Las 33 naciones que componen el bloque regional consensuaron cien puntos y once declaraciones conjuntas. El rechazo a los bloques económicos en Venezuela y Cuba, entre otras cuestiones.
Las 33 naciones miembros acordaron un documento compuesto por cien puntos y once declaraciones temáticas, con la intención de promover «la concertación, unidad y el diálogo político» en la región.
Fue a continuación de las sesiones plenarias de la Cumbre de jefes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
A continuación, un resumen de los principales puntos:
HAITÍ
El apoyo a la República de Haití por «sus implicaciones para la paz y seguridad en la región”, adoptada el 19 de septiembre de 2022, y la «profunda preocupación por el progresivo deterioro de la situación de seguridad pública y humanitaria, llamando a todos los actores políticos y sociales haitianos a alcanzar los consensos necesarios que permitan atender la grave crisis humanitaria y de seguridad que aqueja al país».
CUBA
Reiteraron el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, y rechazaron las listas y certificaciones unilaterales que afectan a países de América Latina y el Caribe. Además, solicitaron la exclusión de Cuba de la lista unilateral sobre países que «supuestamente patrocinan el terrorismo internacional».
VENEZUELA
Saludaron los acuerdos alcanzados el 26 de noviembre de 2022 «en el marco del proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela», fomentado por los gobiernos de México y Noruega.
Reiteraron el respaldo regional a la Argentina en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como el interés de los países de la región en la reanudación de negociaciones para concluir en una solución definitiva y pacífica a la disputa.
Los países miembros remarcaron «su compromiso con la democracia, la promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos, la cooperación internacional, el Estado de Derecho, el multilateralismo, el respeto a la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, y la defensa de la soberanía, así como la promoción de la justicia y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
Recordaron que, «en el espíritu de lo señalado en la Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe de la Riviera Maya de 2010, la democracia es una conquista de la región que no admite interrupciones, de conformidad con el ordenamiento jurídico de los Estados, ni retrocesos, y reiteramos en ese sentido nuestro más firme compromiso con la preservación de los valores democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y del Estado de Derecho en la región; el acceso a las funciones públicas y su ejercicio; y el respeto a las facultades constitucionales de los distintos poderes del Estado y el diálogo constructivo entre los mismos; la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes, informadas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; la participación ciudadana, la justicia social y la igualdad, la lucha contra la corrupción, así como el respeto a todos los derechos civiles y políticos reconocidos en los instrumentos internacionales aplicables».
Manifestaron su «preocupación porque varios países de América Latina y el Caribe emergieron de la pandemia con mayores niveles de deuda pública y subrayamos la necesidad de que las instituciones financieras regionales e internacionales, como los Bancos Multilaterales de Desarrollo, mejoren las facilidades crediticias a través de mecanismos justos, transparentes, accesibles y sin exclusiones que contribuyan a que los países que así lo soliciten recuperen con celeridad la solvencia y el acceso a los mercados financieros internacionales, incorporando para ello, un enfoque de derechos humanos».
Convinieron que «el actual contexto internacional de múltiples crisis interrelacionadas afectan particularmente a la región, que sufre el impacto de la interrupción de las cadenas de suministro, la excesiva volatilidad de precios en alimentos, fertilizantes, energía y la inestabilidad financiera, entre otros. Reconocemos que los efectos de esta crisis han puesto de manifiesto las fragilidades de los sistemas agroalimentarios y las desigualdades en nuestras sociedades, han agravado los efectos adversos del cambio climático, la alteración de los mercados de insumos y el aumento de la inflación mundial y conllevan la potencialidad de una recesión global».
Destacaron el papel a nivel mundial de la región «en la seguridad alimentaria y nutricional como principal región exportadora neta de alimentos y en la sostenibilidad medioambiental, dados los recursos de bosques, agua, suelos y biodiversidad, y nos comprometemos a trabajar, en conjunto con la comunidad internacional, para fortalecer este rol global».
EN MATERIA AMBIENTAL
Renovaron la disposición para trabajar «de manera coordinada y concertada con el objetivo que la acción climática internacional se reafirme como una prioridad global, en el contexto actual de múltiples crisis, y reiteramos nuestra disposición a apoyar de manera conjunta el proceso multilateral con base en la urgente necesidad de actuación de cada país y siempre según el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades a la luz de las diferentes circunstancias nacionales».
Sigue «con preocupación» el incremento de medidas restrictivas al comercio que se adoptan «con la justificación de conservar el ambiente en un contexto de creciente incertidumbre económica y múltiples crisis, que complican las perspectivas económicas mundiales y afectan especialmente las capacidades de los países en desarrollo para cumplir sus ODS».
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Destacaron la relevancia de garantizar el acceso universal «sin discriminación a la conectividad en la era digital», especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad y en áreas remotas y rurales.
Coincidieron en que la desinformación en las redes sociales «puede crear realidades paralelas e inducir a la radicalización política, creando una amenaza a los valores democráticos y al Estado de derecho», por ello, plantearon la necesidad de ampliar la cooperación y coordinación entre los Estados para combatir la desinformación y los contenidos ilícitos en la Internet.
Reconocieron e identificaron de brechas entre hombres y mujeres en el mercado laboral, los salarios, el empleo de calidad y el acceso a la protección y a la seguridad socia.
MIGRACIONES
Coincidieron en que la migración «es un proceso social que contribuye positivamente al desarrollo social, cultural y económico, tanto de los países de acogida como de los países de origen y tránsito de migrantes», y que debe abordarse desde un punto de vista integral, con el fin de potenciar sus beneficios y reducir los riesgos.
Reafirmaron el compromiso por «una migración segura, ordenada y regular», al tiempo que reiteraron su voluntad para enfrentar «las causas multidimensionales de la migración por canales irregulares». Además, destacaron la importancia de contar con principios permanentes para la gestión de las migraciones internacionales.
INTERVENCIÓN EN FOROS MULTILATERALES Y COORDINACIÓN CON ORGANISMOS REGIONALES
Reconocieron la relevancia de intervenir «de manera concertada» y presentar iniciativas consensuadas en los foros multilaterales, «fortaleciendo la posición de la región y contribuyendo a que sus intereses sean debidamente considerados en el ámbito internacional».
Promovieron la realización de un mayor número de intervenciones conjuntas en los foros multilaterales «en temas de interés común», entendiendo que «contribuirá directamente a fortalecer el papel y liderazgo de la región en los organismos internacionales».
FUENTE: NA
