La medida fue oficializada a través de un decreto del Gobierno nacional. En el país no se renovarán contratos de 7.000 empleados públicos.
El Gobierno nacional, en la figura del presidente Javier Milei, está llevando a la práctica medidas que ya había anticipado durante la campaña proselitista. Una de ellas era el achique del Estado, a partir de la anulación de los contratos de empleados públicos que ingresaron a trabajar desde el 1º de enero. A través del Decreto Nº 84/2023 ayer se oficializó la baja de los contratos de 7.000 empleados, distribuidos principales en dependencias estatales de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La medida –que apunta a dejar sin efecto las relaciones laborales transitorias– tendrá su impacto en Entre Ríos: según se confirmó a UNO desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la provincia fueron cesanteados siete agentes que cumplían funciones en la secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en calle Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.
La conducción provincial del sindicato había tomado conocimiento del posible plan de ajuste en la planta de personal, y de hecho se confió a este medio que podría haber más despidos en distintas áreas del Gobierno.
“Son contratos que eran pagados por la Superintendencia a nivel nacional y cumplían funciones en Paraná. No se les va a renovar el contrato”, detalló a UNO el secretario General de ATE, Oscar Muntes.
Consultado por la modalidad de contratación que contemplaba a los siete agentes cesanteados, Muntes explicó “los fondos llegan a la Provincia; es plata que llega toda junta para diferentes dependencias y es así cómo se les paga a los trabajadores. Veníamos con trabajadores de ese sector, y habíamos logrado reubicaciones. Así las cosas hay muchos trabajadores entrerrianos con contratos de servicio o de obra, los cuales no sabemos cómo van a hacer. Algunos dependientes de la Nación”.
En alerta
Desde la organización gremial también manifestaron su preocupación por la posible caída de contratos laborales en dependencias provinciales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de programas de Salud nacionales con jurisdicción en Entre Ríos. “También tuvimos en las últimas semanas trabajadores y trabajadores del Conicet, con muy poca antigüedad y prácticamente que iniciaron funciones este año. Son bastantes dentro del esquema de Entre Ríos, variados, pero ni cerca del universo que cumplen funciones en Capital Federal”, agregó el sindicalista.
En cuanto a los agentes sanitarios, quienes están bajo la órbita del Ministerio de la Salud de la provincia, “cumplen diversas funciones en programas, que son pagados con fondos nacionales. Su situación es difícil porque son programas nacionales cuyo financiamiento depende de aportes nacionales. Como la plata no llega más, automáticamente se da de baja el programa. Creemos que todos esos programas van a quedar eliminados”.
En relación a las acciones gremiales que se proyectan frente a las medidas de ajuste, Muntes planteó: “Vamos a iniciar todas las medidas administrativas”.
Se espera que en los próximos días continúe el relevamiento de una problemática que afecta a miles de trabajadores en el país.
Excepciones
Según el decreto del Poder Ejecutivo son excluidos de esta medida únicamente aquellos agentes que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales. Además de los trabajadores de planta permanente, que no serán afectados, se excluye a las contrataciones “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales” y al personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1º de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad”.
No obstante, se permitirá la renovación de aquel “que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento” de la misma, aunque “de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
El decreto firmado por Milei y todos sus ministros señala que las autoridades de cada área del Estado nacional deberán realizar “un relevamiento exhaustivo” de los empleados “cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023, con el fin de evaluar” su continuidad.
