Ni lerda ni perezosa, Mirtha Legrand pasó una velada de sábado a la noche con Javier Milei y Patricia Bullrich donde casi todo era meter el dedo en la llaga.
–¿Y el litio? En Jujuy hay mucho litio… — lanzó la conductora.
–Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk. Está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos, y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad– respondió el Presidente con sonrisa y el pecho inflado.
El breve comentario de Milei deja en claro por qué una de las disposiciones del mega DNU 70/2023 es derogar la llamada Ley de Tierras (26.737): el propósito es habilitar la extranjerización de la tierra para entregar los recursos naturales propios de la Argentina a otros países, las corporaciones económicas y financieras, poderosos del mundo y capitales desconocidos. El litio es uno de ellos, pero hasta el agua está en juego, los derechos de los pueblos indígenas y hasta la producción agropecuaria en zonas claves, publicó Página12.
¿Qué es la Ley de Tierras?
Es una ley de 2011 que puso límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras que vienen a aprovechar las riquezas argentinas. Dice que sólo puede haber un 15 por ciento de tierras en manos de extranjeros; un mismo titular extranjero no puede superar el 30 por ciento de ese porcentual ni tampoco las 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo (las tierras más productivas) o sus equivalentes. Prohíbe la venta a extranjeros de tierras «que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes»: mares, ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas, esteros glaciares, acuíferos. La misma restricción rige para «inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera». Las compraventas deben ser autorizadas por el Estado y creó un Registro de Tierras.
«Esta ley fue producto de la lucha de años por parte de organizaciones agrarias, ambientalistas y sociales y de partidos políticos. Puso freno al proceso de extranjerización que se profundizó en los noventa con leyes laxas que permitieron que muchos grupos de inversión extranjeros, hasta aprovechando ofertas por internet que promocionaban la venta de tierras con costas de ríos y lagos, compraron y colocaron alambrados, tranqueras y cerraron pasos públicos, como el caso paradigmático de Lago Escondido, que no es el único. Esto se extendió al resto de la Argentina. Esta ley está en la mira de los empresarios extranjeros fundamentalmente árabes», explica a Página/12 Magdalena Odarda, abogada Magíster en Políticas Públicas y Gobierno y legisladora provincial de Río Negro (Bloque Vamos con Todos). Odarda recuerda que Mauricio Macri flexibilizó los controles por decreto, al levantar las regulaciones sobre la información que se debía presentar ante el registro. Esto permitió la transferencia de acciones a extranjeros sin control. Si queda firme, el DNU barrerá con todo.
«La ley de tierras que se busca derogar fue sancionada para impedir la extranjerización de los bienes naturales y evitar que peligren bienes de dominio público que poseen un rol estratégico en materia de desarrollo económico, bienestar social, cuidado ambiental, protección de cuerpos de agua, derechos fundamentales de los pueblos indígenas y reivindicación de la soberanía nacional», dice un texto del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, que no ve motivos de necesidad y urgencia para su derogación.
El litio
El litio es un mineral que se obtiene de rocas o salares de altura. En Argentina se extrae en zonas de la puna (en Jujuy, Catamarca y Salta). Es un insumo para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y celulares, de ahí su alta demanda. También se usa para almacenar energía renovable. Cerca de la mitad de la reserva mundial de litio está en el «triángulo del litio» que integran Argentina, Bolivia y Chile. En 2022 el país aumentó las exportaciones de litio más de 230 por ciento. Es el cuarto productor mundial.
Entre la posibilidad de venta de tierras y la idea de privatizar YPF (y con eso YPF Litio e Y-Tec), por ejemplo, lo que estaba pensado como aporte a las economías regionales y negocio estratégico local, iría a manos privadas y/o extranjeras. En octubre último se había anunciado la primera fábrica de baterías de litio en un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de La Plata. YPF había firmado también un acuerdo con Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado para exploración en Tinogasta. Algo central: los recursos son de las provincias y se requiere autorización para explotarlos. La compra de tierras, con la ley derogada, estará liberada. El combo es una puerta a las negociaciones. La experiencia en Jujuy mostró que el exgobernador Gerardo Morales armó una reforma constitucional que apuntó a flexibilizar la explotación de litio, en perjuicio de pueblos indígenas y la gestión del agua.
Aquí viene la otra cara del asunto. «Cuando Milei refiere a Elon Musk y el litio, debemos tener presentes los derechos de los pueblos indígenas y el reclamo acerca del derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a decidir sobre sus territorios. En las provincias con humedales altoandinos los reclamos giran en torno a las falencias en los estándares de participación y de derechos humanos», dice Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales. La abogada recuerda que hay un amparo en la Corte Suprema desde 2019 donde «las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales alertaron sobre el daño irreversible que provocará la minería del litio y borato». En marzo el tribunal pidió información sobre permisos de exploración y explotación, pero no resolvió el fondo.
El agua
«La extranjerización de la tierra facilitaría la extranjerización de los recursos naturales de hecho», señala Gómez, quien entiende que la Ley de Tierras es sustancial para el desarrollo humano. La derogación de la ley iría de la mano con la extranjerización del agua, algo que ya sucede de hecho. El agua no podría ser apropiada por privados, pero sí el acceso a ella.
El ejemplo paradigmático es el de Joe Lewis, quien con la anuencia de la provincia de Río Negro y el Poder Judicial, más su ejército parapolicial, bloqueó el acceso al Lago Escondido. El magnate es investigado en Estados Unidos, pero no en Argentina. Peor: el extitular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien pidió la intervención de la firma «Hidden Lake SA» de Lewis, propietaria de 12.000 hectáreas que contienen al lago, será investigado por una orden de la Cámara Federal de la semana pasada. En noviembre, todavía con Nissen, la IGJ prohibió en el país a la Fundación Humedales de Paul Tudor Jones II. La consideró una fachada para apropiarse de los Esteros del Iberá y otras áreas protegidas de bañados, esteros, lagunas y arroyos.
Cuando dirigía la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz pidió información sobre la titularidad de los puertos del río Paraná. «Era para saber si estaban habilitados, si eran extranjeros, quiénes los explotan, la documentación de socios. No tuvimos respuesta. Por el corredor litoral pasan el 80 por ciento de las exportaciones argentinas. Operan una decena de empresas extranjeras y buscábamos ver si eran dueños de los territorios ribereños», explica. Cruz, titular de la Asociación de Abogados/as de Buenos Aires, alerta: «Esta vía fluvial sin controles es, además, usada para narcotráfico, trata de personas, contrabando. Si se deroga la ley de tierras las empresas extranjeras podrán comprar legalmente la parte ribereña y manejar este corredor con implicancias geopolíticas. Hasta si quieren pondrán una base de distribución de droga»
