El intendente de Concordia, Francisco Azcué, envió un proyecto al Concejo Deliberante para declarar emergencia administrativa, financiera, alimentaria y vial después del tremendo desastre y desorden de la gestión Cresto.
El intendente de Concordia, Francisco Azcué, envió al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para declarar la emergencia administrativa, financiera, alimentaria y vial en la Municipalidad «como consecuencia de la grave crisis económica, financiera e inflacionaria que afecta severamente los recursos».
Dentro de los argumentos, el intendente destacó que la situación económica y financiera genera, desde hace tiempo provocó «un grave perjuicio a las arcas de los municipios quienes ven disminuidos sus recursos en forma constante y sistemática».
En este contexto, se remarcó que «la gestión anterior de gobierno municipal ha realizado una administración de los recursos económicos francamente cuestionable con un descontrol inconmensurable del gasto» y se hizo énfasis en la necesidad de dotar al Ejecutivo municipal «de las herramientas necesarias para dar respuestas en tiempo oportuno y forma adecuada a esas urgentes necesidades que día a día irán surgiendo como consecuencia de la actual situación».
El proyecto tendría como objetivo «propender a la eficiencia administrativa, garantizar la solvencia financiera y el equilibrio fiscal, atender la urgencia alimentaria por parte de los vecinos en situación de vulnerabilidad económica». Además, la iniciativa buscaría «asegurar la realización y el mantenimiento de las calles pavimentadas y sin pavimentar y de cordones cuneta e instrumentar con la urgencia necesaria cuantas demás medidas resulten necesarias y conducentes a fin de poder continuar brindando servicios de excelencia a los vecinos de Concordia”.
Por otro lado, se suspendería a la planta permanente de personal de nuevos agentes. Esta medida también regiría para la confección de nuevos contratos con y sin aportes, salvo casos excepcionales «cuando mediaran circunstancias debidamente fundadas, siempre y cuando se trate de cubrir vacantes».
Finalmente, se autorizaría al Ejecutivo «a realizar contrataciones directas de bienes de consumo y/o capital y servicios que sean necesarios para atender a la emergencia alimentaria y vial en el marco de la crítica situación actual».
