El Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio el expediente que tiene como imputado al exvocal y expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón, a quien se lo acusa de los presuntos delitos de daños y amenazas simples.
La defensa del exmagistrado oriundo de La Paz cuestiona la decisión a cargo del fiscal Oscar Sobko e instará a que se realice una conciliación con las partes del caso involucradas, integrada por dos comerciantes y un empleado de un kiosco vecino al domicilio de Castrillón; y el padre de un fiscal.
La audiencia de elevación de la causa a juicio se fijó para el 14 de junio, a las 8, ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, según consignó Entre Ríos Ahora. Castrillón ya está jubilado: se retiró en mayo de 2021 del Poder Judicial y de ese modo pudo zafar de un pedido de juicio político en su contra que se tramitaba en la Cámara de Diputados.
Son dos legajos los que se acumularon, uno iniciado por dos comerciantes y un empleado de un kiosco con quienes Castrillón tuvo un altercado el domingo 28 de marzo de 2021 siendo todavía juez del máximo tribunal de la Provincia; y otro que se abrió por la denuncia de Carlos Miguel Barbosa, padre del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, hoy en Gualeguay.
«Es una barbaridad jurídica que una cuestión de vecindad pretenda ser elevada a juicio», expresó la defensa del exvocal del STJ, integrada por los abogados Emiliano Castrillón -sobrino del exjuez- y Rubén Pagliotto.
La defensa exige conciliación
La defensa de Castrillón expresó su rechazo al pedido de elevación a juicio y explicó el planteo que hará ante el juez de La Paz. «Nos hemos opuesto terminantemente a la requisitoria de elevación a juicio formulada el fiscal Sobko. Hemos presentado un escrito muy grande y amplio. Nos llama poderosamente la atención que una cuestión como esta intente ser llevada a juicio. Debe ser una de las pocas veces en la historia de la provincia que al Ministerio Público Fiscal le interesa que un conflicto de estas características se eleve a juicio. Desconocemos los motivos, pero de alguna manera los imaginamos. La Fiscalía se apropió de un conflicto entre particulares y ha negado, mediante respuestas vacías de contenido jurídico, razonabilidad y prudencia, alguna solución alternativa como la conciliación entre las partes», manifestó la defensa, a cargo de Emiliano Castrillón y Rubén Pagliotto.
En ese sentido, agregaron: «Para nosotros es una barbaridad jurídica que una cuestión de vecindad pretenda ser elevada a juicio, maxime cuando el conflicto entre los particulares está agotado. Es totalmente arbitrario que se quiera elevar esta causa a juicio, ya que durante toda la investigación penal preparatoria se ha direccionado la misma de forma tal de perjudicar al señor Castrillón. Vamos a instar una instancia de conciliación entre la supuesta víctima y la supuesto victimario».
Consultados sobre qué ocurrió con la conciliación entre las partes en conflicto, señalaron: «Estaba todo dado para conciliar en el marco de la investigación penal preparatoria pero la Fiscalía, arbitrariamente, lo denegó sin notificarle a las supuestas vícitmas. Las partes quieren cerrar todo».
En ese sentido, subrayaron que «ni Castrillón tiene problema con la gente del kiosco, ni ellos con Castrillón. La Ley de Mediación Penal de Entre Ríos prevé que los conflictos de vecindad sean remitidos a mediación. Pero, a pesar de haber pedido ello todas las partes, el fiscal Sobko lo ha denegado sin valorar las circunstancias del caso y haciendo caso omiso a las supuestas vícitmas».
En ese sentido, aseguraron que «acá no cabe duda que Castrillón ha sido ferozmente perseguido por el fiscal Oscar Sobko. Desconocemos las motivaciones, pero las inferimos. Hace poco el Dr Castrillón hizo declaraciones en medios provinciales y, casualmente, luego de ello llega este pedido de remisión a juicio. No tenemos pruebas pero no tenemos dudas que hay un encono personal con Castrillón».
Finalmente, la defensa refirió que los fiscales de otras jurisdicciones suelen aceptar la conciliación como medio para poner fin a hechos de esta índole, pero que ello no ocurrió en este caso. «Acá el fiscal actuante se apropia del conflicto bajo la excusa de que el Ministerio Públcio Fiscal tiene la potestad de la acción. Procesalmente puede ser en cierta forma cierto, pero es contrario a la dogmática, a la doctrina y al espíritu del Código Procesal Penal que insta a la conciliación de las partes».
Las causas
El domingo 28 de marzo de 2021, Mariano Lukacs y Natalia Lukacs, dueños de El Kioscaso, y su empleado Celso Chamorro denunciaron por daños y amenazas al expresidente y actual vocal del STJ, por daños en el local ubicado en calle Sáenz Peña y Belgrano.
Mariano Lukacs refirió en sede policial que alrededor de las 1,44, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco del cual es dueño, “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.
Tras la difusión de la versión de los kiosqueros, el entonces magistrado hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 de la madrugada solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia.
En declaraciones al programa A quien corresponda, de Radio de la Plaza, dijo que en ese momento “estaba enojado, no excesivamente” pero ingresó al lugar “para exigir que bajen la música”. Y agregó: “Cuando yo entré en el lugar, el empleado quiso dar vuelta al mostrador para correrme, y ahí le puse un exhibidor en el camino para poder salir sin que me agarre. Al salir, me caí en unos escalones y ahí me patearon en el piso entre tres o cuatro, me fisuraron tres costillas, me lastimaron todos los brazos. Me trastabillé, caí en la vereda y ahí me patean en el piso hasta que me levanté y salí”.
Por este hecho intervino el fiscal Facundo Barbosa -hoy en la Fiscalía de Gualeguay- y Castrillón lo recusó de la causa porque, según señaló, «falseó datos» de un vehículo que se encontraba en el lugar y que estaba a su nombre. Luego el funcionario explicaría que se trataba de un auto que le había vendido a su hermano.
En medio de la tramitación del caso, hubo un altercado entre Castrillón y el padre del fiscal Barbosa, Carlos Miguel Barbosa. Según denuncia Barbosa padre, el vocal del STJ le envió una catarata de mensajes de Whatsapp de tono amenazante.
Finalmente, el exvocal impugnó la postulación de Facundo Barbosa para ocupar un lugar en la Unidad Fiscal de Gualeguay, pero no tuvo éxtio. El Senado aporbó el pliego.
En tanto, en medio de un pedido de juicio político, el vocal de la Sala Civil y Comercial y expresidente del STJ se convirtió en un jubilado más, dado que la Caja de Jubilaciones y Pensiones le otorgó el beneficio previsional y cesó en su actividad laboral activa.
Fuente:lasexta.com.ar
