Una mujer contratada del municipio de Crespo contó que sufrió abuso en el ámbito laboral. Fue trasladada, degradada y denunció ante las autoridades pertinentes por acoso laborar y psicológico.
Una mujer contratada en la Oficina de Tránsito de la Municipalidad de Crespo, en 2016, trabajaba como inspectora de calle. Hace aproximadamente dos años, mientras estaba agachada cortando actas, su superior, Eduardo Sosa, pasó por atrás y la abusó. El hecho ocurrió delante de otras personas que estaban en la oficina.
«Esa misma tarde hablé con mi jefe, el señor Sergio Schneider, hermano del intendente Darío Schneider. Como no pasó nada hablé con el secretario de Gobierno, Omar Molteni. Me dijo que denuncie, que él me apoyaba. Me presenté en el Área de la Mujer y me mandaron a la Comisaría. Me derivaron la presentación al Juzgado de Paz, a cargo de la doctora Silvia Rochas. Todo eso demoró, mientras tanto, yo seguía trabajando con la misma persona, en el mismo lugar. Él se burlaba de mi. No lo sacaron inmediatamente. Cuando la jueza le dio la perimetral, recién ahí lo sacaron del Área de Tránsito», relató a UNO.
María no es la identidad real de la mujer. Y pese a que su situación y su nombre trascendieron por rumores, en esta nota se la resguarda. «A él lo pusieron a hacer guardias de noche y a quien ejecutaron es a mí. Con represalias me sacaron y me dejaron sin horas extras. Después lo pasaron al obrador donde están todos los insumos, con muchos beneficios, todo limpio, con horas extras. Como yo no aflojaba y seguía trabajando, me hicieron las mil y una», contó.
La mujer recordó que pasó por el correo municipal y, después la mandaron a trabajar con basura. «Me hicieron repartir no sé cuántas boletas de luz y agua por día. Al trabajo de dos o tres personas, lo hacía sola. Como último recurso porque no renunciaba, me mandaron a reciclar basura. Ahí la pasé muy mal. Está bien, no es denigrante trabajar con la basura pero me capacité para otra cosa. Mi estómago no daba más y me empecé a enfermar de la columna. Me hicieron trabajar con bolsones pesadísimos y me perjudicó», expresó.
Actualmente, la mujer está bajo tratamiento y todavía no reúne la fortaleza para volver a su lugar de trabajo. «No recurrí a abogados hasta que falleció mi papá. Él estaba enfermo y yo tenía miedo de perder el trabajo, entonces seguía. Cuando mi papá murió, me contacté con abogados. La denuncia se había caído porque la hicieron pasar por violencia de género pero era un abuso sexual simple», dijo y subrayó: «Nadie me respaldó, ni del Área de la Mujer. Me basurearon como quisieron, estoy en boca de todos. Encima hay más chicas en situaciones similares. Esto sigue».
Dos denuncias
Actualmente, la mujer tramita dos denuncias judiciales. Una por abuso sexual simple contra Sosa -en ese legajo la acompaña el abogado Oscar Cabiati- y otra por mobbing o acoso laboral contra el intendente Darío Schneider.
«Agotamos todas las medidas con el Ejecutivo. Hicimos presentaciones administrativas. Por los traslados y degradación después de denunciar, denuncié al intendente. Él está al frente del municipio y todos responden a él. Cuando me sacaron de mi área sin motivo, me fui al área de la mujer y pregunté por qué. Me dijeron que en lo laboral no tenían nada que hacer. Nunca más tuve una asistencia psicológica. Es decir, la tuve porque la jueza me asignó una psicóloga con quien continúo actualmente», aseveró.
Movilización
Mujeres de distintas reparticiones del municipio, y con apoyo del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), se manifestaron ayer de tarde frente al edificio municipal. Leyeron un petitorio y reclamaron solución con perspectiva de género. Aseguran que el de María, no es el único caso.
«Reclamamos por los casos de violencia de género y acoso que se vienen padeciendo desde hace mucho tiempo. Se denuncia pero no se aplica ninguna ley contra los abusadores, al contrario son protegidos y resguardados. Mientras tanto a las víctimas se las denigra, se realizan todo tipo de represalia. Decidimos a hacernos escuchar y poder terminar con esto», pronunciaron.
Como el Consejo Deliberante estaba sesionando en la tarde de ayer, invitaron a pasar a las manifestantes. En ese ámbito se expuso el reclamo. Los ediles se comprometieron a trabajar en un protocolo. Al respecto, María dijo: “Nos prometieron que nos van a integrar a nosotras para elaborar el protocolo. Estamos esperando. Hay compañeras que subrayaron la urgencia, porque Sosa no es el único denunciado y ellos siguen trabajando con mujeres”.
La aplicación de la ley, un problema en Entre Ríos
María de los Ángeles Petit, abogada laboralista de Concordia, dio un marco legal a la denuncia de María. «Muchas mujeres toleran este tipo de abusos, los manoseos. De cualquier modo, esa situación fue corolario de una serie de frases irónicas. Ella estaba muy molesta y todo culmina con un toqueteo. El nivel de aceptación de este tipo de violencias depende de las personas. Desde el punto de vista legal, encuadra en violencia. Cuando ella denunció administrativamente, vinieron los cambios», manifestó.
Petit indicó que la presentación administrativa de María derivó en un sumario y 15 días de suspensión para Sosa. «Después se hizo algo bastante común, en lugar de cambiar al agresor de lugar y tratar de remediar, la cambian a ella de trabajo. Ahí la fueron degradando porque la pasaron de Tránsito y terminó en reciclado. Ella venía con problemas pero profundizó los problemas típicos de la violencia de género: baja autoestima, problemas de ansiedad, eso trajo problemas en el entorno social. Además del traslado hay un hostigamiento psicológico de parte de administración», describió la abogada.
«Ella se comunicó conmigo porque tengo un caso con cuatro sentencias y un recurso extraordinario rechazado por el Superior Tribunal de Justicia en un caso similar a este. Es por la responsabilidad del intendente de Estancia Grande (departamento Concordia), Pablo Javier Goldin, en el marco de una denuncia por violencia de género laboral», marcó Petit y agregó: “En esta denuncia, además de establecer la responsabilidad del intendente, se busca un resarcimiento económico, porque es la manera en que se presentan las demandas en el ámbito laboral”.
La abogada señaló que el Juzgado de Paz se declaró incompetente. Y la presentación pasó al Juzgado Laboral N°3 de Paraná, que también se declaró incompetente. “Antes de que se cumpla el plazo para apelar, mandó todo a la Cámara Contenciosa Administrativa de Paraná. Ahí tenemos que presentar un escrito con nuestra opinión. Eso será antes del lunes”, adelantó.
Por último, la abogada opinó: “Entre Ríos tiene una gran falencia porque no hay un procedimiento claro para la aplicación de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuando se trata de violencia laboral, mediática, institucional. Los jueces desconocen cómo aplicarla, porque siempre que se habla de violencia, se piensa en la familiar, física y sexual”.
Fuente: UNOentrerios.
