Cada día mueren 4.000 niñas y niños por no acceder integralmente al agua sana y a un saneamiento seguro. Es necesario construir, desde el ambientalismo inclusivo, grandes consensos para darle al agua su personería jurídica.
Este lunes se cumple un aniversario y una conmemoración más del Día Mundial del Agua, y el 31 de marzo, del Día Nacional del Agua. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 22 de marzo de 1993, cuando se celebró el primer Día Mundial del Agua, dicha idea se generó en la Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de junio 1992 en Río de Janeiro.
En el decurso, se ha declarado el derecho humano al agua y al saneamiento (Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010 por la ONU), propuesta realizada por Bolivia y apoyada por América Latina, países de África y Asia.
Por Resolución de la ONU 67/291, del 24 de julio de 2013, se estableció el derecho al retrete, letrina o saneamiento seguro, fijando la fecha del 19 de noviembre como el Día Mundial del Retrete.
A pesar de esas resoluciones, 4.200 millones de personas no acceden integralmente al saneamiento, 673 millones de personas siguen defecando al aire libre, 3000 millones de seres humanos no acceden a instalaciones de agua potable y jabón para lavarse las manos en situación de pandemia de la Covid 19, es decir el 40 por ciento de la población mundial. Le tenemos que agregar que 2.100 millones de personas no acceden integralmente al agua en la Tierra.
Hay un biocidio de lesa ambientalidad, que los distintos Estados del mundo y la ONU les cuesta asumir para solucionar. Todavía todos los días 4000 niñas y niños mueren por no acceder integralmente al agua sana y a un saneamiento seguro, 137 millones de seres humanos en el año contraen enfermedades digestivas, de piel y visuales por aguas contaminas.
Y son las mujeres las que tienen que disponer de 220 millones de horas diarias para acceder al agua potable y 18 millones de menores de 16 años dejan la escuela para dedicarles tres horas diarias a buscar la sustancia esencial.
A la pobreza de agua, producto de la injusticia social y ambiental, se le suma la depredación al agua que realizan la dominancia de los países con sus grandes industrias y la mega minería a cielo abierto.
La única depredadora de aguas es la Humanidad.
Hay un biocidio que genera lesa ambientalidad para los habitantes de la Tierra y de la propia agua.
Es necesario construir, desde el ambientalismo inclusivo, grandes consensos para darle al agua su personería jurídica. Salvando, protegiendo y preservando el agua, protegemos la vida, y con la justicia social y ambiental lograremos poder erradicar a la pobreza de agua.
Se requiere la subjetivación jurídica, colectiva y universal del agua: es decir que sea persona no humana sujeto de derechos. Es la síntesis, la sinergia y sustanciación para que el dominante deje de privatizarla con su contaminación.
Las privatizaciones del siglo XXI, se producen también por contaminación de agua y aire, privando a todos los seres vivos a su acceso. Otro ejemplo de ello es la cotización del agua en Wall Street, desde el 7 de diciembre de 2020, es una muestra del fuerte proceso de las neoprivatizaciones que está realizando la dominancia neoliberal.
Frente a la sequía en la alta California, y la crisis del agua entre Nuevo México y Chihuahua, el biomercantilismo impone como solución la financiarización de la vida; es decir la privatización de los bienes comunes públicos, en vez de establecer la solidaridad, la paz y la cooperación.
Más que nunca necesitamos subjetivar universal y colectivamente el agua en todas sus formas para protegerla y cuidarla como bien común público con el objetivo puesto en la justicia social y ambiental.
Aníbal Ignacio Faccendini, director Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Colectivo Argentina del Ágora de los Habitantes de la Tierra, Centro Interdisciplinario del Agua, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (UNR).
