto a los funcionarios estuvieron el presidente de la Comisión de Legislación General, diputado Marcelo López, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputada Gabriela Lena.
Al término del encuentro, López precisó que se trató de una “reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Se invitó a miembros del Poder Ejecutivo que tuvieron que ver con la redacción de la propuesta de norma que llegó a la Cámara de Diputados enviada por el gobernador de la provincia y que tiene que ver con la regulación del período de transición del gobierno”.
Productiva
López resaltó que Vitor y Maneiro “concurrieron por el Ejecutivo a los fines de que los diputados y diputadas puedan sacarse las dudas respecto de la redacción del proyecto de ley y cómo va funcionar o cómo piensa funcionar, y si había intenciones del Poder Ejecutivo, una vez sancionada la norma, de reglamentarla y en qué grado”.
El diputado opinó que “fue una reunión muy productiva, participaron todos los diputados de todos los bloques, haciendo preguntas y sugerencias incluso. Quedamos para que en los próximos días, a sugerencia de los integrantes de ambas comisiones, se pueda hacer alguna otra invitación a otros especialistas o quien haya tenido experiencia en la aplicación de una norma de este tipo, que en la provincia no existe pero sí en algunas municipalidades y cómo funcionaron, qué tan perfectible puede ser y, eventualmente, cada uno de los diputados hará las sugerencias para ver si podemos tener un dictamen en común o por el contario habrá dos dictámenes”.
Todos
López manifestó que el proyecto “comprende a todos los empleados, a excepción de los judiciales y de las excepciones que prevé la ley; serían todos los empleados de la administración pública provincial. Pero vale decir que la misma norma prevé casos en los que sí se puede avanzar con el pase a planta si se cumplen con los requisitos de la designación, de concurso público, de necesidad y previsión presupuestaria, o designados en paritaria. De ese modo sí se puede avanzar”.
López precisó que “las limitaciones no son en la contratación de empleados sino en el método de la contratación, no se puede pasar a planta pero sí se puede hacer otro tipo de requerimiento del personal con otra modalidad de contratación”.
Enriquecer
Desde la oposición, el diputado del frente Más para Entre Ríos, Sergio Castrillón, aclaró que se expresaba “en forma personal y no por la bancada”. Así, manifestó: “Creo que el proyecto está para enriquecerse, creemos que en el fin último estamos todos de acuerdo, pero consideramos que es un proyecto que hay que enriquecerlo, que hay cuestiones que pueden rozar lo inconstitucional, que estamos extralimitando, de alguna manera afectando, por ejemplo, una autonomía municipal que existe en los municipios que no tienen reglamentado con un tipo de ley como esta, o mejor dicho con un tipo de ordenanza como esta. Y también que estamos afectando de alguna manera a organismos que son descentralizados, de organismo que no corresponden al Estado y que tienen un régimen propio”.
En aquel sentido, Castrillón sostuvo que “por eso hay que tener cuidado con esta ley al reglamentarla y por supuesto con las modificaciones que seguramente se van a plantear en el seno de la comisión. Considero que hay buena voluntad para aceptarla porque tenemos una Constitución que es la que norma y por ejemplo, en el artículo 92 dice que los funcionarios son electos por cuatro años, por lo cual dentro de esos cuatro años pueden realizar todos los actos de gobierno”.
Transición vs prohibición
El diputado de la oposición entendió que “eso lo estamos extralimitando acá, sobre todo porque no coincide, como dice el artículo de la Ley de Transición, con el plazo de prohibición. La ley de Transición tiene un régimen que esta comisión y toda la transición comienza cuando se produce un llamamiento para una elección, pero el plazo de prohibición que se le está imponiendo a todos los intendentes, al Ejecutivo y a todos, es de un año para atrás, o sea, no son coincidentes porque normalmente una elección se puede llamar seis, siete u ocho meses antes y no un año para atrás”.
En la misma línea argumental, Castrillón añadió que “hay como una retroactividad, de alguna manera, de esta ley en cuanto a una prohibición específica que pone para que no se designe personal, y no es que estamos en desacuerdo que no se tome, pero sí consideramos que tenemos que ver las cuestiones constitucionales porque no son coincidentes”.
Gasto
Asimismo, el legislador señaló que “se crea una comisión para esta ley de Transición que no nos dice quiénes son los miembros que la van a integrar, si son remunerado; nosotros consideramos que no lo deben ser porque ya es demasiado crearle otro gasto al Estado y de alguna manera, si son personas que van a ser designadas, también estaríamos violando la propia ley, porque si decimos que vamos a designar por seis meses a otras personas para que hagan esto, entonces son cuestiones que hay que pulirlas y vamos aportar, en este caso lo digo en lo personal no como bloque, que voy a aportar todo lo necesario para que salga la mejor ley”.
Castrillón consideró que el debate pare enriquecer el proyecto de ley encuentra su razón en que “en el fututo no sea atacada, porque hoy puede estar de acuerdo un gobernador pero en el fututo, el gobernador que venga, no sabemos si va estar de acuerdo y puede plantear que esta ley, de alguna manera, está afectando su derecho o mejor dicho sus atribuciones otorgadas por la Constitución y quizás declarará la inconstitucionalidad de la misma, sobre todo porque afecta al Tribunal de Cuentas que es el máximo órgano de control y que tiene un régimen y una organización propias con los cual considero que también lo estaríamos afectado con esta ley y lo he planteado. Independientemente de que sean receptadas o no, lo veremos en el fututo, veremos cuál es el dictamen que sale de esta ley y estamos para aportar todo lo que sea necesario pero vemos que hay que trabajarla un poco más”.
